El Gobierno y la corrupción
En particular, en el sector público se condena todo acto de corrupción, inclusive aquellos que puede que en estricto derecho no califiquen como tal, pero que evidentemente dejan en entredicho los principios morales de los involucrados (por ejemplo, los Cartier, la casa de Punta Mala, los Cadillac, el HP-1430, las carreteras hacia casas de campo de funcionarios, el nepotismo, el clientelismo, etc.). Es inaceptable responder a estos señalamientos diciendo que la corrupción no es un problema privativo del gobierno sino que también existe en el sector privado. No se trata de un mal con el cual tenemos que aprender a vivir. Si no acabamos con la corrupción, en todos sus géneros, eventualmente acabará erosionando los principios sobre los cuales descansa la sociedad civilizada en este país. Por eso aplaudimos al gobierno cuando prometió combatirla sin cuartel. Desafortunadamente, hasta el momento ha quedado en tan solo eso, promesas.
Las constantes denuncias a través de los medios, incluyendo los señalamientos del ex asesor presidencial Roberto Eisenmann, en el sentido que Mireya Moscoso estaba rodeada de un "grupito de maleantes" que se sirve del Estado, y su posterior ratificación por el contralor Alvin Weeden, amén de las calificaciones obtenidas en el Indice de Percepción de la Corrupción del 2001 de Transparencia Internacional, tienen que ser suficientes para que el gobierno finalmente pase de promesas y discursos a implementar medidas concretas, sin lo cual no podrá salvar su imagen.
En vez de negar su existencia, apuntar a la corrupción en el sector privado o intercambiar estériles señalamientos (como los del Ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, del Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, y del primer vicepresidente, Arturo Vallarino), las máximas autoridades nacionales deben comprometerse pública y personalmente, y con sus acciones, a combatir este mal, de forma tal que sus subalternos asuman igual actitud. Tienen que dar la bienvenida e investigar las denuncias que hacen los panameños y extranjeros a través de los medios de comunicación, en vez de atacar tanto al medio como a la fuente, buscando siempre componendas o móviles políticos. Sus esfuerzos tienen que producir renuncias, despidos y de ser el caso, encarcelamientos para que haya un cambio en la opinión ciudadana sobre la gestión gubernamental y para que comience la erradicación de la corrupción en el sector privado.
Pero no deben caer en el error de, en aras de acabar con este mal, paralizar la acción gubernamental con exceso de burocracia en momentos en que el país necesita más que nunca la ejecución del presupuesto del Estado. Deben hacer cumplir las leyes existentes e introducir nuevos elementos de ser necesario, para prevenir e investigar la corrupción. En fin, no hacen falta discursos ni promesas, sino ejemplo y acción para erradicar la corrupción en la sociedad panameña.
Las constantes denuncias a través de los medios, incluyendo los señalamientos del ex asesor presidencial Roberto Eisenmann, en el sentido que Mireya Moscoso estaba rodeada de un "grupito de maleantes" que se sirve del Estado, y su posterior ratificación por el contralor Alvin Weeden, amén de las calificaciones obtenidas en el Indice de Percepción de la Corrupción del 2001 de Transparencia Internacional, tienen que ser suficientes para que el gobierno finalmente pase de promesas y discursos a implementar medidas concretas, sin lo cual no podrá salvar su imagen.
En vez de negar su existencia, apuntar a la corrupción en el sector privado o intercambiar estériles señalamientos (como los del Ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, del Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, y del primer vicepresidente, Arturo Vallarino), las máximas autoridades nacionales deben comprometerse pública y personalmente, y con sus acciones, a combatir este mal, de forma tal que sus subalternos asuman igual actitud. Tienen que dar la bienvenida e investigar las denuncias que hacen los panameños y extranjeros a través de los medios de comunicación, en vez de atacar tanto al medio como a la fuente, buscando siempre componendas o móviles políticos. Sus esfuerzos tienen que producir renuncias, despidos y de ser el caso, encarcelamientos para que haya un cambio en la opinión ciudadana sobre la gestión gubernamental y para que comience la erradicación de la corrupción en el sector privado.
Pero no deben caer en el error de, en aras de acabar con este mal, paralizar la acción gubernamental con exceso de burocracia en momentos en que el país necesita más que nunca la ejecución del presupuesto del Estado. Deben hacer cumplir las leyes existentes e introducir nuevos elementos de ser necesario, para prevenir e investigar la corrupción. En fin, no hacen falta discursos ni promesas, sino ejemplo y acción para erradicar la corrupción en la sociedad panameña.
