El Estatuto de Roma
En la tarde de ayer, el Canciller de Panamá fungió como orador ante la Asamblea General de la ONU en su 56 período de sesiones. Nuevamente anunció -esta vez ante un foro mundial- que el Ejecutivo "se apresta a enviar a la Asamblea Legislativa los cuatro convenios sobre terrorismo pendientes de ratificación por nuestro país, así como el Estatuto de Roma que crea el Tribunal Penal Internacional". Ojalá que esta promesa -que viene anunciándose desde hace meses- se haga realidad y que el Estatuto de Roma sea ratificado antes que venza el actual período de sesiones de la Asamblea Legislativa. El gobierno panameño firmó dicho estatuto el 18 de julio de 2000, ya que los hechos ocurridos más recientemente en el ámbito mundial, demuestran la urgente necesidad de fortalecer el sistema de justicia internacional y un paso fundamental para ello es la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional (CPI), para lo cual se requiere la ratificación por 60 países del Estatuto de Roma.
El Estatuto de Roma fue firmado por 139 países y a la fecha ha sido ratificado por 46, siendo los tres últimos Perú, Nauru y Polonia. En unas 20 naciones van avanzados los procesos de ratificación, por lo que se prevé que en los próximos seis meses empezará a operar esta Corte.
La Corte Penal Internacional será una corte permanente que investigará y llevará ante la justicia a los individuos que cometan los crímenes más graves en contra del Derecho Internacional Humanitario, esto es, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y el genocidio, incluyendo la competencia sobre crímenes que ocurren en conflictos no internacionales y de lesa humanidad cometidos en tiempos de paz. Su jurisdicción no será retroactiva, actuará sólo sobre casos que ocurran luego de su entrada en vigor, y según su principio fundamental de complementariedad, actuará sólo cuando los tribunales nacionales no sean capaces o no tengan la voluntad de hacerlo, La Corte Penal Internacional permitirá poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y contribuir a la prevención de nuevos crímenes.
Por ello, es necesario instar a la Asamblea Legislativa a que ratifique el Estatuto Roma para impulsar el fortalecimiento de la justicia penal internacional.
Fernando De La Rua, presidente de Argentina, manifestaba hace unos días ante la Asamblea General de la ONU que: "El Secretario General de Naciones Unidas nos ha propuesto una guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio que constituye un programa responsable para hacer frente a las graves circunstancias por las que atravesamos. Los ejes propuestos en esa guía merecen nuestro apoyo como el camino sensato para la construcción de la paz y el fortalecimiento de nuestra seguridad: el imperio de la ley para combatir firmemente al terrorismo, la prevención de los conflictos y el fortalecimiento de las operaciones de mantenimiento de la paz, la reforma del sistema de sanciones para impedir que éstas recaigan sobre la población civil, la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo, así como el respeto a los derechos humanos fundamentales en todas partes del mundo, respetando la pluralidad política y religiosa, y rechazando con firmeza cualquier pretensión de identificar a un credo religioso o a una nacionalidad con la violencia o el terrorismo. La ONU tiene la capacidad para liderar estas acciones y la República Argentina compromete su participación activa en la lucha por lograr esos objetivos... destacamos la importancia histórica de la creación de la Corte Penal Internacional y reafirmamos nuestro apoyo a las medidas tendientes a promover su rápida puesta en marcha y eficaz funcionamiento
El Estatuto de Roma fue firmado por 139 países y a la fecha ha sido ratificado por 46, siendo los tres últimos Perú, Nauru y Polonia. En unas 20 naciones van avanzados los procesos de ratificación, por lo que se prevé que en los próximos seis meses empezará a operar esta Corte.
La Corte Penal Internacional será una corte permanente que investigará y llevará ante la justicia a los individuos que cometan los crímenes más graves en contra del Derecho Internacional Humanitario, esto es, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y el genocidio, incluyendo la competencia sobre crímenes que ocurren en conflictos no internacionales y de lesa humanidad cometidos en tiempos de paz. Su jurisdicción no será retroactiva, actuará sólo sobre casos que ocurran luego de su entrada en vigor, y según su principio fundamental de complementariedad, actuará sólo cuando los tribunales nacionales no sean capaces o no tengan la voluntad de hacerlo, La Corte Penal Internacional permitirá poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y contribuir a la prevención de nuevos crímenes.
Por ello, es necesario instar a la Asamblea Legislativa a que ratifique el Estatuto Roma para impulsar el fortalecimiento de la justicia penal internacional.
Fernando De La Rua, presidente de Argentina, manifestaba hace unos días ante la Asamblea General de la ONU que: "El Secretario General de Naciones Unidas nos ha propuesto una guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio que constituye un programa responsable para hacer frente a las graves circunstancias por las que atravesamos. Los ejes propuestos en esa guía merecen nuestro apoyo como el camino sensato para la construcción de la paz y el fortalecimiento de nuestra seguridad: el imperio de la ley para combatir firmemente al terrorismo, la prevención de los conflictos y el fortalecimiento de las operaciones de mantenimiento de la paz, la reforma del sistema de sanciones para impedir que éstas recaigan sobre la población civil, la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo, así como el respeto a los derechos humanos fundamentales en todas partes del mundo, respetando la pluralidad política y religiosa, y rechazando con firmeza cualquier pretensión de identificar a un credo religioso o a una nacionalidad con la violencia o el terrorismo. La ONU tiene la capacidad para liderar estas acciones y la República Argentina compromete su participación activa en la lucha por lograr esos objetivos... destacamos la importancia histórica de la creación de la Corte Penal Internacional y reafirmamos nuestro apoyo a las medidas tendientes a promover su rápida puesta en marcha y eficaz funcionamiento
