El juez y la sociedad
"Borrón y Corte nueva" ha sido el pregón que algunos sectores de la vida nacional, a propuesta de la APEDE, han asimilado y no han faltado los corifeos que, a los cuatro vientos, exigen la renuncia inmediata o la puesta a disposición de sus respectivos cargos ante el Presidente de la República de todos los magistrados que integran esa máxima corporación de administración de justicia. Las cosas a analizar empezaron a tomar matiz de conmoción social cuando tres magistrados de la Corte divulgaron que uno de sus colegas mantenía funcionando en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo a personas nombradas en la Procuraduría de la Administración. Exigieron, en consecuencia de esa imputación y realidad, que el presidente encargado de la Corte tomara los correctivos necesarios y legales. Puesto en conocimiento el actual Procurador y a instancias del Presidente de la Corte, los aludidos funcionarios fueron destituidos de sus cargos. Sin embargo, previo a ello el magistrado interpelado por los otros tres señaló, en conferencia de prensa, que sus colegas no tenían autoridad moral para criticarlo e hizo referencia a fallos en lo que esos tres magistrados habían secundado con sus respectivos avales o criterios jurídicos decisiones en las que se habían juzgado a personas relacionadas con casos que involucraban a narcotraficantes. Allí empezó el verdadero revolcón de las cosas.
El Órgano Judicial, desde hace varios lustros, ha venido siendo objeto de acérrimas críticas dentro de las cuales sobresalen la gran mora judicial o el retardo de la justicia; la venalidad de algunos funcionarios; que la Corte está alienada al poder político de turno; que la Corte secunda con sus decisiones a los estratos del poder político, etc. Pero, lo recientemente dado viene a dar al traste con todo lo anterior. Se trata de la suma de todos los problemas de la justicia. Está en juego la ética judicial; la independencia del órgano como poder del Estado; la armonía de conjunto o de cuerpo colegiado como lo es la Corte; la credibilidad ciudadana en los operadores de justicia; la desmembración de la Corte; la actuación irregular de quienes integran esa alta corporación de justicia; se pierde el orden público constitucional, etc. El pueblo ha venido, como oidor pasivo; pero no por ello menos interesado en el problema de la justicia, haciéndose partícipe del pedido o clamor generalizado: "Borrón y Corte nueva".
Ahora bien, ¿será cierto que nuestra Constitución permite que el Presidente de la República tome cartas en el asunto y que el pedido de renuncia de quienes integran la Corte es una cuestión que escapa a los actuales resortes constitucionales? Nada tan incierto como responder que nuestra Constitución no contiene norma o artículo alguno que regule esta situación. Basta echar mano del concepto de orden público constitucional. El numeral 3 del Art. 178 de la Carta Magna establece que es función privativa del Presidente de la República "velar por la conservación del orden público". Se trata de la preservación de la institucionalidad jurídica del Estado. Si se han soliviantado los pilares jurídicos y democráticos del Estado, el sosiego doméstico en el interior del país, con la conducta de los magistrados de la Corte, entonces es menester recomponer el actual estado de cosas. Hans Kelsen, como máximo teórico del Estado, desde una perspectiva positivista entiende que éste es un centro interesante de imputación jurídica. El Estado sería algo así como el Rey Midas de la mitología: todo cuanto tocaba se convertía en oro. Igual acontece con las cuestiones propias del Estado, de la República. El Estado es un haz normativo jurídico. El orden constitucional no se entiende o interpreta preservado, sino en función de la plena estimativa y respeto íntegro que se le brinde a la norma de normas; es decir, a la propia Constitución. Todo el desarrollo del Estado depende de la plena vigencia del orden público constitucional. No debe confundirse este orden con la denominada institucionalidad jurídica del Estado. El orden público constitucional es el fundamento de esa institucionalidad normativa o legal. Si no se preserva el orden público, entendido como el equilibrio necesario entre los poderes del Estado, todo cuanto concierne al restante haz normativo deja de ser, pierde su misión, función y esencia. Al mejor decir de Kelsen, no existe norma jurídica alguna que pueda autocalificarse como autárquica, vigente y eficaz por cuenta propia, sino que su legitimidad y eficacia la adquiere merced a la existencia previa de una norma jurídica superior por lo que se termina de dar cuentas en el plano de la propia Constitución. Esto es lo que en teoría del Derecho Positivo se denomina el principio de la imputación jurídica que opera en grados de coordinación, jerarquía y subordinación normativa y no en función de la causalidad, lo cual es propio a las ciencias físicas o de la naturaleza.
Derecho es una palabra que refiere la existencia de un ordenamiento jurídico. Si el Derecho se trastoca por parte de quienes tienen en su haber y capacidad la preservación del orden constitucional, entonces no hay más nada que hablar sino actuar. O los magistrados ponen a disposición sus cargos para ser investigados y el Presidente actúa, legitimado por el amplio poder de respaldo popular y consiguiente representación que ostenta desde mayo, nombrando nuevos magistrados o el mandatario los declara insubsistentes en sus designaciones.
El Presidente tiene en su haber la voluntad del soberano: el deseo de un cambio en los paradigmas de la justicia panameña. El ha prometido una revolución en la justicia. Un revisionismo de ella demanda que empecemos por el sistema de cómo se eligen o escogen -nunca se han escogido- los jueces y magistrados en el país.
