El Pacto de San José y la Corte Interamericana
Habida cuenta del juicio promovido por funcionarios públicos despedidos en 1990, por el gobierno de Guillermo Endara contra Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hace necesario hacer un recuento de los antecedentes que vinculan a Panamá con dicho organismo.
La Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como "Pacto de San José", se hizo Ley de la República el 30 de noviembre de 1977, pero no entró en vigor sino hasta el 18 de julio de 1978, cuando conforme a la misma convención, fue depositado el undécimo instrumento de ratificación ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según datos de la OEA, se han hecho parte de dicha convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
El Pacto de San José tutela derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la honra, la dignidad, la libertad de conciencia, de religión, de pensamiento y de expresión, de reunión, de asociación, del niño y de la propiedad privada, entre otros. Además, crea para tal propósito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene sede en Washington D.C. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica.
La Convención tiene dos adiciones, a saber, el Protocolo en materia de Derechos económicos, sociales y culturales, suscrito el 17 de noviembre de 1988 ("Protocolo de San José"), que entró en vigor el 16 de noviembre de 1999; y el Protocolo relativo a la Abolición de la pena de muerte, suscrito el 8 de junio de 1990, que entró en vigor el 28 de agosto de 1991. Panamá aprobó el primero mediante la Ley 21 del 22 de octubre de 1992 y el segundo mediante la Ley 13 del 18 de junio de 1991.
Queda claro, por tanto, que Panamá quedó sujeta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde que la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento aprobó el Pacto de San José, durante la dictadura militar. También quedamos sujetos a los protocolos o adiciones citadas, según sus términos, luego de ser aprobados por la Asamblea Legislativa, durante la gestión de Guillermo Endara.
La Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como "Pacto de San José", se hizo Ley de la República el 30 de noviembre de 1977, pero no entró en vigor sino hasta el 18 de julio de 1978, cuando conforme a la misma convención, fue depositado el undécimo instrumento de ratificación ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según datos de la OEA, se han hecho parte de dicha convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
El Pacto de San José tutela derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la honra, la dignidad, la libertad de conciencia, de religión, de pensamiento y de expresión, de reunión, de asociación, del niño y de la propiedad privada, entre otros. Además, crea para tal propósito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene sede en Washington D.C. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica.
La Convención tiene dos adiciones, a saber, el Protocolo en materia de Derechos económicos, sociales y culturales, suscrito el 17 de noviembre de 1988 ("Protocolo de San José"), que entró en vigor el 16 de noviembre de 1999; y el Protocolo relativo a la Abolición de la pena de muerte, suscrito el 8 de junio de 1990, que entró en vigor el 28 de agosto de 1991. Panamá aprobó el primero mediante la Ley 21 del 22 de octubre de 1992 y el segundo mediante la Ley 13 del 18 de junio de 1991.
Queda claro, por tanto, que Panamá quedó sujeta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde que la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento aprobó el Pacto de San José, durante la dictadura militar. También quedamos sujetos a los protocolos o adiciones citadas, según sus términos, luego de ser aprobados por la Asamblea Legislativa, durante la gestión de Guillermo Endara.
