El PARLACEN
En Panamá, como en otros países, existe la sensación de que el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) es inoperante y refugio de delincuentes. Quizás esto se debe a que se sabe poco sobre él y/o que sus decisiones carecen de poder coercitivo, sin olvidar que algunos diputados y ex mandatarios han usado sus privilegios indebidamente. Estos argumentos dieron pie al cuestionamiento de la aprobación de reformas al Protocolo Constitutivo del PARLACEN, por parte de la actual Asamblea Nacional como “un nuevo camarón legislativo”.
El PARLACEN está dedicado a la integración de los países centroamericanos y tiene su sede en Guatemala. Sus orígenes se remontan al Grupo Contadora, iniciativa regional en los años ‘80, que fomentó el cese de las guerras civiles de la región. La idea de una mayor integración permaneció aún después de la disolución del referido grupo, dando pie al Acuerdo de Esquipulas II, el cual vino a ser el basamento primordial del PARLACEN. El Tratado Constitutivo del PARLACEN fue suscrito en 1987. Al presente, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana son miembros de este organismo, no así Costa Rica y Belice.
Los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), reunidos en San Salvador, el 20 de febrero de 2008, suscribieron un Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del PARLACEN, de manera que este ente deje de ser autónomo y forme parte del SICA para promover la integración centroamericana como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. El SICA es un organismo internacional creado originalmente por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, el cual inició actividades en febrero de 1993.
El protocolo de reformas al PARLACEN, que podemos ver en los sitios www.sica.int y www.parlacen.org.gt, ya fue sido ratificado por las asambleas de El Salvador, Nicaragua y Honduras, quedando pendientes los órganos legislativos de Guatemala, República Dominicana y Panamá. Es innegable la necesidad que tiene nuestro país de ser parte de bloques políticos y socioeconómicos regionales para enfrentar con mayores niveles de igualdad y competitividad a otros bloques como el norteamericano, asiático y europeo, con el objetivo de buscar y obtener mayores beneficios para nuestros bienes, servicios, productos y mercaderías.
Si bien la Asamblea Nacional de Panamá del período 2004-2009 se caracterizó por aprobar o intentar aprobar muchas normativas impopulares, inmorales e inconsultas, no es menos cierto que la integración centroamericana data de muchísimo tiempo, lo que nos obliga como Estado a que las decisiones que se tomen, especialmente sobre permanecer o no como país en este parlamento, sean la consecuencia de un análisis objetivo, jurídico, patriótico, sosegado, cauteloso y profundo, y no producto del prurito político-partidista. Y más aún con el hecho de que, al menos, la Procuradora General de la Nación, basada en el debido proceso y seguramente en el derecho de participación libre de las corrientes políticas, dio concepto favorable a la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Resolución del Tribunal Electoral que cercenó el derecho del partido Cambio Democrático de enviar diputados al PARLACEN.