El Presidente argentino Néstor Kirchner no vaciló en producir cambios en la Corte; tampoco lo hizo Toledo en Perú. Nuestro Presidente tiene una opción de oro: darle tranquilidad a la nación. No es cierto que actuar así sería o implicaría un golpe técnico a la Constitución. Es, precisamente, en razón de la Constitución que se actuaría. El orden público pasa por una correcta lectura de la paz de los asociados; por la seguridad ciudadana y la democracia pluralista y participativa. El pedido del Ejecutivo no sería por éste reciente escándalo, sino por la suma de todos los escándalos judiciales. Grande ejemplo daría nuestro Presidente a América Latina, sobre todo a los panameños.
(stekrakri@hotmail.com)
El Órgano Judicial, desde hace varios lustros, ha venido siendo objeto de acérrimas críticas dentro de las cuales sobresalen la gran mora judicial o el retardo de la justicia; la venalidad de algunos funcionarios; que la Corte está alienada al poder político de turno; que la Corte secunda con sus decisiones a los estratos del poder político, etc. Pero, lo recientemente dado viene a dar al traste con todo lo anterior. Se trata de la suma de todos los problemas de la justicia. Está en juego la ética judicial; la independencia del órgano como poder del Estado; la armonía de conjunto o de cuerpo colegiado como lo es la Corte; la credibilidad ciudadana en los operadores de justicia; la desmembración de la Corte; la actuación irregular de quienes integran esa alta corporación de justicia; se pierde el orden público constitucional, etc. El pueblo ha venido, como oidor pasivo; pero no por ello menos interesado en el problema de la justicia, haciéndose partícipe del pedido o clamor generalizado: "Borrón y Corte nueva".
Ahora bien, ¿será cierto que nuestra Constitución permite que el Presidente de la República tome cartas en el asunto y que el pedido de renuncia de quienes integran la Corte es una cuestión que escapa a los actuales resortes constitucionales? Nada tan incierto como responder que nuestra Constitución no contiene norma o artículo alguno que regule esta situación. Basta echar mano del concepto de orden público constitucional. El numeral 3 del Art. 178 de la Carta Magna establece que es función privativa del Presidente de la República "velar por la conservación del orden público". Se trata de la preservación de la institucionalidad jurídica del Estado. Si se han soliviantado los pilares jurídicos y democráticos del Estado, el sosiego doméstico en el interior del país, con la conducta de los magistrados de la Corte, entonces es menester recomponer el actual estado de cosas. Hans Kelsen, como máximo teórico del Estado, desde una perspectiva positivista entiende que éste es un centro interesante de imputación jurídica. El Estado sería algo así como el Rey Midas de la mitología: todo cuanto tocaba se convertía en oro. Igual acontece con las cuestiones propias del Estado, de la República. El Estado es un haz normativo jurídico. El orden constitucional no se entiende o interpreta preservado, sino en función de la plena estimativa y respeto íntegro que se le brinde a la norma de normas; es decir, a la propia Constitución. Todo el desarrollo del Estado depende de la plena vigencia del orden público constitucional. No debe confundirse este orden con la denominada institucionalidad jurídica del Estado. El orden público constitucional es el fundamento de esa institucionalidad normativa o legal. Si no se preserva el orden público, entendido como el equilibrio necesario entre los poderes del Estado, todo cuanto concierne al restante haz normativo deja de ser, pierde su misión, función y esencia. Al mejor decir de Kelsen, no existe norma jurídica alguna que pueda autocalificarse como autárquica, vigente y eficaz por cuenta propia, sino que su legitimidad y eficacia la adquiere merced a la existencia previa de una norma jurídica superior por lo que se termina de dar cuentas en el plano de la propia Constitución. Esto es lo que en teoría del Derecho Positivo se denomina el principio de la imputación jurídica que opera en grados de coordinación, jerarquía y subordinación normativa y no en función de la causalidad, lo cual es propio a las ciencias físicas o de la naturaleza.
Derecho es una palabra que refiere la existencia de un ordenamiento jurídico. Si el Derecho se trastoca por parte de quienes tienen en su haber y capacidad la preservación del orden constitucional, entonces no hay más nada que hablar sino actuar. O los magistrados ponen a disposición sus cargos para ser investigados y el Presidente actúa, legitimado por el amplio poder de respaldo popular y consiguiente representación que ostenta desde mayo, nombrando nuevos magistrados o el mandatario los declara insubsistentes en sus designaciones.
El Presidente tiene en su haber la voluntad del soberano: el deseo de un cambio en los paradigmas de la justicia panameña. El ha prometido una revolución en la justicia. Un revisionismo de ella demanda que empecemos por el sistema de cómo se eligen o escogen -nunca se han escogido- los jueces y magistrados en el país.
El Presidente argentino Néstor Kirchner no vaciló en producir cambios en la Corte; tampoco lo hizo Toledo en Perú. Nuestro Presidente tiene una opción de oro: darle tranquilidad a la nación. No es cierto que actuar así sería o implicaría un golpe técnico a la Constitución. Es, precisamente, en razón de la Constitución que se actuaría. El orden público pasa por una correcta lectura de la paz de los asociados; por la seguridad ciudadana y la democracia pluralista y participativa. El pedido del Ejecutivo no sería por éste reciente escándalo, sino por la suma de todos los escándalos judiciales. Grande ejemplo daría nuestro Presidente a América Latina, sobre todo a los panameños.
(stekrakri@hotmail.com)
