El pecado original de la ACP
"En aras a la armonía entre los panameños y encontrar entre todos el modelo modernizador conveniente, sensato e inteligente para nuestro canal, debería abolirse o revisarse la Ley 44, fuente de pasión y peligroso divisionismo". La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) incurrió en su pecado original al imponer, sin la debida resistencia parlamentaria y valiéndose del respaldo del gobierno ya saliente, la controversial Ley 44 que creó la nueva "Cuenca Occidental." Este suceso ejecutado a hurtadillas que sorprendió al país precisamente el 31 de agosto de 1999, 24 horas antes que asumiera el poder el gobierno actual, confinó dentro de este territorio los bosques, ríos, vida silvestre, campesinos y costeños con sus costumbres rudimentarias, tradiciones culturales, valores y recuerdos sentimentales, hasta tumbas y cementerios. A partir de allí, la ACP, apoyada con excesos en el Título Constitucional XIV "El Canal de Panamá" y ¡otras atribuciones que no le corresponden!, en sus afanes y propósitos por modernizar la vía interoceánica, se ha manejado tan precipitante y autoritaria, que hasta da la impresión que las 213,000 hectáreas son parte de su patrimonio, ¡y no lo son!; situación que ha provocado en aquellos pobladores, una actitud creciente de resistencia y rechazo hacia la ACP.
Pese a lo anterior, los funcionarios responsables de la ACP y miembros de su junta directiva (ACPJD), ensimismados y quizás ebrios de talento, recurriendo a la ventaja por el excesivo mimo, amparo y apoyo político incondicional que les brindaba en aquellos momentos el ex presidente Pérez Balladares, lograron convertir apenas una idea, sueño y corazonada -¡por cierto, con un enfoque inteligente!-, en "una realidad aparente y posible"; pero esta realidad muy pronto se transformó en fantasía, pues no se realizaron previamente los estudios de factibilidad como era de rigor.
Así nace y se aprueba a paso redoblado la controversial Ley 44. Dicho mejor, los influyentes caballeros de la ACP, encandilaron a aquél Gabinete y Asamblea, ya con sus maletas hechas y de partida, con un "proyecto fantasía", que incluía tres embalses para acumular nuevas aguas, con espejos de 420Km2, tan grande, donde cabría como guante la isla de Coiba y tres veces la ciudad de Panamá y San Miguelito juntos. ¿Cómo se justifica recurrir a otra cuenca en procura de nuevas fuentes de aguas, si actualmente, y desde 1914, se fuga al mar por falta de capacidad de almacenamiento en la cuenca vieja el 45% del total de la escorrentía del lago Gatún? ¿Por qué la ACP, antes de gestionar la aprobación de esta ley, no pensó en optimizar los recursos de aguas existentes en la vieja cuenca, construyendo nuevos embalses para captar y almacenar la fuga histórica del 45% de agua, tal como lo dejaron proyectado los norteamericanos con sus respectivos estudios, diseños y planos finales, para construir la "presa Trinidad", la cual cubriría sólo10 mil hectáreas en vez de las 44 mil que promueve la ACP; sin embargo, con la enorme ventaja de que Trinidad en esa superficie menor, captaría la misma cantidad de agua de la que es capaz el extenso lago de las 44 mil hectáreas de la ACP. Y la ventaja se agranda si consideramos otros factores económicos, humanos y ecológicos así: Mientras Trinidad tendría un costo de $400 millones, el embalse en la cuenca occidental costaría $1,200 millones; mientras la represa Trinidad se obliga a reubicar cinco mil familias, el gran embalse en la cuenca occidental se obliga a reubicar a 35 mil familias e inunda sus predios agrícolas. Si decidimos construir la presa Trinidad, no se necesitaría la cuenca occidental o Ley 44. Mientras el gran embalse que promueve la ACP nos extirpa el pulmón boscoso de 44 mil hectáreas, el que respira para los 1,4 millones de panameños de la ciudad de Panamá, La Chorrera, San Miguelito y Colón, la presa Trinidad afectaría la cuarta parte del mismo pulmón boscoso.
También los caballeros de la ACPJD, deleitaron y encandilaron a los gobernantes que ya habían limpiado sus escritorios, con un interesante combinado hidroeléctrico derivado del nuevo gran lago, el cual resultó no ser financiable por el Banco Mundial, porque confina demasiada superficie de tierras valiosas con relación a la poca generación de energía eléctrica; lo que califica el proyecto como no rentable. Toda esta situación nos lleva a sugerir: ¡Si la ACP quiere incursionar en el negocio hidroeléctrico, y a gran escala, que desarrolle con el Gobierno Central como socio, el proyecto con estudios avanzados y finales de "factibilidad", de "Changuinola y Teribe", tan atractivo como la mejor en el país, "La Fortuna" con más de 300MW! Luego, después de las turbinas, trae sus aguas por gravedad hacía el viejo Gatún, si es que realmente se necesitan nuevas fuentes de aguas. Además, este proyecto sacrifica muy poco al medio ambiente y no genera conflictos humanos.
