El manejo de los hidrocarburos
Hace poco comentábamos la explosión ocurrida en un área densamente poblada de Juan Díaz, de unos cisternas y tanques de almacenamiento de combustible, en un patio flanqueado por edificios multifamiliares, constituía una irresponsabilidad de las autoridades encargadas de velar por la seguridad concerniente al manejo de carburante. Milagrosamente, no hubo heridos, porque -dijo alguien - "Dios es panameño".
Nuestras críticas estuvieron dirigidas al director de Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias, Ramón Tapia, y a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC). A la primera le imputamos omisión de su deber de velar por el correcto manejo y adecuada calidad del producto y servicio de suministro de combustible, en sus distintas fases, desde que entra al país hasta que es puesto en las gasolineras; y a la segunda, el que haya gastado tanto tiempo inspeccionando estaciones sin velar por la calidad del servicio y el combustible que se despacha.
De las dos entidades, sólo la Dirección de Hidrocarburos nos envió su reacción, la que hizo en términos respetuosos. Dijo, en esencia, que la primera instancia de las investigaciones de la citada explosión correspondía a los bomberos, y reiteró la importancia de una legislación que garantice, para el consumidor y el país, la prestación de un servicio seguro y una calidad aceptable de producto, dejando en el aire la impresión de que hay mucho por hacer en términos normativos.
No nos preocupa sólo la explosión que tuvo lugar en Juan Díaz. Nos preocupa el relajamiento de las normas y garantías de seguridad que pretende llevar a cabo el Ejecutivo para permitir que CANATRA, S.A., una empresa de los transportistas, con obvio conflicto de intereses, se dedique al negocio de importación y distribución de combustible, sin contar con los mínimos recursos, experiencia y responsabilidad.
En Panamá, lo que se necesita no es un relajamiento sino, al contrario, cuerpos normativos más estrictos y exigentes, como se lo merece el manejo, almacenamiento, transporte, despacho y comercialización de material inflamable y explosivo. Quien no tenga y garantice experiencia, capital y recursos suficientes para asumir el riesgo y responsabilidades inherentes al negocio, que no incursione en él.
Hay que acabar con la práctica artesanal de montar tanques a superficie de tierra en el patio de casas y solares próximos a viviendas. Hay que terminar con el trasiego pirata de combustible, con la entremezcla de producto de distinto octanaje, de cisternas sin marca yendo de estación en estación ofreciendo gasolina adulterada. Hay que acabar con el mercado negro del combustible y con sus proveedores. La industria los tiene plenamente identificados y las autoridades también. ¿Por qué no actúan?
Nuestras críticas estuvieron dirigidas al director de Hidrocarburos del Ministerio de Comercio e Industrias, Ramón Tapia, y a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC). A la primera le imputamos omisión de su deber de velar por el correcto manejo y adecuada calidad del producto y servicio de suministro de combustible, en sus distintas fases, desde que entra al país hasta que es puesto en las gasolineras; y a la segunda, el que haya gastado tanto tiempo inspeccionando estaciones sin velar por la calidad del servicio y el combustible que se despacha.
De las dos entidades, sólo la Dirección de Hidrocarburos nos envió su reacción, la que hizo en términos respetuosos. Dijo, en esencia, que la primera instancia de las investigaciones de la citada explosión correspondía a los bomberos, y reiteró la importancia de una legislación que garantice, para el consumidor y el país, la prestación de un servicio seguro y una calidad aceptable de producto, dejando en el aire la impresión de que hay mucho por hacer en términos normativos.
No nos preocupa sólo la explosión que tuvo lugar en Juan Díaz. Nos preocupa el relajamiento de las normas y garantías de seguridad que pretende llevar a cabo el Ejecutivo para permitir que CANATRA, S.A., una empresa de los transportistas, con obvio conflicto de intereses, se dedique al negocio de importación y distribución de combustible, sin contar con los mínimos recursos, experiencia y responsabilidad.
En Panamá, lo que se necesita no es un relajamiento sino, al contrario, cuerpos normativos más estrictos y exigentes, como se lo merece el manejo, almacenamiento, transporte, despacho y comercialización de material inflamable y explosivo. Quien no tenga y garantice experiencia, capital y recursos suficientes para asumir el riesgo y responsabilidades inherentes al negocio, que no incursione en él.
Hay que acabar con la práctica artesanal de montar tanques a superficie de tierra en el patio de casas y solares próximos a viviendas. Hay que terminar con el trasiego pirata de combustible, con la entremezcla de producto de distinto octanaje, de cisternas sin marca yendo de estación en estación ofreciendo gasolina adulterada. Hay que acabar con el mercado negro del combustible y con sus proveedores. La industria los tiene plenamente identificados y las autoridades también. ¿Por qué no actúan?
