El lado obscuro de las privatizaciones
Por vocación de empresario soy un convencido de las bondades de privatizar las instituciones públicas nacionales. ¿La razón? Sencillamente porque los gobiernos son pésimos administradores, no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo las inversiones requeridas, efectúan los nombramientos en posiciones claves en base a motivaciones políticas partidistas, y el control de los gastos se circunscribe usualmente a la ejecución de un presupuesto. Soy también un convencido de que los gobiernos obtienen más ingresos netos cobrando impuestos a las empresas que siendo dueños o administrando las mismas. En cuanto a la atención al consumidor, los funcionarios públicos no han entendido todavía que el que paga por un servicio hay que atenderlo como a un cliente y no como si se tratara de un favor. Por estas y otras razones de peso, considero justificables los cambios estructurales a nuestra economía que desde 1990 fueron iniciados por la administración del Presidente Guillermo Endara y que, de una manera más audaz, acelerada y en algunos casos inconsulta, continuó el Presidente Ernesto Pérez Balladares.
Como no hay fórmula químicamente pura ni personas moralmente perfectas, lo que inicialmente comenzó como un proyecto para crear competencia que supuestamente reduciría costos al consumidor, mejoraría la calidad de los servicios públicos y convertiría a los antiguos empleados gubernamentales en empresarios, se está transformado ahora en un cambio de monopolios del Estado a oligopolios privados de grandes empresas transnacionales. Estas empresas hábilmente se asociaron con inversionistas locales con posiciones claves dentro de los partidos del actual gobierno, contrataron firmas de abogados con influencia sobre el Ejecutivo y por último, emplearon en posiciones importantes a familiares o allegados de miembros del gabinete. Ante este panorama, no es de extrañarse que las condiciones originales en que se basaron las concesiones hayan ido flexibilizándose, las decisiones del ente regulador hayan ido suavizándose y, últimamente, la participación accionaria que se les había prometido a los trabajadores de las fenecidas instituciones gubernamentales haya sido negada.
En cuanto a los usuarios de estos servicios públicos, muy bien gracias. Al momento que escribía estas líneas, domingo, 4 de julio, se había ido la energía eléctrica 2 veces y el sábado, la cortaron en 4 ocasiones. El pingüe ahorro en la cuenta de consumo lo he tenido que pagar con creces al mecánico del refrigerador que ha venido 3 veces esta semana y al técnico de la Sony por repararme el televisor. Lo único que quizás podría agradecerles es que me obligan a hacer ejercicios varias veces a la semana al tener que subir 8 pisos a mi apartamento por daños causados al elevador. Lo peor es que según los informes de la comisión reguladora, en estos momentos hay sobrada energía hidráulica y sólo hay que utilizar la térmica en horas de alto consumo. Por lo tanto, las empresas privatizadas de generación están obteniendo más ganancias que nunca debido a que el costo del agua es cero. Entonces, ¿por qué no se le dan mayores beneficios al consumidor?
El gobierno de la Sra. Mireya Moscoso tendrá que nombrar personas idóneas que se ocupen de poner orden con firmeza en las prestaciones de estos servicios públicos y obligar a los concesionarios a cumplir con los objetivos y compromisos que motivaron estas privatizaciones. Ya nos hemos enterado por los medios de comunicación que tanto los concesionarios de las instituciones gubernamentales privatizadas como otras empresas extranjeras que vienen ejecutando contratos millonarios con el Estado, han solicitado reuniones con la Presidenta electa tratando de ganar su simpatía. Asimismo, no es de extrañar que estén realizando contactos con algunas figuras prominentes del nuevo gobierno con el fin de crear nuevos círculos de influencia. Por ahí se comienza a tejer el lado obscuro de las privatizaciones...
Como no hay fórmula químicamente pura ni personas moralmente perfectas, lo que inicialmente comenzó como un proyecto para crear competencia que supuestamente reduciría costos al consumidor, mejoraría la calidad de los servicios públicos y convertiría a los antiguos empleados gubernamentales en empresarios, se está transformado ahora en un cambio de monopolios del Estado a oligopolios privados de grandes empresas transnacionales. Estas empresas hábilmente se asociaron con inversionistas locales con posiciones claves dentro de los partidos del actual gobierno, contrataron firmas de abogados con influencia sobre el Ejecutivo y por último, emplearon en posiciones importantes a familiares o allegados de miembros del gabinete. Ante este panorama, no es de extrañarse que las condiciones originales en que se basaron las concesiones hayan ido flexibilizándose, las decisiones del ente regulador hayan ido suavizándose y, últimamente, la participación accionaria que se les había prometido a los trabajadores de las fenecidas instituciones gubernamentales haya sido negada.
En cuanto a los usuarios de estos servicios públicos, muy bien gracias. Al momento que escribía estas líneas, domingo, 4 de julio, se había ido la energía eléctrica 2 veces y el sábado, la cortaron en 4 ocasiones. El pingüe ahorro en la cuenta de consumo lo he tenido que pagar con creces al mecánico del refrigerador que ha venido 3 veces esta semana y al técnico de la Sony por repararme el televisor. Lo único que quizás podría agradecerles es que me obligan a hacer ejercicios varias veces a la semana al tener que subir 8 pisos a mi apartamento por daños causados al elevador. Lo peor es que según los informes de la comisión reguladora, en estos momentos hay sobrada energía hidráulica y sólo hay que utilizar la térmica en horas de alto consumo. Por lo tanto, las empresas privatizadas de generación están obteniendo más ganancias que nunca debido a que el costo del agua es cero. Entonces, ¿por qué no se le dan mayores beneficios al consumidor?
El gobierno de la Sra. Mireya Moscoso tendrá que nombrar personas idóneas que se ocupen de poner orden con firmeza en las prestaciones de estos servicios públicos y obligar a los concesionarios a cumplir con los objetivos y compromisos que motivaron estas privatizaciones. Ya nos hemos enterado por los medios de comunicación que tanto los concesionarios de las instituciones gubernamentales privatizadas como otras empresas extranjeras que vienen ejecutando contratos millonarios con el Estado, han solicitado reuniones con la Presidenta electa tratando de ganar su simpatía. Asimismo, no es de extrañar que estén realizando contactos con algunas figuras prominentes del nuevo gobierno con el fin de crear nuevos círculos de influencia. Por ahí se comienza a tejer el lado obscuro de las privatizaciones...
