El Plan Colombia y el drama latinoamericano
Panamá y Colombia son vecinos geográficos y hermanos históricos. La buena vecindad y la fraternidad son las ricas y las fecundas motivaciones de nuestras relaciones. Fresca está en la memoria continental, la tradición cultural y heroica del pueblo colombiano, de la Gran Colombia de Bolívar, del simbolismo de los Comuneros del Socorro, del sacrificio sublime de Ricaurte en San Mateo y de la consigna victoriosa del General antioqueño José María Córdoba en Ayacucho: "¡Armas a discreción. Paso de vencedores!". Creo que ningún panameño desea que Colombia viva y resuelva su drama en la soledad.
Sobre el tema, tengo una opinión fundada en las repetidas afirmaciones del presidente Pastrana: "Los colombianos no contamos con medios suficientes para resolver estos problemas por nosotros mismos". A mi juicio, la situación colombiana debería encontrar tratamiento y soluciones con la ayuda de los mecanismos internacionalmente convenidos en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en los mecanismos de consulta y concertación del Grupo de Río, que creo, fervientemente, debe revitalizarse para dinamizar el proceso de restauración de la paz en Colombia.
En ejercicio de la soberanía colombiana, el presidente Pastrana prefirió iniciar el año pasado, gestiones ante el Gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón, en busca de apoyo al propósito de paz que anima al Gobierno colombiano, que desde sus inicios en agosto de 1998, tal como lo definiera el despacho presidencial, concentró sus esfuerzos en guiar la acción del Estado y de los diferentes sectores de la sociedad colombiana, hacia la construcción de la paz como prioridad nacional. Fue así como el año pasado el presidente Pastrana dio a conocer el Plan Colombia, encuadrado en un programa de 7,500 millones de dólares, el cual, según el propio gobierno colombiano, "dentro del marco de una política de construcción de paz, liga las estrategias de negociación con la insurgencia, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado, la recuperación de la economía, el control a la expansión de los cultivos ilícitos, y la protección del medio ambiente.
Los esfuerzos para pacificar el país a través del diálogo y la negociación, entre las fuerzas protagónicas, e incluso, las concesiones hechas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que es la principal organización guerrillera del país y al Ejercito de Liberación Nacional (ELN), la segunda organización armada en importancia, son esfuerzos nacionales, internos, que se complican aún más con las actividades criminales de los delincuentes comunes y con las acciones de las fuerzas paramilitares colombianas, conocidas como "Autodefensas Unidas de Colombia" (AUC), a las cuales se le atribuyen vinculaciones con el Ejército Colombiano y que compiten en crueldad con los otros grupos armados en actos inhumanos contra la población civil en áreas urbanas y rurales.
Las fuerzas paramilitares colombianas al decir de Thomas E. MacNamara, ex embajador en Bogotá y ex negociador del fallido CMA, son fuerzas que se tornaron poderosas por la debilidad del Gobierno. El Sistema Judicial, - sostiene MacNamara - es un ejemplo, y la corrupción y venalidad del Congreso Colombiano es otro ejemplo. La alusión de MacNamara es pertinente, singularmente al sostener que sin una estrategia respecto a los paramilitares, las FARC y el ELN, nunca transigirán por la paz, ni el Gobierno recuperará el control de las áreas rurales.
El presidente Clinton, en una conferencia de prensa en Cartagena, exhortó a los países fronterizos, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela que -según dijo-, están temerosos de las repercusiones negativas del Plan Colombia, mediante "un llamado personal" a sus líderes para que apoyen firmemente al presidente Pastrana y a su Plan Colombia y libren una batalla conjunta contra los narcóticos.
Soy decidido partidario de combatir nacional e internacionalmente, la producción, el consumo y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por ser éste un flagelo de la humanidad. Es un tema que tiene sus complejidades y que merece ser examinado a profundidad, como lo viene haciendo el Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Fiscalización Internacional del Uso Indebido de Drogas. Las Naciones Unidas proceden con una visión clara de que el crimen internacional organizado, el tráfico ilícito de estupefacientes y el terrorismo, se han venido desarrollando como fuerzas sociales, políticas y económicas capaces de alterar los destinos de países y regiones.
