El Gobierno cumplirá con su responsabilidad
Cumpliendo con su responsabilidad legal, el Gobierno Nacional fijará el salario mínimo para toda la República y, como es lógico esperar, las reacciones contrarias no se harán esperar. Ha sido verdaderamente lamentable que las partes directamente llamadas a llegar a un acuerdo, que hiciera innecesaria la decisión gubernamental, hayan desperdiciado varios meses sin producir el resultado que esperaba el país.
Después de ver cómo se desarrolló el "proceso de las negociaciones" no es infundado pensar que tanto el sector empresarial como el sector obrero deseaban que fuera el Gobierno el que zanjara la controversia. Los empresarios, porque asumieron que la decisión gubernamental estará más cerca de sus posiciones y los trabajadores, porque de esa manera se relevaban de la responsabilidad de reconsiderar una aspiración que, desde el principio, le habían vendido a sus bases como irrenunciable.
La decisión que finalmente adopte el Gobierno, que será tomada con un altísimo sentido de responsabilidad y teniendo en cuenta, ante todo, la situación económica del país, con toda seguridad, será protestada tanto por los empresarios como por los trabajadores.
Pienso que los primeros lo harán para dar la impresión de que sus negocios se verán en peligro, cuando en realidad ellos saben que no va a ser así. Pero de esa manera disimulan su satisfacción por la que considerarán como una victoria estratégica.
Por su parte, los trabajadores con mucha mayor razón que los empresarios, desde luego, amenazarán y, sin duda, se abocarán a medidas de presión para demostrar su insatisfacción.
Desde mi punto de vista, si las apuntadas son las reacciones que veremos en los próximos días, ambas partes cometerán un error, especialmente si el blanco de sus reacciones es el Gobierno, que sólo ha cumplido con su deber al llenar el vacío que provocó la falta de acuerdo entre patrones y trabajadores.
Aunque a los trabajadores les asiste mayor razón para protestar contra la decisión que adopte el Gobierno, por cuanto es un hecho que el salario mínimo no ha sido revisado con la frecuencia prevista en la ley, o sea, cada dos años, esa circunstancia, que es absolutamente válida, no es la única que hay que tomar en cuenta y tampoco era razón suficiente para acceder al aumento demandado por los trabajadores.
El país, como es de todos conocido, apenas inicia su recuperación, después de los desaciertos del gobierno anterior y de los efectos negativos de factores externos, como son los constantes aumentos en los precios del petróleo. Esa realidad impone grandes dosis de mesura, pues en vez de avanzar correríamos el riesgo de estancarnos o de retroceder.
No hay duda de que nuevamente el mayor sacrificio se le está exigiendo al sector asalariado. Por eso, creo sería injusto, por ejemplo, que los sectores patronales se escudaran en la decisión gubernamental, para considerar el tema zanjado hasta dentro de otros dos años. Esa no sería una actitud prudente ni razonable.
El balance razonable de la etapa que concluirá con la decisión gubernamental que fijará el salario mínimo es que el problema no ha quedado resuelto sino que es un punto de partida para la adopción de otras medidas que es necesario considerar y adoptar.
La primera, debiera ser una actitud de comprensión hacia la decisión del Gobierno que, como decía líneas atrás, sólo es el cumplimiento de su obligación, en vista de la falta de acuerdo entre quienes debieron adoptarla.
La segunda, es que debe haber por parte del sector patronal el reconocimiento de que sigue pendiente la revisión y elevación del salario mínimo y que esta debe darse gradualmente y sin que haya que esperar otros dos años.
La tercera, es que debe buscarse otra vía complementaria para mejorar el poder adquisitivo de los asalariados, como podría ser la de elevar las deducciones de la renta de las personas naturales, para que quienes reciben las rentas inferiores paguen menos impuestos.
