El municipio como alternativa de crecimiento y desarrollo local
La institución municipal o entidad de gobierno local, como parte integrante de la estructura nacional, es el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos y por lo tanto el que se encuentra en mejor posición para involucrarlos en el proceso de toma de decisiones en lo que concierne a sus condiciones de vida, y también para hacer uso de sus conocimientos y experiencias en el fomento del desarrollo.
En efecto, siendo el nivel de poder y acción más ligado a la comunidad, el poder local es una caja de resonancia de los problemas cotidianos de la comuna, que lo siente más próximo que el abstracto poder central que, no obstante, controla la mayor parte de los recursos producidos por la Nación a través de impuestos y determina, por vía de la legislación gestada en ese mismo nivel, cuándo debe retornar a los municipios por intercambio de transparencias automáticas o negociadas, frecuentemente en discordancia con las prioridades locales.
Se afirma repetidamente, que los municipios son el lugar de residencia real de las poblaciones. Debería corresponder a ello, por lo tanto, una mayor parcela de los recursos tributarios recaudados en su jurisdicción buscando asegurar a los ciudadanos niveles adecuados de servicios, o en otras palabras, una mejor calidad de vida. En resumen, se debería asegurar al municipio mayor autonomía en la conducción de su propio proceso de desarrollo por intermedio de una descentralización de poderes y recursos.
Por lo heterogéneo de nuestra sociedad, se desprenden algunos fenómenos que afectan el comportamiento equilibrado de su desarrollo vs. crecimiento, y por lo tanto, el estilo de vida de las comunidades. De estos desaciertos, hay que destacar el crecimiento urbano acelerado y el de la concentración de población en las ciudades metropolitanas. El desequilibrio de la distribución espacial de población es un hecho de nuestra realidad cuyos efectos sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente han sido ambiguos y contradictorios. Por un lado han favorecido el surgimiento de economías de escalas aceptables a un proceso de urbanización cuyo costo social altísimo no ha sido todavía suficientemente analizado y evaluado.
Las municipalidades son organismos vivientes de permanente estado de evolución. Con las diversas obras de infraestructura y restauración en las edificaciones, con las de ampliación y mantenimiento en las redes de los servicios públicos y con la incorporación de nuevas áreas para ampliación de los límites urbanos, las ciudades se van transformando día a día y a pasos agigantados.
Unas mejoran adquiriendo más y mejor calidad de vida -éstas han sido pocas-, actualmente la mayoría se encuentran deterioradas o permanecen sin mayores cambios durante algún tiempo. Pero inexorablemente llega el momento en que se tiene que producir un cambio para bien o para mal.
Aquí en Panamá todos estamos de acuerdo con la urgente necesidad de la modernización del Estado y el fortalecimiento de los gobiernos locales a través de la descentralización municipal. A pesar de los diversos motivos: unos económicos, otros políticos, aún existe cierto consenso en la deliberación de la materia. No obstante, nuestras 74 municipalidades siguen manejando porcentajes ridículos del presupuesto nacional y su efectividad no parece incrementarse a la altura de las necesidades. Ello lo demuestra claramente la Contraloría General de la República a través de cuadros comparativos de la ejecución presupuestaria de los últimos años. Podemos ver que una mínima cantidad de municipios (7) -en su mayoría cabeceras de Provincias- logran acumular en sus arcas más de tres cuartas partes (77.3%) de los presupuestos municipales de todo el país. El otro tanto de municipalidades (67) subsisten a duras penas, en su mayoría (44), son subsidiados con una migaja que les otorga el Estado- a través, de algo más de un millón anual- del presupuesto nacional.
En este mismo orden cabe señalar que una gran mayoría de estas municipalidades cuentan con grandes potenciales económicos hipotecados en sus recursos mineros, atracción turística y algunos son depositarios de vastas explotaciones madereras entre otros recursos y fuentes de ingreso, ya sean sin explotar o que por la bendita centralización del Estado pertenecen a él.
No existen dudas que el Municipio es una alternativa de crecimiento y desarrollo local -afortunadamente así también lo ve el actual gobierno- pero, ello conlleva a otras cosas que van desde la capacitación de Alcaldes y Representantes de Corregimientos, entre otros actores, hasta una mejor selección de los funcionarios públicos a cargo de Instituciones del gobierno central que tienen que ver con los municipios y el nuevo reto que estos tendrán que asumir, cuando el Estado decida descentralizar hacia los gobiernos locales, recursos y competencia.