En la ejecución del Plan Colombia, cuya autoría corresponde al gobierno de Colombia, su administración aparentemente es asumida por el gobierno de los Estados Unidos, a través del Pentágono y con prescindencia de la DEA. Así se deduce de las informaciones transmitidas por los medios de comunicación norteamericanos, que aseguran que el Plan Colombia es la más ambiciosa irrupción del Pentágono en las Américas, que todo indica estará a cargo del Brigadier General Keith M. Huber, actual director de Operaciones del Comando Sur, con sede en Miami, cuya biografía luce como el curriculum de un curso preparatorio de veinte años, para dirigir la estrategia de contrainsurgencia en Colombia. El General Huber, actuará en coordinación con la embajada norteamericana en Bogotá, pero responderá y estará sujeto directamente a la autoridad del Comandante en Jefe del Comando Sur en Miami y del Pentágono en Washington.
Los temores de los países fronterizos a las repercusiones negativas del Plan Colombia, que también se pusieron de manifiesto el viernes pasado por 12 Presidentes sudamericanos en la Cumbre de Brasilia, ya habían sido expresados por dos importantes rotativos de los Estados Unidos. En opinión del diario Chicago Tribune, la estrategia del presidente Clinton hacia Colombia es muy arriesgada, porque su apoyo a las fuerzas armadas recrudecerá la violencia en ese país sudamericano. El New York Times, en su editorial del 31 de agosto, destaca sin rodeos que la entrega a Colombia de cerca de 1,000 millones de dólares en ayuda militar norteamericana, no parece ser la mejor vía para alentar a las partes a negociar la paz.
En la víspera de la visita de Clinton a Cartagena, el General Alberto Cardoso, ministro de Seguridad Nacional en el Brasil, afirmó que "el Plan Colombia, viene con un componente militar". La "responsabilidad" que Brasil tiene con la Amazonia, como área de interés vital para toda la humanidad, justifica la necesidad del Brasil de prepararse ante lo que pueda generar el componente militar que contiene el Plan Colombia.
La presidenta de la República, Mireya Moscoso, al dirigirse a la Nación en su discurso ante la Asamblea Legislativa, fijó en términos inequívocos la posición de Panamá. El gobierno panameño -declaró la Mandataria-, se mantendrá neutral ante la aplicación del Plan Colombia por parte de los Estados Unidos, pero pondrá en ejecución con sus propios recursos, un programa de contingencia ante una eventual oleada de desplazados. "El Acuerdo bilateral - dijo la Presidenta Moscoso - es entre Colombia y los Estados Unidos. Panamá no tiene, ni tendrá injerencia o participación alguna". Sin dejarse llevar de algunas contradictorias y desconcertantes posturas de altos personeros del Ministerio de Gobierno y de la Cancillería, la presidenta Moscoso habló alto y claro, con amplia resonancia continental, haciéndole honor a la tradición latinoamericanista de la nación panameña.
Sobre el tema, tengo una opinión fundada en las repetidas afirmaciones del presidente Pastrana: "Los colombianos no contamos con medios suficientes para resolver estos problemas por nosotros mismos". A mi juicio, la situación colombiana debería encontrar tratamiento y soluciones con la ayuda de los mecanismos internacionalmente convenidos en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en los mecanismos de consulta y concertación del Grupo de Río, que creo, fervientemente, debe revitalizarse para dinamizar el proceso de restauración de la paz en Colombia.
En ejercicio de la soberanía colombiana, el presidente Pastrana prefirió iniciar el año pasado, gestiones ante el Gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón, en busca de apoyo al propósito de paz que anima al Gobierno colombiano, que desde sus inicios en agosto de 1998, tal como lo definiera el despacho presidencial, concentró sus esfuerzos en guiar la acción del Estado y de los diferentes sectores de la sociedad colombiana, hacia la construcción de la paz como prioridad nacional. Fue así como el año pasado el presidente Pastrana dio a conocer el Plan Colombia, encuadrado en un programa de 7,500 millones de dólares, el cual, según el propio gobierno colombiano, "dentro del marco de una política de construcción de paz, liga las estrategias de negociación con la insurgencia, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado, la recuperación de la economía, el control a la expansión de los cultivos ilícitos, y la protección del medio ambiente.
Los esfuerzos para pacificar el país a través del diálogo y la negociación, entre las fuerzas protagónicas, e incluso, las concesiones hechas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que es la principal organización guerrillera del país y al Ejercito de Liberación Nacional (ELN), la segunda organización armada en importancia, son esfuerzos nacionales, internos, que se complican aún más con las actividades criminales de los delincuentes comunes y con las acciones de las fuerzas paramilitares colombianas, conocidas como "Autodefensas Unidas de Colombia" (AUC), a las cuales se le atribuyen vinculaciones con el Ejército Colombiano y que compiten en crueldad con los otros grupos armados en actos inhumanos contra la población civil en áreas urbanas y rurales.
