El país frente al espejo
DEFINITIVAMENTE, en nuestro país existen grandes retos y desafíos que tenemos que superar. Para muestra, un botón: un estudio reciente sobre la cultura política de la democracia en Panamá, titulado "El Barómetro de las Américas (producido por Alianza pro Justicia, AID y la Universidad de Vanderblit), que nos pone el espejo de lo que somos a través de una encuesta:
El 53% expresa que apoya la idea de la democracia, pero el resto no lo tiene muy claro, lo que pone a Panamá en el penúltimo lugar entre los países del estudio en cuanto al apoyo a la democracia.
Existe una marcada reducción en el apoyo a las instituciones políticas y al sistema político en general; reducción en los niveles de tolerancia política y en los valores que favorecen la democracia estable.
La evaluación de la los niveles de participación en organizaciones de la sociedad civil está por debajo de la mayoría de los países que forman parte del estudio.
Disminuye significativamente la confianza en las instituciones encargadas de proteger los derechos básicos del ciudadano, y la percepción de la marcha del sistema judicial primordialmente negativa. Los niveles de confianza interpersonal son relativamente bajos. A pesar del alto nivel de participación electoral de la población y el hecho que la mitad está inscrita en partidos políticos, el 78% no confía en ellos, y señala que existe mayor diferencia ideológica entre los partidos políticos ticos.
A nivel local, Panamá es uno de los países de América Latina con el menor nivel de apoyo y participación de la gente en los gobiernos locales. Las personas dicen que no apoyan el dar más recursos y responsabilidades a los gobiernos locales y tampoco apoyan pagar más impuestos a la municipalidad. El 94% dice no haber asistido a reuniones del municipio, y cifra parecida no elevó petición alguna al gobierno local, siendo ambas de los porcentajes más bajos del continente.
El 70% de la población no conoce los métodos de mediación de conflictos.
El balance del estudio arroja que la acentuación de la baja tolerancia y el bajo apoyo a la institucionalidad, nos acerca cada vez más a la seria posibilidad -aunado a otros factores- de ruptura del orden democrático.
Tres cuartas partes de la población piensan que la corrupción entre los funcionarios es algo generalizada. Un porcentaje de entrevistados admite haber tenido que pagar un soborno en la alcaldía y en los juzgados. La corrupción es el problema más grave que enfrenta el sistema judicial. Precisamente como para hacer burla de esos datos, la Asamblea Nacional, lo que propone es bajar o disminuir las penas en relación a la corrupción así: Artículo 343: la pena por corrupción de funcionarios fue reducida de 4-8 años a 2-4 años. Artículo 344: la pena por corrupción de funcionarios judiciales fue reducida de 7-10 años a 2-4 años. Artículo 349: En el caso de enriquecimiento injustificado se redujo la pena de 5-10 años, a un máximo de 5 años. Esto es vergonzoso y lo que va a generar es el aumento de corrupción y además con sabor a "complicidad diputadil".
Definitivamente, este estudio debe profundizarce con otros aportes, y uno fundamental es el esperado III Informe Nacional de Desarrollo Humano, prometido por el PNUD, y que se centra precisamente en el tema de la institucionalidad y la democracia. Además, es base fundamamental para el debate del próximo foro de CADE 2007 que tratará el tema y otros eventos ciudadanos.
La situación planteada en el Barómetro expresa la vigencia de una cultura política patrimonialista, en la cual el espacio público es un escenario para la satisfacción de intereses privados. El clientelismo es hijo legítimo del patrimonialismo, y no sólo afecta lo político, sino el conjunto de la sociedad.
Frente a la cultura patrimonialista es importante transparentar y democratizar los partidos, en sus estructuras y funcionamiento. Promover a través de la educación y la concienciación cambios en las pautas de comportamiento individual y colectivo, asumiendo la democracia como una determinada forma de pensar, sentir y de hacer las cosas. Instalar la ética en la política en el marco de la democracia, y devolver a la política la capacidad de orientar el movimiento de la sociedad a largo plazo.
El reto del desarrollo social, económico y ambiental exige otras y nuevas maneras de hacer política. El reto de incrementar la participación, la equidad, la eficacia en el desarrollo y la democracia a todos los niveles es urgente. Los políticos y funcionarios deben superar la hipersensibilidad de suponer que los estudios son ataques y no críticas constructivas, pues lo que demuestran es qué profunda es la crisis en la cultura e institucionalidad política del país, frente a la cual una postura inadmisible es la del avestruz.
