El Estado y la privatización de los servicios públicos
Cuando hablamos de reestructuración de los servicios públicos, nos enfrentamos a toda una transformación de la relación existente años atrás cuando la prestación de éstos estaba exclusivamente en manos estatales. Tenemos que enfrentarnos a un escenario complejo, cuyos actores se encuentran en evidente desequilibrio: empresas privadas prestadoras de servicios públicos por un lado y los usuarios del servicio, por el otro. Resulta evidente que será necesario nivelar dicha relación para que los ciudadanos cautivos de servicios públicos de carácter monopólico por naturaleza, no se sientan en estado de indefensión.
Ante esto me pregunto: ¿Cómo podemos nivelar una relación de este tipo si no partimos de la premisa que es necesario brindar un trato desigual a partes desiguales? ¿Estará el estado panameño desempeñando el papel protagónico que, como accionista de estas empresas, está llamado a cumplir?
Estamos convencidos que la ciudadanía demanda la presencia de un Estado que debe actuar ya no como agente económico directo sino como garantía de equilibrio y estabilidad de sus habitantes.
Lo que necesitamos es la efectiva transformación del "Estado Prestador" al "Estado Regulador Garantista". ¿Regulador y Garantista de qué? De que exista una prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas que con estándares de calidad y a tarifas razonables garanticen el acceso a los mismos por parte de la mayoría de panameños.
No debemos olvidar que la Administración deja de prestar por sí misma servicios públicos y autoriza su prestación a través de particulares, y ello no debe convertirse en justificación ni debe significar un desprendimiento absoluto del funcionamiento y prestación de los mismos por parte del Estado.
Los artículos 256 y 279 de la Constitución Nacional señalan de forma taxativa las concesiones de servicios públicos: "se inspirarán en el bienestar social y el interés público".
Lo anterior, en aras de lograr la "justicia social" que deberá prevalecer ante los intereses individuales de algunos grupos. Entendemos, que la naturaleza eminentemente lucrativa de las empresas privadas tenderá a concebir a los individuos no como ciudadanos-usuarios sino como clientes, y es allí donde deberá el Estado hacer valer los derechos de sus habitantes.
De lo contrario, ¿dónde quedan aquellos que no pueden pagar tarifas excesivas de luz? ¿Deberá limitarse su acceso a los mismos? ¿Dónde quedan los productores nacionales que no pueden competir? ¿No estaremos menoscabando la vida de los panameños?.
Los Estados serán responsables cuando no cumplan el papel que están llamados a desempeñar y no actúen con la debida diligencia; por tanto, al momento de regular debe existir un compromiso político por parte del Estado ante sus habitantes para evitar la denominada "captura del organismo regulador" de dichas empresas privadas.
En nuestro concepto, el Estado tiene a su disposición todas las herramientas necesarias para lograr un punto intermedio entre los intereses de los usuarios y los de las empresas prestadoras de servicios, ello sin dejar de lado la seguridad jurídica y promoción de la actuación del capital privado en nuestro país.
En Panamá, al igual que en la mayoría de países que han reestructurado sus servicios públicos, la población se lamenta constantemente y no encuentra eco suficiente como para motivar cambios a su favor, ya que dichos servicios no resultan asequibles para la mayoría debido, entre otros factores, a los "tarifazos" que suelen imponerse periódicamente las empresas encargadas de brindarnos servicios que "son y seguirán siendo públicos".
Todo parece apuntar que resulta indispensable que los organismos reguladores que sean creados por ley para cumplir dicha función de control, necesitan reforzar su credibilidad, ya que existe insatisfacción por parte de la mayoría significativa del conglomerado de usuarios, cuyos reclamos aumentan cada día más.
(mguillen@defensoriadelpueblo.gob.pa)
Ante esto me pregunto: ¿Cómo podemos nivelar una relación de este tipo si no partimos de la premisa que es necesario brindar un trato desigual a partes desiguales? ¿Estará el estado panameño desempeñando el papel protagónico que, como accionista de estas empresas, está llamado a cumplir?
Estamos convencidos que la ciudadanía demanda la presencia de un Estado que debe actuar ya no como agente económico directo sino como garantía de equilibrio y estabilidad de sus habitantes.
Lo que necesitamos es la efectiva transformación del "Estado Prestador" al "Estado Regulador Garantista". ¿Regulador y Garantista de qué? De que exista una prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas que con estándares de calidad y a tarifas razonables garanticen el acceso a los mismos por parte de la mayoría de panameños.
No debemos olvidar que la Administración deja de prestar por sí misma servicios públicos y autoriza su prestación a través de particulares, y ello no debe convertirse en justificación ni debe significar un desprendimiento absoluto del funcionamiento y prestación de los mismos por parte del Estado.
Los artículos 256 y 279 de la Constitución Nacional señalan de forma taxativa las concesiones de servicios públicos: "se inspirarán en el bienestar social y el interés público".
Lo anterior, en aras de lograr la "justicia social" que deberá prevalecer ante los intereses individuales de algunos grupos. Entendemos, que la naturaleza eminentemente lucrativa de las empresas privadas tenderá a concebir a los individuos no como ciudadanos-usuarios sino como clientes, y es allí donde deberá el Estado hacer valer los derechos de sus habitantes.
De lo contrario, ¿dónde quedan aquellos que no pueden pagar tarifas excesivas de luz? ¿Deberá limitarse su acceso a los mismos? ¿Dónde quedan los productores nacionales que no pueden competir? ¿No estaremos menoscabando la vida de los panameños?.
Los Estados serán responsables cuando no cumplan el papel que están llamados a desempeñar y no actúen con la debida diligencia; por tanto, al momento de regular debe existir un compromiso político por parte del Estado ante sus habitantes para evitar la denominada "captura del organismo regulador" de dichas empresas privadas.
En nuestro concepto, el Estado tiene a su disposición todas las herramientas necesarias para lograr un punto intermedio entre los intereses de los usuarios y los de las empresas prestadoras de servicios, ello sin dejar de lado la seguridad jurídica y promoción de la actuación del capital privado en nuestro país.
En Panamá, al igual que en la mayoría de países que han reestructurado sus servicios públicos, la población se lamenta constantemente y no encuentra eco suficiente como para motivar cambios a su favor, ya que dichos servicios no resultan asequibles para la mayoría debido, entre otros factores, a los "tarifazos" que suelen imponerse periódicamente las empresas encargadas de brindarnos servicios que "son y seguirán siendo públicos".
Todo parece apuntar que resulta indispensable que los organismos reguladores que sean creados por ley para cumplir dicha función de control, necesitan reforzar su credibilidad, ya que existe insatisfacción por parte de la mayoría significativa del conglomerado de usuarios, cuyos reclamos aumentan cada día más.
(mguillen@defensoriadelpueblo.gob.pa)