Las fuerzas paramilitares colombianas al decir de Thomas E. MacNamara, ex embajador en Bogotá y ex negociador del fallido CMA, son fuerzas que se tornaron poderosas por la debilidad del Gobierno. El Sistema Judicial, - sostiene MacNamara - es un ejemplo, y la corrupción y venalidad del Congreso Colombiano es otro ejemplo. La alusión de MacNamara es pertinente, singularmente al sostener que sin una estrategia respecto a los paramilitares, las FARC y el ELN, nunca transigirán por la paz, ni el Gobierno recuperará el control de las áreas rurales.
El presidente Clinton, en una conferencia de prensa en Cartagena, exhortó a los países fronterizos, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela que -según dijo-, están temerosos de las repercusiones negativas del Plan Colombia, mediante "un llamado personal" a sus líderes para que apoyen firmemente al presidente Pastrana y a su Plan Colombia y libren una batalla conjunta contra los narcóticos.
Soy decidido partidario de combatir nacional e internacionalmente, la producción, el consumo y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por ser éste un flagelo de la humanidad. Es un tema que tiene sus complejidades y que merece ser examinado a profundidad, como lo viene haciendo el Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Fiscalización Internacional del Uso Indebido de Drogas. Las Naciones Unidas proceden con una visión clara de que el crimen internacional organizado, el tráfico ilícito de estupefacientes y el terrorismo, se han venido desarrollando como fuerzas sociales, políticas y económicas capaces de alterar los destinos de países y regiones.
En la ejecución del Plan Colombia, cuya autoría corresponde al gobierno de Colombia, su administración aparentemente es asumida por el gobierno de los Estados Unidos, a través del Pentágono y con prescindencia de la DEA. Así se deduce de las informaciones transmitidas por los medios de comunicación norteamericanos, que aseguran que el Plan Colombia es la más ambiciosa irrupción del Pentágono en las Américas, que todo indica estará a cargo del Brigadier General Keith M. Huber, actual director de Operaciones del Comando Sur, con sede en Miami, cuya biografía luce como el curriculum de un curso preparatorio de veinte años, para dirigir la estrategia de contrainsurgencia en Colombia. El General Huber, actuará en coordinación con la embajada norteamericana en Bogotá, pero responderá y estará sujeto directamente a la autoridad del Comandante en Jefe del Comando Sur en Miami y del Pentágono en Washington.
Los temores de los países fronterizos a las repercusiones negativas del Plan Colombia, que también se pusieron de manifiesto el viernes pasado por 12 Presidentes sudamericanos en la Cumbre de Brasilia, ya habían sido expresados por dos importantes rotativos de los Estados Unidos. En opinión del diario Chicago Tribune, la estrategia del presidente Clinton hacia Colombia es muy arriesgada, porque su apoyo a las fuerzas armadas recrudecerá la violencia en ese país sudamericano. El New York Times, en su editorial del 31 de agosto, destaca sin rodeos que la entrega a Colombia de cerca de 1,000 millones de dólares en ayuda militar norteamericana, no parece ser la mejor vía para alentar a las partes a negociar la paz.
En la víspera de la visita de Clinton a Cartagena, el General Alberto Cardoso, ministro de Seguridad Nacional en el Brasil, afirmó que "el Plan Colombia, viene con un componente militar". La "responsabilidad" que Brasil tiene con la Amazonia, como área de interés vital para toda la humanidad, justifica la necesidad del Brasil de prepararse ante lo que pueda generar el componente militar que contiene el Plan Colombia.
La presidenta de la República, Mireya Moscoso, al dirigirse a la Nación en su discurso ante la Asamblea Legislativa, fijó en términos inequívocos la posición de Panamá. El gobierno panameño -declaró la Mandataria-, se mantendrá neutral ante la aplicación del Plan Colombia por parte de los Estados Unidos, pero pondrá en ejecución con sus propios recursos, un programa de contingencia ante una eventual oleada de desplazados. "El Acuerdo bilateral - dijo la Presidenta Moscoso - es entre Colombia y los Estados Unidos. Panamá no tiene, ni tendrá injerencia o participación alguna". Sin dejarse llevar de algunas contradictorias y desconcertantes posturas de altos personeros del Ministerio de Gobierno y de la Cancillería, la presidenta Moscoso habló alto y claro, con amplia resonancia continental, haciéndole honor a la tradición latinoamericanista de la nación panameña.