Los estudios no deben caer en saco roto, sino, por el contrario, estimular las propuestas audaces y constructiva de construir una democracia, y un poder local transparente, descentralizado, participativo y eficaz en el combate de la pobreza y la inequidad. Bien lo canta Martín Fierro cuanto señala con los versos: "Mas Dios ha de permitir/ que esto llegue a mejorar, / pero se ha de recordar /para hacer bien el trabajo, /que el fuego, pa calentar,/ debe ir siempre por abajo".
raulleisr@hotmail.com
El 53% expresa que apoya la idea de la democracia, pero el resto no lo tiene muy claro, lo que pone a Panamá en el penúltimo lugar entre los países del estudio en cuanto al apoyo a la democracia.
Existe una marcada reducción en el apoyo a las instituciones políticas y al sistema político en general; reducción en los niveles de tolerancia política y en los valores que favorecen la democracia estable.
La evaluación de la los niveles de participación en organizaciones de la sociedad civil está por debajo de la mayoría de los países que forman parte del estudio.
Disminuye significativamente la confianza en las instituciones encargadas de proteger los derechos básicos del ciudadano, y la percepción de la marcha del sistema judicial primordialmente negativa. Los niveles de confianza interpersonal son relativamente bajos. A pesar del alto nivel de participación electoral de la población y el hecho que la mitad está inscrita en partidos políticos, el 78% no confía en ellos, y señala que existe mayor diferencia ideológica entre los partidos políticos ticos.
A nivel local, Panamá es uno de los países de América Latina con el menor nivel de apoyo y participación de la gente en los gobiernos locales. Las personas dicen que no apoyan el dar más recursos y responsabilidades a los gobiernos locales y tampoco apoyan pagar más impuestos a la municipalidad. El 94% dice no haber asistido a reuniones del municipio, y cifra parecida no elevó petición alguna al gobierno local, siendo ambas de los porcentajes más bajos del continente.
El 70% de la población no conoce los métodos de mediación de conflictos.
El balance del estudio arroja que la acentuación de la baja tolerancia y el bajo apoyo a la institucionalidad, nos acerca cada vez más a la seria posibilidad -aunado a otros factores- de ruptura del orden democrático.
Tres cuartas partes de la población piensan que la corrupción entre los funcionarios es algo generalizada. Un porcentaje de entrevistados admite haber tenido que pagar un soborno en la alcaldía y en los juzgados. La corrupción es el problema más grave que enfrenta el sistema judicial. Precisamente como para hacer burla de esos datos, la Asamblea Nacional, lo que propone es bajar o disminuir las penas en relación a la corrupción así: Artículo 343: la pena por corrupción de funcionarios fue reducida de 4-8 años a 2-4 años. Artículo 344: la pena por corrupción de funcionarios judiciales fue reducida de 7-10 años a 2-4 años. Artículo 349: En el caso de enriquecimiento injustificado se redujo la pena de 5-10 años, a un máximo de 5 años. Esto es vergonzoso y lo que va a generar es el aumento de corrupción y además con sabor a "complicidad diputadil".
Definitivamente, este estudio debe profundizarce con otros aportes, y uno fundamental es el esperado III Informe Nacional de Desarrollo Humano, prometido por el PNUD, y que se centra precisamente en el tema de la institucionalidad y la democracia. Además, es base fundamamental para el debate del próximo foro de CADE 2007 que tratará el tema y otros eventos ciudadanos.
La situación planteada en el Barómetro expresa la vigencia de una cultura política patrimonialista, en la cual el espacio público es un escenario para la satisfacción de intereses privados. El clientelismo es hijo legítimo del patrimonialismo, y no sólo afecta lo político, sino el conjunto de la sociedad.
Frente a la cultura patrimonialista es importante transparentar y democratizar los partidos, en sus estructuras y funcionamiento. Promover a través de la educación y la concienciación cambios en las pautas de comportamiento individual y colectivo, asumiendo la democracia como una determinada forma de pensar, sentir y de hacer las cosas. Instalar la ética en la política en el marco de la democracia, y devolver a la política la capacidad de orientar el movimiento de la sociedad a largo plazo.
El reto del desarrollo social, económico y ambiental exige otras y nuevas maneras de hacer política. El reto de incrementar la participación, la equidad, la eficacia en el desarrollo y la democracia a todos los niveles es urgente. Los políticos y funcionarios deben superar la hipersensibilidad de suponer que los estudios son ataques y no críticas constructivas, pues lo que demuestran es qué profunda es la crisis en la cultura e institucionalidad política del país, frente a la cual una postura inadmisible es la del avestruz.
Los estudios no deben caer en saco roto, sino, por el contrario, estimular las propuestas audaces y constructiva de construir una democracia, y un poder local transparente, descentralizado, participativo y eficaz en el combate de la pobreza y la inequidad. Bien lo canta Martín Fierro cuanto señala con los versos: "Mas Dios ha de permitir/ que esto llegue a mejorar, / pero se ha de recordar /para hacer bien el trabajo, /que el fuego, pa calentar,/ debe ir siempre por abajo".
raulleisr@hotmail.com
