El Estado policíaco que se avecina
El intento de resolver los problemas sociales mediante el uso de la policía no es propiedad exclusiva de los que sienten nostalgia por la época de la dictadura militar, ni tampoco de los que han sido entrenados de forma “novedosa” para convertir al infractor de la ley en un enemigo del Estado.
Hay hasta una forma arcaica de liberalismo que plantea que el único rol legítimo del Estado es justamente ése: usar la policía para defender la propiedad. De modo que por distintas avenidas, unas marcadas por la ideología autoritaria, otras por el miedo y la frustración, y algunas hasta por la estupidez y la sinrazón, se ha ido formando un extraño consenso en torno a la necesidad de fortalecer el instituto armado como método para restaurar un sentimiento o sensación que, en ausencia de otro nombre, se ha convenido en llamar “seguridad”.
Una visión diferente se deriva del enfoque del problema como lucha contra el delito, como efectiva aplicación de la ley, pues no es la policía la institución que garantiza que sean sancionadas las conductas delictivas. Son, más bien, las instituciones de justicia: la investigación profesional del delito, la acusación en juicio, la decisión de los tribunales.
La diferencia es grande: pues hay delito y corrupción en la Fuerza Pública, y, si no queremos caer en un Estado policíaco, habrá que reforzar además los roles y recursos con que cuentan las instituciones judiciales, como control de los agentes del orden público. Sin esto, la democracia está perdida.
