El negociado de ICA
Cuando se firmó el contrato con ICA, en agosto de 1996, formulé algunas observaciones que fueron publicadas en La Prensa del 10 de octubre de 1998 y otros artículos relativos al caso- Lo curioso es que nadie dijo ni una sola palabra. A quienes yo acusaba, prefirieron callar esperando tal vez que el tiempo vaya borrando las huellas del chanchullo que hicieron con ICA. Ese silencio no hace más que confirmar lo que yo denunciaba. Entonces sostuve y hoy lo reitero, el contrato con ICA es una calamidad jurídica y financiera, y un verdadero fraude en perjuicio del estado panameño. El gobierno actual parece que decidió no hacer olas. Pero recientemente, ICA pide que le aumenten la "ganancia razonable" porque aduce que la obra le ha costado 78 millones de dólares más de lo estimado. Si con las cuentas que presente al contralor no se toman en cuenta las ventas de tierras ya realizadas y por realizar, a los precios reales (y no los que dice el contrato) como elementos básicos para determinar la utilidad, tendremos que pensar que algo raro ocurre. Según tengo entendido, la solicitud de ICA pasó con alas y buen viento.
Una venta de 14 hectáreas que ICA dice que hizo, a un precio irrisorio comparado con los vigentes en ese sector de la ciudad, es altamente sospechosa. Yo lo expuse en un artículo que publicó El Panamá América, el 2 de enero, 1999. Me huele que esta supuesta venta, podría fácilmente ser la remuneración a quienes concedieron a ICA tan tremendo contrato, despojando al país de cientos de millones de balboas, y sometiendo al pueblo panameño al pago de peajes en el Corredor Sur por 30 años. Si eso no fue así, o sea, si no había nada escondido en la contratación, tendremos que concluir que el contrato entre el estado panameño e ICA fue hecho por individuos que sólo se preocupaban de los intereses de dicha empresa.
Aún asumiendo que esa venta fuera limpia, y que en realidad ICA hubiera gastado 78 millones de balboas más, y que, por añadidura, aceptemos que el número de vehículos que ellos dicen que pasan como promedio pagando un peaje de 0.80, las cuentas básicas que yo estimo revelan que ICA ha realizado, como mínimo, una utilidad líquida de 313 millones de dólares, lo cual excede en mucho lo que el contrato concedía como "ganancia razonable" que era de 84 millones. Es más, según el contrato, la "ganancia razonable garantizada" era de 84 millones. Con este "costo adicional" pareciera que se pretende elevar la "ganancia razonable garantizada" a 162 millones. Los incrementos en ingresos previamente establecidos en el contrato deben, según el mismo.
Todo esto sin considerar los intereses que produce el dinero ingresado, mientras es asignado a otras inversiones. Pero hay más: ICA tenía, antes de iniciar la obra, un contrato ley con el Gobierno de Panamá que le asignaba incondicionalmente tierras cuyo valor de mercado era, en ese momento (1996), por lo menos dos y media veces mayor que el que aparecía en el contrato. Con esto en la mano consiguió un préstamo de 75 millones de dólares del Banco Mundial -que hizo caso omiso de las denuncias y protestas que se le hicieron llegar- además de préstamos menores en bancos locales. Y a medida que iba vendiendo terrenos proseguía con la obra, que de ahí en adelante se auto-financiaba. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente dos cosas:1. Que ICA jamás invirtió dinero propio en nada de lo que hizo, y 2. Que el Estado, con la sola venta de los terrenos de Paitilla, tenía más que suficiente para construir el Corredor Sur y liberar a la población panameña de la hipoteca de pagar peajes por 30 años.
En una acción civil contra ICA, Morgan & Morgan, como apoderado de los residentes en diferentes áreas afectadas, alegaron que ICA tenía bienes ocultos por no menos de 56 millones de balboas. Esa cifra se basaba en operaciones realizadas hasta ese momento. La situación, como hemos visto es mucho más grave. La conclusión a la que arriban los auditores es la siguiente: En resumen, el contrato 70-96 no ofrece al Estado ni una retribución equitativa ni las ventajas de otros contratos de sociedad o concesión. Por todo ello, el Estado tiene que evaluar el costo-beneficio de replantear este contrato o ejercer la opción del rescate administrativo por razones de interés público, según se dispone en la cláusula X Y, todo eso después de que el ministro Blanco y el entonces presidente Pérez Balladares sostuvieron ante la ciudadanía en sendas entrevistas televisivas, que el contrato para el Corredor Sur no le iba a costar al país ni un centavo. Cito, al efecto, el editorial de La Prensa del 12 de noviembre de 1998 "En cuanto a los corredores, este gobierno no ha hecho más que mentir. Para empezar, nos dijeron que no le costarían ni un centésimo al Estado, porque se construirían mediante el sistema que en el feo dialecto burocrático se llama Concesión administrativa"". O sea, que las empresas privadas mexicanas financiarían las obras y recuperarían la inversión con los peajes que pagarían los usuarios.
Uno de culpables de este horrendo fraude, el que puso la cara en la negociación y su firma en el contrato, recibió su segundo indulto presidencial y está empleado por otro de sus favorecidos, a quien le vendió tierras a precio tan ridículamente bajos, que realmente constituyen un regalo. Su jefe, el "indultador", está cómodamente disfrutando de sus juguetitos, y se divierte en criticar a sus sucesores adoptando posición de inmaculada trayectoria, confiando que la ciudadanía no se dé cuenta de la realidad, o que contraigan Alzheimer. El ministro Blanco hizo todo lo posible, violando las leyes, para no dejarme ver los documentos relativos al contrato. Esto sólo era suficiente para demostrar que había mucho por esconder.
