El Ministerio Público: ¿Arreglando o desbarajustando?
NO BIEN SE hubo estrenado, la procuradora Gómez echó al médico que desempeñó el cargo por una veintena de años y nombró un nuevo director del Instituto de Medicina Legal. Después, reemplazó a varios de los médicos que allí laboraban por diplomados de un cursillo de tres meses de duración. Desde entonces, han sido frecuentes los despedidos y suspensiones de fiscales superiores, de circuito y personeros, sin respetar las garantías del debido proceso, según han denunciado públicamente los afectados.
En el Ministerio Público campea el temor. Los funcionarios viven en un constante sobresalto; nadie se siente seguro en su puesto, aunque lo haya alcanzado por ejecutorias y años de servicio. En ese ambiente, de miedo y zozobra, es sumamente difícil que fiscales y personeros puedan cumplir sus responsabilidades de manera objetiva y eficiente. Y si los jefes de los despachos viven en esa incertidumbre, es fácil imaginar cómo se sentirán sus subalternos.
Por otra parte, en el Ministerio Público los funcionarios no se selección mediante concursos; los nombramientos y las destituciones son el producto de las decisiones personales de la procuradora.
En los casos más recientes, ha enviado de vacaciones y suspendido a los fiscales superiores de drogas, acusados, uno, de haber autorizado la venta de unas vacas incautadas a un sindicado por el delito de narcotráfico y, el otro, de haberse demorado para depositar un dinero comisado a narcotraficantes. Ante la protesta de uno de ellos, que viene ocupando el cargo desde hace 10 años, la procuradora ha manifestado, palabras más, palabras menos, que "sólo lo ha suspendido, pues de haber querido botarlo lo hubiera hecho desde el principio de su gestión, puesto que su cargo es de libre nombramiento y remoción".
En la Constitución Política están establecidas las carreras del servicio público. Y también que sus miembros tendrán estabilidad en sus cargos. Sin embargo, para procuradora esas normas no existen. Todos los funcionarios de esa dependencia pueden ser botados, mañana mismo, si a ella le viene en ganas. En otras palabras, todos son interinos.
Ignoro cuántos son los funcionarios del Ministerio Público, pero, con seguridad, hay una buen cantidad de cientos. Y por los vientos que soplan, la mayoría de los que trabajaron bajo el anterior procurador pronto dejarán de serlo, ya que, como sostienen algunos de los defensores de las acciones de la señora Gómez, ella necesita "rodearse" de gente de su confianza.
Asumamos que en el Ministerio Público existen funcionarios que no cumplen debidamente sus responsabilidades. Y, también, que algunos merecen ser investigados y hasta despedidos, si es que han incurrido en conductas delictivas. Sin embargo, tanto allí, como en cualquier otra dependencia pública, deben respetarse las garantías del debido proceso. Por ello, es inaceptable que el jefe de una dependencia, en este caso el Ministerio Público, que debe estar consagrado a buscar la verdad, pero respetando las garantías fundamentales de todo procesado, tenga la prerrogativa de investigar y condenar a los funcionarios bajo su mando y, a la vez, despedirlos cuando le venga en ganas.
En el Ministerio Público deben observarse las mismas reglas que existen para el Organo Judicial: sus funcionarios deben seleccionarse por concurso y sólo deben ser removidos con base en un debido proceso en el que tengan todas las garantías para defenderse.
En cuanto a la situación que se vive en el Ministerio Público, dos hechos llaman a preocupación: primero, se está proyectando la imagen, que no puede ser cierta y, además es injusta, de que todos sus niveles están teñidos de corrupción y, segundo, que se siga celebrando, como si fuera positivo, que su máxima autoridad tanga facultades, sin límites ni control, para despedir a quien le parezca.
Como nota final agrego, porque vivimos en un medio donde la suspicacia es una cultura, que no conozco, ni de vista, a ninguna de las personas que han sido blanco de las suspensiones y destituciones que se promueven en el Ministerio Público.
En el Ministerio Público campea el temor. Los funcionarios viven en un constante sobresalto; nadie se siente seguro en su puesto, aunque lo haya alcanzado por ejecutorias y años de servicio. En ese ambiente, de miedo y zozobra, es sumamente difícil que fiscales y personeros puedan cumplir sus responsabilidades de manera objetiva y eficiente. Y si los jefes de los despachos viven en esa incertidumbre, es fácil imaginar cómo se sentirán sus subalternos.
Por otra parte, en el Ministerio Público los funcionarios no se selección mediante concursos; los nombramientos y las destituciones son el producto de las decisiones personales de la procuradora.
En los casos más recientes, ha enviado de vacaciones y suspendido a los fiscales superiores de drogas, acusados, uno, de haber autorizado la venta de unas vacas incautadas a un sindicado por el delito de narcotráfico y, el otro, de haberse demorado para depositar un dinero comisado a narcotraficantes. Ante la protesta de uno de ellos, que viene ocupando el cargo desde hace 10 años, la procuradora ha manifestado, palabras más, palabras menos, que "sólo lo ha suspendido, pues de haber querido botarlo lo hubiera hecho desde el principio de su gestión, puesto que su cargo es de libre nombramiento y remoción".
En la Constitución Política están establecidas las carreras del servicio público. Y también que sus miembros tendrán estabilidad en sus cargos. Sin embargo, para procuradora esas normas no existen. Todos los funcionarios de esa dependencia pueden ser botados, mañana mismo, si a ella le viene en ganas. En otras palabras, todos son interinos.
Ignoro cuántos son los funcionarios del Ministerio Público, pero, con seguridad, hay una buen cantidad de cientos. Y por los vientos que soplan, la mayoría de los que trabajaron bajo el anterior procurador pronto dejarán de serlo, ya que, como sostienen algunos de los defensores de las acciones de la señora Gómez, ella necesita "rodearse" de gente de su confianza.
Asumamos que en el Ministerio Público existen funcionarios que no cumplen debidamente sus responsabilidades. Y, también, que algunos merecen ser investigados y hasta despedidos, si es que han incurrido en conductas delictivas. Sin embargo, tanto allí, como en cualquier otra dependencia pública, deben respetarse las garantías del debido proceso. Por ello, es inaceptable que el jefe de una dependencia, en este caso el Ministerio Público, que debe estar consagrado a buscar la verdad, pero respetando las garantías fundamentales de todo procesado, tenga la prerrogativa de investigar y condenar a los funcionarios bajo su mando y, a la vez, despedirlos cuando le venga en ganas.
En el Ministerio Público deben observarse las mismas reglas que existen para el Organo Judicial: sus funcionarios deben seleccionarse por concurso y sólo deben ser removidos con base en un debido proceso en el que tengan todas las garantías para defenderse.
En cuanto a la situación que se vive en el Ministerio Público, dos hechos llaman a preocupación: primero, se está proyectando la imagen, que no puede ser cierta y, además es injusta, de que todos sus niveles están teñidos de corrupción y, segundo, que se siga celebrando, como si fuera positivo, que su máxima autoridad tanga facultades, sin límites ni control, para despedir a quien le parezca.
Como nota final agrego, porque vivimos en un medio donde la suspicacia es una cultura, que no conozco, ni de vista, a ninguna de las personas que han sido blanco de las suspensiones y destituciones que se promueven en el Ministerio Público.
