El factor "diablos rojos"
Es de todos sabido que el gobierno planea indemnizar a los dueños y a los conductores de buses en los próximos meses, sin que se haya explicado públicamente qué se piensa hacer con esos artefactos (¿mediante el acto indemnizatorio adquiere el Estado la propiedad de los buses, o es que los dueños reciben el dinero y además se quedan con los vehículos?).
Sea como fuere, no tiene ningún sentido apurarse a realizar esa transacción, pues el nuevo régimen del transporte colectivo y su correspondiente infraestructura no están a la vista de nadie. El gobierno no ha comunicado cuál es su plan, seguramente, porque no lo tiene, y si lo tiene y no lo ha comunicado es porque no hay nada bueno en él.
¿De dónde viene, entonces, la premura de indemnizar a los llamados "diablos rojos"? Como no tiene ninguna conexión con la demanda ciudadana de tener acceso a un mejor transporte público, entonces debe tratarse de otro asunto que es prioritario y de "vital importancia" para el gobierno. ¿Serán acaso las elecciones? ¿Será acaso que el gobierno planea tener el control de los buses para efectos de movilizar a "sus" a sus votantes el día de las elecciones, o por lo menos impedir que otros puedan movilizar a los suyos? ¿No debiera el gobierno abandonar todo plan de intervenir en el sector transporte por los próximos seis meses que restan de su mandato gubernamental y evitarnos así la sombra de la duda sobre el próximo torneo electoral?