Hoy, cuatro años después de aprobada esta ley, más una inversión alrededor de $25 millones en estudios extemporáneos, los caballerosos funcionarios no logran producir la justificación técnica ni profesional que demuestre que dicha Ley 44, que lograron con el decidido apoyo del ex presidente Pérez Balladares, era realmente necesaria. En aras de una convivencia armónica entre los panameños y encontremos entre todos el modelo modernizador, conveniente e inteligente para nuestro Canal, es necesario abolir o revisar la Ley 44, generadora de peligrosos conflictos sociales.
(ruben11@cwpanama.net)
Luego de que las piezas son sustraídas, el paso siguiente es introducirla en los mercados de compraventa de obras de arte y antigüedades, pero habitualmente antes de colocar las piezas robadas a la venta, los delincuentes las mantienen ocultas durante un tiempo hasta que disminuye la actividad policial y la atención sobre los canales de salida, posteriormente la venden en puntos alejados del lugar de sustracción. El encargado de colocar la pieza en el mercado no es el autor del robo, sino el intermediario, el cual tiene los contactos necesarios con este mundo (anticuarios, coleccionistas, particulares, etc.) y por tanto, es el que puede obtener un mayor beneficio económico.
Los robos de encargo, considerando que son aquellos en los que ya antes de cometerse la sustracción existe un destinatario final, son muy escasos. Aunque es cierto que con bastante frecuencia los delincuentes van buscando una pieza determinada.
Estos intermediarios tienen conocimientos artísticos, fruto de una amplia experiencia, aunque sin ninguna base académica y generalmente no son profesionales establecidos con comercio legal, aunque existen excepciones. Suelen tener antecedentes o han tenido algún problema por alguna operación de compraventa realizada, por lo cual son perfectamente conocidos por los unidades policiales especializadas. Sin embargo, estas personas son las que se encargan de marcar la pieza interesante.
Pero antes de que la pieza sustraída llegue al destinatario final, normalmente habrá pasado por varias manos, es decir, se habrá blanqueado, utilizando un símil del tráfico de drogas. Por ello, es bastante habitual que aparezcan en el mercado legal, obras que en su origen tenían mala procedencia. De esta manera, bienes culturales robados aparecen en salas de subastas internacionales que se instalan en ciertos lugares como Nueva York o Londres. Hay que tener en cuenta que cuando una obra aparece en un comercio, normalmente el anticuario desconoce su origen ilícito, pues de otra forma no la tendría expuesto a la vista del público, aunque otra situación muy distinta es que la tenga oculta en un almacén o en algún otro lugar no visible.
(el hurto histórico)
Pese a lo anterior, los funcionarios responsables de la ACP y miembros de su junta directiva (ACPJD), ensimismados y quizás ebrios de talento, recurriendo a la ventaja por el excesivo mimo, amparo y apoyo político incondicional que les brindaba en aquellos momentos el ex presidente Pérez Balladares, lograron convertir apenas una idea, sueño y corazonada -¡por cierto, con un enfoque inteligente!-, en "una realidad aparente y posible"; pero esta realidad muy pronto se transformó en fantasía, pues no se realizaron previamente los estudios de factibilidad como era de rigor.
Así nace y se aprueba a paso redoblado la controversial Ley 44. Dicho mejor, los influyentes caballeros de la ACP, encandilaron a aquél Gabinete y Asamblea, ya con sus maletas hechas y de partida, con un "proyecto fantasía", que incluía tres embalses para acumular nuevas aguas, con espejos de 420Km2, tan grande, donde cabría como guante la isla de Coiba y tres veces la ciudad de Panamá y San Miguelito juntos. ¿Cómo se justifica recurrir a otra cuenca en procura de nuevas fuentes de aguas, si actualmente, y desde 1914, se fuga al mar por falta de capacidad de almacenamiento en la cuenca vieja el 45% del total de la escorrentía del lago Gatún? ¿Por qué la ACP, antes de gestionar la aprobación de esta ley, no pensó en optimizar los recursos de aguas existentes en la vieja cuenca, construyendo nuevos embalses para captar y almacenar la fuga histórica del 45% de agua, tal como lo dejaron proyectado los norteamericanos con sus respectivos estudios, diseños y planos finales, para construir la "presa Trinidad", la cual cubriría sólo10 mil hectáreas en vez de las 44 mil que promueve la ACP; sin embargo, con la enorme ventaja de que Trinidad en esa superficie menor, captaría la misma cantidad de agua de la que es capaz el extenso lago de las 44 mil hectáreas de la ACP. Y la ventaja se agranda si consideramos otros factores económicos, humanos y ecológicos así: Mientras Trinidad tendría un costo de $400 millones, el embalse en la cuenca occidental costaría $1,200 millones; mientras la represa Trinidad se obliga a reubicar cinco mil familias, el gran embalse en la cuenca occidental se obliga a reubicar a 35 mil familias e inunda sus predios agrícolas. Si decidimos construir la presa Trinidad, no se necesitaría la cuenca occidental o Ley 44. Mientras el gran embalse que promueve la ACP nos extirpa el pulmón boscoso de 44 mil hectáreas, el que respira para los 1,4 millones de panameños de la ciudad de Panamá, La Chorrera, San Miguelito y Colón, la presa Trinidad afectaría la cuarta parte del mismo pulmón boscoso.
