El neoliberalismo continúa su ataque a Panamá
El neoliberalismo, con gran precipitación, se extiende como una mancha de aceite que va cubriendo áreas cada vez más grandes y todo ello ocurre ante la sorprendente inercia de la sociedad. La aplicación del modelo neoliberal ha tenido un alto precio político y social y sus éxitos y limitaciones son muy pobres y graves, porque no ha logrado un mayor crecimiento a largo plazo, ni una mejor distribución del P.I.B., ni sostener el nivel del empleo; la inflación continúa dando dolores de cabeza -a pesar de que el gobierno la niega-, aumenta el desempleo y no se elimina el desequilibrio externo.
No obstante estos resultados en Panamá, porfiadamente, el Gobierno Nacional, en contubernio con las IFIs, continúa tomando medidas a fin de consolidar el sistema neoliberal. Conforme pasa el tiempo, queda más claro que el neoliberalismo es un modelo estéril y que su anti estatismo lo lleva a luchar por un adelgazamiento del gobierno, sin ningún objetivo económico, excepto su rechazo a todo lo que sea público. Quieren debilitar al Estado para que no pueda tener un protagonismo socializador. Cuatro sucesos han acaecido recientemente, que dan fe de la agresión que los panameños estamos siendo objetos por cuenta del neoliberalismo:
1° El endurecimiento de las penas contra los manifestantes. El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Administrativo, para endurecer las sanciones a las personas que atenten contra "el orden público" durante protestas y manifestaciones, además de facultar a la Policía Nacional a disolver reuniones tumultuarias. El propósito más importante de estas reformas, de acuerdo con el ministro de Gobierno y Justicia, es proteger el derecho de los terceros, que son afectados a cada rato por las manifestaciones. Sería interesante conocer el concepto que tienen las autoridades de "Orden Público" porque no puede constituir ningún "orden" el comportamiento social que existe en Panamá, no existe ninguna correspondencia armónica entre los ciudadanos, cada cual hace lo que se le antoja, no existen valores de índole económica, política y social. Lo que las autoridades estarán, en todo caso, defendiendo es "el orden de sus intereses personales" que se ven afectados con las protestas de los ciudadanos.
2° Se ha anunciado que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha considerado inconstitucional las frases del artículo 45 de la Ley No. 7 de febrero de 1997 y del artículo 63 de la Ley 11 de junio de 1981 que establecen que el monto de los presupuestos de la Defensoría del Pueblo y de la Universidad de Panamá, respectivamente, no pueden ser recortados. Con este fallo se coloca a la Primera Casa de Cultura del Pueblo y a la Defensoría del Pueblo en una situación de desabrigo económico, pues los gobernantes tratarán de someter ambas instituciones a presiones económicas.
Resulta sintomático que se trate de constreñir la economía de estas dos instituciones del pueblo y sin embargo no haya autoridad nacional alguna que no se pronuncie en torno a las violaciones constitucionales que ha cometido el Estado con la derogatoria de la Oficina de Regulación de Precios y el establecimiento de la libre oferta y demanda para los productos de primera necesidad (Art. 279 de la Constitución Nacional); la baja de los aranceles de los productos del agro que coloca en una situación deplorable al agricultor (Artículos 118 y 122 de la Constitución Nacional) y el haber permitido que los medicamentos se vendan según la oferta y la demanda (Artículo 107 de la Constitución Nacional).
3° Además del cerco económico que se pretende establecer a la Universidad de Panamá y a la Defensoría del Pueblo se pretende también establecer un cerco militar en torno a estas dos instituciones del pueblo. Ya vimos durante la administración pasada que la Policía Nacional, con arreos de represión ciudadana, se introdujeron a la Universidad de Panamá. Los efectivos se abrieron paso con perdigones, balas de goma y bombas lacrimógenas contra los estudiantes que rechazaban la privatización del IDAAN. Ahora, más recientemente, vemos que miembros de la policía rodearon la Defensoría del Pueblo, mientras 25 policías estaban denunciando un presunto abuso de sus superiores.
4° Y como si fuera poco, tenemos la agresión que recibió la Caja de Seguro Social por cuenta del representante de los industriales ante la Junta Directiva de la institución. Hizo todo tipo de acusaciones sin aportar ninguna prueba. Se pretendió sembrar la idea de que la actual administración de la CSS es corrupta y hasta se llegó a pedir la separación de su Director General, situación que no prosperó por el apoyo recibido de la mayoría de la Junta Directiva, además de muchos gremios.
Desde hace rato las IFIs le han puesto el ojo a la CSS. Igual que en otros países desean que sus servicios sean privatizados, de allí los constantes ataques que se le hacen a la institución. Se trata de una campaña sistematizada para lograr su privatización.
