El ocaso de Montesinos
Con la captura del prófugo se cierra un capítulo tenebroso y se abre otro de perspectivas políticas incalculables para el futuro peruano. Montesinos aportó evidencias irrefutables de corrupción, tráfico de influencias, manipulación de los altos mandos de las fuerzas armadas, con los videos que hizo filmar en su oficina del servicio de inteligencia.
Pero no queda duda que las respuestas que emita al interrogatorio de los jueces peruanos por los múltiples delitos que le imputan, fortalecerá el caudal de información sobre el sistema de corrupción que manejaba personalmente. Pero Montesinos, en rigor, no fue sino una correa de transmisión del régimen encabezado por el ex presidente Alberto Fujimori y éste es, por la jerarquía del cargo que ocupó, la pieza fundamental del proceso.
El objetivo judicial y político es, inequívocamente, Fujimori. Sin embargo, el cumplimiento del objetivo está erizado de dificultades. Según filtraciones a la prensa, Montesinos afirma que las filmaciones de los videos fueron ordenadas por Fujimori, pero los jueces le exigirán que documente la imputación. Asimismo tendrá que acreditar pruebas que Fujimori ordenó, por ejemplo, las masacres de la Universidad de La Cantuta y los Barrios Altos; que aprobó las compras de armamento ruso a precio inflado; que dispuso se le entregaran, a manera de prestaciones, 15 millones de dólares en vísperas de su viaje a Panamá; que, en resumen, como se podría deducir, fue quien orquestó diez años de dilapidación de recursos fiscales, atentados contra derechos humanos, sometimiento antidemocrático de instituciones tutelares como el Organo Judicial, el Organo Legislativo y las fuerzas armadas. Estas exacciones tuvieron un cerebro, verdugos, sicarios y lacayos.
Si consiguiera tal cúmulo de pruebas y evidencias, entonces el gobierno peruano podría solicitar la extradición de Fujimori de Japón y desvirtuar el rompecabezas de la nacionalidad real de quien no se sabe con exactitud si es un granuja o un impostor, o ambas cosas.
Con las garantías del debido proceso que él burlaba, Vladimiro Montesinos es juzgado ahora por autoridades judiciales a los que ya no podrá sobornar, porque en el Perú democrático existe libertad de prensa para vigilar al milímetro el comportamiento de los que juzgan y de los que son juzgados.
Pero no queda duda que las respuestas que emita al interrogatorio de los jueces peruanos por los múltiples delitos que le imputan, fortalecerá el caudal de información sobre el sistema de corrupción que manejaba personalmente. Pero Montesinos, en rigor, no fue sino una correa de transmisión del régimen encabezado por el ex presidente Alberto Fujimori y éste es, por la jerarquía del cargo que ocupó, la pieza fundamental del proceso.
El objetivo judicial y político es, inequívocamente, Fujimori. Sin embargo, el cumplimiento del objetivo está erizado de dificultades. Según filtraciones a la prensa, Montesinos afirma que las filmaciones de los videos fueron ordenadas por Fujimori, pero los jueces le exigirán que documente la imputación. Asimismo tendrá que acreditar pruebas que Fujimori ordenó, por ejemplo, las masacres de la Universidad de La Cantuta y los Barrios Altos; que aprobó las compras de armamento ruso a precio inflado; que dispuso se le entregaran, a manera de prestaciones, 15 millones de dólares en vísperas de su viaje a Panamá; que, en resumen, como se podría deducir, fue quien orquestó diez años de dilapidación de recursos fiscales, atentados contra derechos humanos, sometimiento antidemocrático de instituciones tutelares como el Organo Judicial, el Organo Legislativo y las fuerzas armadas. Estas exacciones tuvieron un cerebro, verdugos, sicarios y lacayos.
Si consiguiera tal cúmulo de pruebas y evidencias, entonces el gobierno peruano podría solicitar la extradición de Fujimori de Japón y desvirtuar el rompecabezas de la nacionalidad real de quien no se sabe con exactitud si es un granuja o un impostor, o ambas cosas.
Con las garantías del debido proceso que él burlaba, Vladimiro Montesinos es juzgado ahora por autoridades judiciales a los que ya no podrá sobornar, porque en el Perú democrático existe libertad de prensa para vigilar al milímetro el comportamiento de los que juzgan y de los que son juzgados.