También los caballeros de la ACPJD, deleitaron y encandilaron a los gobernantes que ya habían limpiado sus escritorios, con un interesante combinado hidroeléctrico derivado del nuevo gran lago, el cual resultó no ser financiable por el Banco Mundial, porque confina demasiada superficie de tierras valiosas con relación a la poca generación de energía eléctrica; lo que califica el proyecto como no rentable. Toda esta situación nos lleva a sugerir: ¡Si la ACP quiere incursionar en el negocio hidroeléctrico, y a gran escala, que desarrolle con el Gobierno Central como socio, el proyecto con estudios avanzados y finales de "factibilidad", de "Changuinola y Teribe", tan atractivo como la mejor en el país, "La Fortuna" con más de 300MW! Luego, después de las turbinas, trae sus aguas por gravedad hacía el viejo Gatún, si es que realmente se necesitan nuevas fuentes de aguas. Además, este proyecto sacrifica muy poco al medio ambiente y no genera conflictos humanos.
Hoy, cuatro años después de aprobada esta ley, más una inversión alrededor de $25 millones en estudios extemporáneos, los caballerosos funcionarios no logran producir la justificación técnica ni profesional que demuestre que dicha Ley 44, que lograron con el decidido apoyo del ex presidente Pérez Balladares, era realmente necesaria. En aras de una convivencia armónica entre los panameños y encontremos entre todos el modelo modernizador, conveniente e inteligente para nuestro Canal, es necesario abolir o revisar la Ley 44, generadora de peligrosos conflictos sociales.
(ruben11@cwpanama.net)
Luego de que las piezas son sustraídas, el paso siguiente es introducirla en los mercados de compraventa de obras de arte y antigüedades, pero habitualmente antes de colocar las piezas robadas a la venta, los delincuentes las mantienen ocultas durante un tiempo hasta que disminuye la actividad policial y la atención sobre los canales de salida, posteriormente la venden en puntos alejados del lugar de sustracción. El encargado de colocar la pieza en el mercado no es el autor del robo, sino el intermediario, el cual tiene los contactos necesarios con este mundo (anticuarios, coleccionistas, particulares, etc.) y por tanto, es el que puede obtener un mayor beneficio económico.
Los robos de encargo, considerando que son aquellos en los que ya antes de cometerse la sustracción existe un destinatario final, son muy escasos. Aunque es cierto que con bastante frecuencia los delincuentes van buscando una pieza determinada.
Estos intermediarios tienen conocimientos artísticos, fruto de una amplia experiencia, aunque sin ninguna base académica y generalmente no son profesionales establecidos con comercio legal, aunque existen excepciones. Suelen tener antecedentes o han tenido algún problema por alguna operación de compraventa realizada, por lo cual son perfectamente conocidos por los unidades policiales especializadas. Sin embargo, estas personas son las que se encargan de marcar la pieza interesante.
Pero antes de que la pieza sustraída llegue al destinatario final, normalmente habrá pasado por varias manos, es decir, se habrá blanqueado, utilizando un símil del tráfico de drogas. Por ello, es bastante habitual que aparezcan en el mercado legal, obras que en su origen tenían mala procedencia. De esta manera, bienes culturales robados aparecen en salas de subastas internacionales que se instalan en ciertos lugares como Nueva York o Londres. Hay que tener en cuenta que cuando una obra aparece en un comercio, normalmente el anticuario desconoce su origen ilícito, pues de otra forma no la tendría expuesto a la vista del público, aunque otra situación muy distinta es que la tenga oculta en un almacén o en algún otro lugar no visible.
(el hurto histórico)
