El IDAAN y el Fondo Fiduciario
Los dineros del Fondo Fiduciario para el Desarrollo le pertenecen al pueblo, porque ellos son producto directo de su sacrificio. Ese fondo, que ahora suma a más de 1,300 millones de dólares, si para algo debe utilizarse es para solucionar necesidades urgentes y de alta prioridad social. Y la salud de nuestra población es, sin duda alguna, la primera de esas prioridades. Por ello, resulta incomprensible la oposición existente en la Asamblea Legislativa a aprobar que hasta 150 millones del Fondo Fiduciario se destinen a dotar de agua potable, que es base esencial de la salud, a miles de compatriotas que hoy tienen que esperar hasta 8 días para que un carro cisterna les lleve el vital líquido.
El Fondo Fiduciario se formó, como ya dije, con el sacrificio del pueblo, principalmente el de menores recursos. Los dineros que se utilizaron para constituirlo son el producto de las privatizaciones de las empresas públicas. Esas empresas, como todos sabemos, se financiaron con grandes endeudamientos que todavía estamos pagando. Esos endeudamientos, que es oportuno recalcar no son responsabilidad del actual gobierno, obligan a destinar enormes recursos presupuestarios para su pago y son la causa principal de la escasez de fondos para invertir en obras de beneficio social.
El gobierno anterior tenía la intención de privatizar el IDAAN y si su abanderado en las últimas elecciones abandonó ese propósito fue para aminorar los efectos negativos sobre sus aspiraciones electorales, pues esa fue una de las facturas que el pueblo panameño le pasó al señor Pérez Balladares cuando estruendosamente lo repudió en el referéndum que montó para su reelección.
Nuestro país, nadie lo ignora, vive una difícil situación económica que causa la disminución de los ingresos presupuestarios y, consecuentemente, limita los recursos para las inversiones públicas en salud, educación e infraestructura. Algunas otras, las menos urgentes, pueden retrasarse, pero otras no pueden esperar, de manera que hay que buscar otras soluciones. Aumentar el endeudamiento público no es conveniente, aparte de que los financiamientos por esa vía pueden demorar años en materializarse.
Los gobernantes están para resolver los problemas de sus pueblos, especialmente de sus sectores más necesitados. Por tanto, frente a un problema tan grave como la falta de agua potable que puede tener efectos devastadores sobre la salud de muchos miles de compatriotas, la acción de la Presidenta de la República de solicitar autorización de la Asamblea Legislativa para utilizar una décima parte de ese fondo para proporcionárselas, es absolutamente justificada. Si el dinero del Fondo Fiduciario le pertenece al pueblo y hay comprobada urgencia de enfrentar un problema social que no puede esperar no hay justificación para demorar u obstaculizar su solución.
En mi artículo de la semana pasada, cuando reflexionaba sobre las condiciones necesarias para que un diálogo nacional tenga resultados positivos, señalaba como un rasgo deformado y absurdo de nuestra cultura política que la oposición adopte como patrón de conducta oponerse a cuanta iniciativa venga de las esferas del Organo Ejecutivo. Lo que viene sucediendo en la Asamblea Legislativa es prueba de que a los perdedores de las pasadas elecciones, en su afán de torpedear al gobierno, les importa poco a quienes sacrifican.
Creo que la Presidenta de la República ha hecho bien en someter el conflicto planteado por la tozudez obstruccionista de la oposición directamente al juicio popular y confiar en que éste sabrá adjudicar las responsabilidades a quienes corresponden.
El Fondo Fiduciario se formó, como ya dije, con el sacrificio del pueblo, principalmente el de menores recursos. Los dineros que se utilizaron para constituirlo son el producto de las privatizaciones de las empresas públicas. Esas empresas, como todos sabemos, se financiaron con grandes endeudamientos que todavía estamos pagando. Esos endeudamientos, que es oportuno recalcar no son responsabilidad del actual gobierno, obligan a destinar enormes recursos presupuestarios para su pago y son la causa principal de la escasez de fondos para invertir en obras de beneficio social.
El gobierno anterior tenía la intención de privatizar el IDAAN y si su abanderado en las últimas elecciones abandonó ese propósito fue para aminorar los efectos negativos sobre sus aspiraciones electorales, pues esa fue una de las facturas que el pueblo panameño le pasó al señor Pérez Balladares cuando estruendosamente lo repudió en el referéndum que montó para su reelección.
Nuestro país, nadie lo ignora, vive una difícil situación económica que causa la disminución de los ingresos presupuestarios y, consecuentemente, limita los recursos para las inversiones públicas en salud, educación e infraestructura. Algunas otras, las menos urgentes, pueden retrasarse, pero otras no pueden esperar, de manera que hay que buscar otras soluciones. Aumentar el endeudamiento público no es conveniente, aparte de que los financiamientos por esa vía pueden demorar años en materializarse.
Los gobernantes están para resolver los problemas de sus pueblos, especialmente de sus sectores más necesitados. Por tanto, frente a un problema tan grave como la falta de agua potable que puede tener efectos devastadores sobre la salud de muchos miles de compatriotas, la acción de la Presidenta de la República de solicitar autorización de la Asamblea Legislativa para utilizar una décima parte de ese fondo para proporcionárselas, es absolutamente justificada. Si el dinero del Fondo Fiduciario le pertenece al pueblo y hay comprobada urgencia de enfrentar un problema social que no puede esperar no hay justificación para demorar u obstaculizar su solución.
En mi artículo de la semana pasada, cuando reflexionaba sobre las condiciones necesarias para que un diálogo nacional tenga resultados positivos, señalaba como un rasgo deformado y absurdo de nuestra cultura política que la oposición adopte como patrón de conducta oponerse a cuanta iniciativa venga de las esferas del Organo Ejecutivo. Lo que viene sucediendo en la Asamblea Legislativa es prueba de que a los perdedores de las pasadas elecciones, en su afán de torpedear al gobierno, les importa poco a quienes sacrifican.
Creo que la Presidenta de la República ha hecho bien en someter el conflicto planteado por la tozudez obstruccionista de la oposición directamente al juicio popular y confiar en que éste sabrá adjudicar las responsabilidades a quienes corresponden.
