El fin de la soberanía alimentaria
Si algo demostró la reciente crisis alimentaría mundial es que los países con un mayor nivel de soberanía alimentaría, esto es los que poseen una mayor capacidad de sostener la alimentación de la población con su propia producción, están, definitivamente, en mejores condiciones de enfrentar exitosamente este tipo de amenazas. Ello no solo significa que estos pueden manejar mejor las presiones al alza de los precios, sino que, además, se encuentran en mejor posición de asegurarse una oferta adecuada a sus necesidades, pese a la presencia de una escasez global.
Dada la alta probabilidad de recurrencia de este tipo de crisis, dada la dependencia de la actual producción agrícola de los insumos generados con combustibles fósiles, de la competencia que para la alimentación representa la creciente producción de agrocombustibles y los posibles impactos del cambio climático, se podría esperar que los encargados de la política económica y agropecuaria del país entendieran claramente lo anterior. Este, desgraciadamente, no ha sido el caso, ya que en el llamado “Plan Estratégico de Gobierno 2010–2014” la actual administración ha decidido abandonar del todo el concepto de soberanía alimentaría, afectando seriamente las perspectivas de la seguridad alimentaria del país. Es así que en su contenido este documento propone, en base a la tradicional doctrina librecambista, que el país abandone el esfuerzo de la producción de alimentos para el consumo local, reasignando las tierras dedicadas a este fin a la producción de bienes exportables, entre los que se destacan las frutas tropicales. A este respecto resulta impactante que el plan presentado plantee, por ejemplo, que en el caso del arroz solo se debe garantizar “un suministro nacional mínimo”. Esta posición se ve agravada por el hecho de que en el proyecto oficial de políticas públicas no se plantea como un objetivo concreto y sustentado con recursos, la efectiva eliminación de toda forma de subalimentación en el país, lo que implicaría la puesta en práctica de una verdadera política de cero hambre.
A lo anterior se agrega que no solo se trata de una visión de política que atenta contra la seguridad alimentaria de la población panameña. La misma es una estrategia fracasada dada la alta vulnerabilidad a que se somete a la producción agropecuaria frente a los choques adversos provenientes desde el exterior. Esto se manifiesta en el hecho de que hasta diciembre de 2009 la exportación de melones, sandías y piñas se habían visto reducidas en 66%, 53% y 10%, respectivamente, mientras que el PIB agropecuario mostraba una caída de cerca del 10% en los tres primeros trimestres de este año.
Frente a todo esto resulta imperioso requerir del actual gobierno una rectificación en relación a la política alimentaria adoptada para el sector agropecuario, exigiendo que la misma se sustente en una efectiva práctica de la seguridad y soberanía alimentaria.
