El inicio de un nuevo camino
Dentro de los asuntos que me tocaban atender al llegar a Washington el 4 de julio pasado estaba el prologado conflicto entre comunidades indígenas de Bocas del Toro y un proyecto hidroeléctrico que se construye allí. Era un problema de varios años, manejado de manera mediocre por la Administración pasada al punto que ya el caso estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), causando muchos problemas al país.
La CIDH ya había impuesto a Panamá una medida cautelar poco común: la suspensión de los trabajos. Ello significaba simplemente detener una multimillonaria obra que al concluir abaratará el costo de la energía eléctrica para los panameños. Se debía actuar rápidamente.
Apenas el 10 de agosto se puso en manos del Canciller Juan Carlos Varela la responsabilidad de crear una Mesa de Diálogo, presidida por el Viceministro de Gobierno y Justicia Jorge Ricardo Fabrega. Lo primero que hicieron fue reunir a las partes, lo cual nunca hizo el anterior gobierno, de la mano del Director de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno, José Isaac Acosta, también ngabe. Allí se comenzaron a ver las caras por primera vez. De mucha discusión franca y abierta resultó un borrador de acuerdo con la empresa constructora de la presa, la transnacional AES. En ese esfuerzo se invirtieron muchas horas; mientras, acá en Washington, se preparaba la sesión de los Comisionados de la CIDH, que el 2 de noviembre escucharían los argumentos de Panamá sobre el porque no se podía suspender la obra.
Antes, estando por unos días en Panamá, tuve la oportunidad de reunirme con los representantes de las comunidades indígenas. En ese encuentro supe que todas las partes estaban abiertas a un pronto acuerdo. Allí entonces se sentaron las bases para lo que ocurriría próximamente.
Así fue que finalmente, el 26 de noviembre pasado, se firmó en Cancillería el acuerdo tripartita que las partes sostienen que valoran el diálogo iniciado el 10 de agosto de este año y declaran su intención de continuarlo para lograr acuerdos significativos, basados en los compromisos internacionales de Panamá relacionados con los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno y la empresa se comprometen, entre otros puntos importantes, a discutir conjuntamente la reubicación de los pobladores, permitiendo el trámite especial para la adjudicación de propiedad colectiva de tierras establecida en la ley, punto esencial de los representantes indígenas.
Este acuerdo en definitiva que será el inicio de una mejor relación entre grupos siempre olvidados que hoy tienen la oportunidad de un mejor mañana y constituirá el mecanismo para resolver problemas con otras etnias que podrían afrontar problemas similares. Bastó poner empeño, escuchar de verdad y estar dispuestos a conversar para destrabar un problema que ha estado causando bastante daño a la imagen internacional del país.
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