En efecto, siendo el nivel de poder y acción más ligado a la comunidad, el poder local es una caja de resonancia de los problemas cotidianos de la comuna, que lo siente más próximo que el abstracto poder central que, no obstante, controla la mayor parte de los recursos producidos por la Nación a través de impuestos y determina, por vía de la legislación gestada en ese mismo nivel, cuándo debe retornar a los municipios por intercambio de transparencias automáticas o negociadas, frecuentemente en discordancia con las prioridades locales.
Se afirma repetidamente, que los municipios son el lugar de residencia real de las poblaciones. Debería corresponder a ello, por lo tanto, una mayor parcela de los recursos tributarios recaudados en su jurisdicción buscando asegurar a los ciudadanos niveles adecuados de servicios, o en otras palabras, una mejor calidad de vida. En resumen, se debería asegurar al municipio mayor autonomía en la conducción de su propio proceso de desarrollo por intermedio de una descentralización de poderes y recursos.
Por lo heterogéneo de nuestra sociedad, se desprenden algunos fenómenos que afectan el comportamiento equilibrado de su desarrollo vs. crecimiento, y por lo tanto, el estilo de vida de las comunidades. De estos desaciertos, hay que destacar el crecimiento urbano acelerado y el de la concentración de población en las ciudades metropolitanas. El desequilibrio de la distribución espacial de población es un hecho de nuestra realidad cuyos efectos sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente han sido ambiguos y contradictorios. Por un lado han favorecido el surgimiento de economías de escalas aceptables a un proceso de urbanización cuyo costo social altísimo no ha sido todavía suficientemente analizado y evaluado.
Las municipalidades son organismos vivientes de permanente estado de evolución. Con las diversas obras de infraestructura y restauración en las edificaciones, con las de ampliación y mantenimiento en las redes de los servicios públicos y con la incorporación de nuevas áreas para ampliación de los límites urbanos, las ciudades se van transformando día a día y a pasos agigantados.
Unas mejoran adquiriendo más y mejor calidad de vida -éstas han sido pocas-, actualmente la mayoría se encuentran deterioradas o permanecen sin mayores cambios durante algún tiempo. Pero inexorablemente llega el momento en que se tiene que producir un cambio para bien o para mal.
Aquí en Panamá todos estamos de acuerdo con la urgente necesidad de la modernización del Estado y el fortalecimiento de los gobiernos locales a través de la descentralización municipal. A pesar de los diversos motivos: unos económicos, otros políticos, aún existe cierto consenso en la deliberación de la materia. No obstante, nuestras 74 municipalidades siguen manejando porcentajes ridículos del presupuesto nacional y su efectividad no parece incrementarse a la altura de las necesidades. Ello lo demuestra claramente la Contraloría General de la República a través de cuadros comparativos de la ejecución presupuestaria de los últimos años. Podemos ver que una mínima cantidad de municipios (7) -en su mayoría cabeceras de Provincias- logran acumular en sus arcas más de tres cuartas partes (77.3%) de los presupuestos municipales de todo el país. El otro tanto de municipalidades (67) subsisten a duras penas, en su mayoría (44), son subsidiados con una migaja que les otorga el Estado- a través, de algo más de un millón anual- del presupuesto nacional.
En este mismo orden cabe señalar que una gran mayoría de estas municipalidades cuentan con grandes potenciales económicos hipotecados en sus recursos mineros, atracción turística y algunos son depositarios de vastas explotaciones madereras entre otros recursos y fuentes de ingreso, ya sean sin explotar o que por la bendita centralización del Estado pertenecen a él.
No existen dudas que el Municipio es una alternativa de crecimiento y desarrollo local -afortunadamente así también lo ve el actual gobierno- pero, ello conlleva a otras cosas que van desde la capacitación de Alcaldes y Representantes de Corregimientos, entre otros actores, hasta una mejor selección de los funcionarios públicos a cargo de Instituciones del gobierno central que tienen que ver con los municipios y el nuevo reto que estos tendrán que asumir, cuando el Estado decida descentralizar hacia los gobiernos locales, recursos y competencia.