¿Qué ha hecho el Ejecutivo, el Contralor? Nada que haya trascendido a la información del público. El gobierno actual no se interesa, quién sabe por qué. Mientras haya que inaugurar, festejar o felicitar, ahí tendremos a la jefe del Ejecutivo lista con su mejor sonrisa.
(jmh824@cableonda.net)
Una venta de 14 hectáreas que ICA dice que hizo, a un precio irrisorio comparado con los vigentes en ese sector de la ciudad, es altamente sospechosa. Yo lo expuse en un artículo que publicó El Panamá América, el 2 de enero, 1999. Me huele que esta supuesta venta, podría fácilmente ser la remuneración a quienes concedieron a ICA tan tremendo contrato, despojando al país de cientos de millones de balboas, y sometiendo al pueblo panameño al pago de peajes en el Corredor Sur por 30 años. Si eso no fue así, o sea, si no había nada escondido en la contratación, tendremos que concluir que el contrato entre el estado panameño e ICA fue hecho por individuos que sólo se preocupaban de los intereses de dicha empresa.
Aún asumiendo que esa venta fuera limpia, y que en realidad ICA hubiera gastado 78 millones de balboas más, y que, por añadidura, aceptemos que el número de vehículos que ellos dicen que pasan como promedio pagando un peaje de 0.80, las cuentas básicas que yo estimo revelan que ICA ha realizado, como mínimo, una utilidad líquida de 313 millones de dólares, lo cual excede en mucho lo que el contrato concedía como "ganancia razonable" que era de 84 millones. Es más, según el contrato, la "ganancia razonable garantizada" era de 84 millones. Con este "costo adicional" pareciera que se pretende elevar la "ganancia razonable garantizada" a 162 millones. Los incrementos en ingresos previamente establecidos en el contrato deben, según el mismo.
Todo esto sin considerar los intereses que produce el dinero ingresado, mientras es asignado a otras inversiones. Pero hay más: ICA tenía, antes de iniciar la obra, un contrato ley con el Gobierno de Panamá que le asignaba incondicionalmente tierras cuyo valor de mercado era, en ese momento (1996), por lo menos dos y media veces mayor que el que aparecía en el contrato. Con esto en la mano consiguió un préstamo de 75 millones de dólares del Banco Mundial -que hizo caso omiso de las denuncias y protestas que se le hicieron llegar- además de préstamos menores en bancos locales. Y a medida que iba vendiendo terrenos proseguía con la obra, que de ahí en adelante se auto-financiaba. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente dos cosas:1. Que ICA jamás invirtió dinero propio en nada de lo que hizo, y 2. Que el Estado, con la sola venta de los terrenos de Paitilla, tenía más que suficiente para construir el Corredor Sur y liberar a la población panameña de la hipoteca de pagar peajes por 30 años.
En una acción civil contra ICA, Morgan & Morgan, como apoderado de los residentes en diferentes áreas afectadas, alegaron que ICA tenía bienes ocultos por no menos de 56 millones de balboas. Esa cifra se basaba en operaciones realizadas hasta ese momento. La situación, como hemos visto es mucho más grave. La conclusión a la que arriban los auditores es la siguiente: En resumen, el contrato 70-96 no ofrece al Estado ni una retribución equitativa ni las ventajas de otros contratos de sociedad o concesión. Por todo ello, el Estado tiene que evaluar el costo-beneficio de replantear este contrato o ejercer la opción del rescate administrativo por razones de interés público, según se dispone en la cláusula X Y, todo eso después de que el ministro Blanco y el entonces presidente Pérez Balladares sostuvieron ante la ciudadanía en sendas entrevistas televisivas, que el contrato para el Corredor Sur no le iba a costar al país ni un centavo. Cito, al efecto, el editorial de La Prensa del 12 de noviembre de 1998 "En cuanto a los corredores, este gobierno no ha hecho más que mentir. Para empezar, nos dijeron que no le costarían ni un centésimo al Estado, porque se construirían mediante el sistema que en el feo dialecto burocrático se llama Concesión administrativa"". O sea, que las empresas privadas mexicanas financiarían las obras y recuperarían la inversión con los peajes que pagarían los usuarios.
Uno de culpables de este horrendo fraude, el que puso la cara en la negociación y su firma en el contrato, recibió su segundo indulto presidencial y está empleado por otro de sus favorecidos, a quien le vendió tierras a precio tan ridículamente bajos, que realmente constituyen un regalo. Su jefe, el "indultador", está cómodamente disfrutando de sus juguetitos, y se divierte en criticar a sus sucesores adoptando posición de inmaculada trayectoria, confiando que la ciudadanía no se dé cuenta de la realidad, o que contraigan Alzheimer. El ministro Blanco hizo todo lo posible, violando las leyes, para no dejarme ver los documentos relativos al contrato. Esto sólo era suficiente para demostrar que había mucho por esconder.
¿Qué ha hecho el Ejecutivo, el Contralor? Nada que haya trascendido a la información del público. El gobierno actual no se interesa, quién sabe por qué. Mientras haya que inaugurar, festejar o felicitar, ahí tendremos a la jefe del Ejecutivo lista con su mejor sonrisa.
(jmh824@cableonda.net)