Es conveniente que la ciudadanía se mantenga alerta, porque el neoliberalismo no descansa, se mantiene cada vez más al acecho del patrimonio estatal. Todo lo que arroje pérdida desean socializarlo y aquello que produce ganancias desean privatizarlo.
No obstante estos resultados en Panamá, porfiadamente, el Gobierno Nacional, en contubernio con las IFIs, continúa tomando medidas a fin de consolidar el sistema neoliberal. Conforme pasa el tiempo, queda más claro que el neoliberalismo es un modelo estéril y que su anti estatismo lo lleva a luchar por un adelgazamiento del gobierno, sin ningún objetivo económico, excepto su rechazo a todo lo que sea público. Quieren debilitar al Estado para que no pueda tener un protagonismo socializador. Cuatro sucesos han acaecido recientemente, que dan fe de la agresión que los panameños estamos siendo objetos por cuenta del neoliberalismo:
1° El endurecimiento de las penas contra los manifestantes. El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Administrativo, para endurecer las sanciones a las personas que atenten contra "el orden público" durante protestas y manifestaciones, además de facultar a la Policía Nacional a disolver reuniones tumultuarias. El propósito más importante de estas reformas, de acuerdo con el ministro de Gobierno y Justicia, es proteger el derecho de los terceros, que son afectados a cada rato por las manifestaciones. Sería interesante conocer el concepto que tienen las autoridades de "Orden Público" porque no puede constituir ningún "orden" el comportamiento social que existe en Panamá, no existe ninguna correspondencia armónica entre los ciudadanos, cada cual hace lo que se le antoja, no existen valores de índole económica, política y social. Lo que las autoridades estarán, en todo caso, defendiendo es "el orden de sus intereses personales" que se ven afectados con las protestas de los ciudadanos.
2° Se ha anunciado que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha considerado inconstitucional las frases del artículo 45 de la Ley No. 7 de febrero de 1997 y del artículo 63 de la Ley 11 de junio de 1981 que establecen que el monto de los presupuestos de la Defensoría del Pueblo y de la Universidad de Panamá, respectivamente, no pueden ser recortados. Con este fallo se coloca a la Primera Casa de Cultura del Pueblo y a la Defensoría del Pueblo en una situación de desabrigo económico, pues los gobernantes tratarán de someter ambas instituciones a presiones económicas.
Resulta sintomático que se trate de constreñir la economía de estas dos instituciones del pueblo y sin embargo no haya autoridad nacional alguna que no se pronuncie en torno a las violaciones constitucionales que ha cometido el Estado con la derogatoria de la Oficina de Regulación de Precios y el establecimiento de la libre oferta y demanda para los productos de primera necesidad (Art. 279 de la Constitución Nacional); la baja de los aranceles de los productos del agro que coloca en una situación deplorable al agricultor (Artículos 118 y 122 de la Constitución Nacional) y el haber permitido que los medicamentos se vendan según la oferta y la demanda (Artículo 107 de la Constitución Nacional).
3° Además del cerco económico que se pretende establecer a la Universidad de Panamá y a la Defensoría del Pueblo se pretende también establecer un cerco militar en torno a estas dos instituciones del pueblo. Ya vimos durante la administración pasada que la Policía Nacional, con arreos de represión ciudadana, se introdujeron a la Universidad de Panamá. Los efectivos se abrieron paso con perdigones, balas de goma y bombas lacrimógenas contra los estudiantes que rechazaban la privatización del IDAAN. Ahora, más recientemente, vemos que miembros de la policía rodearon la Defensoría del Pueblo, mientras 25 policías estaban denunciando un presunto abuso de sus superiores.
4° Y como si fuera poco, tenemos la agresión que recibió la Caja de Seguro Social por cuenta del representante de los industriales ante la Junta Directiva de la institución. Hizo todo tipo de acusaciones sin aportar ninguna prueba. Se pretendió sembrar la idea de que la actual administración de la CSS es corrupta y hasta se llegó a pedir la separación de su Director General, situación que no prosperó por el apoyo recibido de la mayoría de la Junta Directiva, además de muchos gremios.
Desde hace rato las IFIs le han puesto el ojo a la CSS. Igual que en otros países desean que sus servicios sean privatizados, de allí los constantes ataques que se le hacen a la institución. Se trata de una campaña sistematizada para lograr su privatización.
Es conveniente que la ciudadanía se mantenga alerta, porque el neoliberalismo no descansa, se mantiene cada vez más al acecho del patrimonio estatal. Todo lo que arroje pérdida desean socializarlo y aquello que produce ganancias desean privatizarlo.