En síntesis creo que la decisión gubernamental no debe cerrar el capítulo del salario mínimo sino que debe ser el punto de partido para la reanudación del diálogo entre empresarios y trabajadores, encaminado a establecer un mecanismo permanente de revisión del salario mínimo, casado al índice de crecimiento económico que asegure, sino la corrección absoluta, por lo menos la cobertura de la enorme brecha en la distribución de la riqueza que existe en nuestro país.
Después de ver cómo se desarrolló el "proceso de las negociaciones" no es infundado pensar que tanto el sector empresarial como el sector obrero deseaban que fuera el Gobierno el que zanjara la controversia. Los empresarios, porque asumieron que la decisión gubernamental estará más cerca de sus posiciones y los trabajadores, porque de esa manera se relevaban de la responsabilidad de reconsiderar una aspiración que, desde el principio, le habían vendido a sus bases como irrenunciable.
La decisión que finalmente adopte el Gobierno, que será tomada con un altísimo sentido de responsabilidad y teniendo en cuenta, ante todo, la situación económica del país, con toda seguridad, será protestada tanto por los empresarios como por los trabajadores.
Pienso que los primeros lo harán para dar la impresión de que sus negocios se verán en peligro, cuando en realidad ellos saben que no va a ser así. Pero de esa manera disimulan su satisfacción por la que considerarán como una victoria estratégica.
Por su parte, los trabajadores con mucha mayor razón que los empresarios, desde luego, amenazarán y, sin duda, se abocarán a medidas de presión para demostrar su insatisfacción.
Desde mi punto de vista, si las apuntadas son las reacciones que veremos en los próximos días, ambas partes cometerán un error, especialmente si el blanco de sus reacciones es el Gobierno, que sólo ha cumplido con su deber al llenar el vacío que provocó la falta de acuerdo entre patrones y trabajadores.
Aunque a los trabajadores les asiste mayor razón para protestar contra la decisión que adopte el Gobierno, por cuanto es un hecho que el salario mínimo no ha sido revisado con la frecuencia prevista en la ley, o sea, cada dos años, esa circunstancia, que es absolutamente válida, no es la única que hay que tomar en cuenta y tampoco era razón suficiente para acceder al aumento demandado por los trabajadores.
El país, como es de todos conocido, apenas inicia su recuperación, después de los desaciertos del gobierno anterior y de los efectos negativos de factores externos, como son los constantes aumentos en los precios del petróleo. Esa realidad impone grandes dosis de mesura, pues en vez de avanzar correríamos el riesgo de estancarnos o de retroceder.
No hay duda de que nuevamente el mayor sacrificio se le está exigiendo al sector asalariado. Por eso, creo sería injusto, por ejemplo, que los sectores patronales se escudaran en la decisión gubernamental, para considerar el tema zanjado hasta dentro de otros dos años. Esa no sería una actitud prudente ni razonable.
El balance razonable de la etapa que concluirá con la decisión gubernamental que fijará el salario mínimo es que el problema no ha quedado resuelto sino que es un punto de partida para la adopción de otras medidas que es necesario considerar y adoptar.
La primera, debiera ser una actitud de comprensión hacia la decisión del Gobierno que, como decía líneas atrás, sólo es el cumplimiento de su obligación, en vista de la falta de acuerdo entre quienes debieron adoptarla.
La segunda, es que debe haber por parte del sector patronal el reconocimiento de que sigue pendiente la revisión y elevación del salario mínimo y que esta debe darse gradualmente y sin que haya que esperar otros dos años.
La tercera, es que debe buscarse otra vía complementaria para mejorar el poder adquisitivo de los asalariados, como podría ser la de elevar las deducciones de la renta de las personas naturales, para que quienes reciben las rentas inferiores paguen menos impuestos.
En síntesis creo que la decisión gubernamental no debe cerrar el capítulo del salario mínimo sino que debe ser el punto de partido para la reanudación del diálogo entre empresarios y trabajadores, encaminado a establecer un mecanismo permanente de revisión del salario mínimo, casado al índice de crecimiento económico que asegure, sino la corrección absoluta, por lo menos la cobertura de la enorme brecha en la distribución de la riqueza que existe en nuestro país.
