El precedente Montesinos
En la noche del domingo 22 de octubre el "turista" peruano, Vladimiro Montesinos, abandonó el territorio panameño en forma tan subrepticia como cuando llegó un mes antes. Dos años antes -casi día por día- una orden judicial emanada del juez español Baltazar Garzón, hacia que la policía de Londres detuviese al ex dictador chileno, General Augusto Pinochet, acusado de violaciones a los Derechos Humanos. ¿Por qué el Ministerio Público de Panamá no procedió en el caso Montesinos?
La "llamada de alerta" para los tiranos de todo el mundo que significó la detención en Londres de Pinochet, parece no haber llegado nunca a los pasillos del Ministerio Público panameño. Su principal rector y colaboradores se hicieron (una vez más) de la vista gorda y los chivos locos y- actuando de manera harto inescrupulosa- no procedieron a cumplir con el mandato legal al desentenderse olímpicamente de las denuncias que contra Valdimiro Montesinos, fueron debidamente interpuestas en los Despachos de la Procuraduría. Sin embargo, Montesinos salió de Panamá en un avión perteneciente a un empresario de dudosa reputación, pero que disfruta de una alta protección del Procurador.
Avergüenza muchísimo la codicia de aquellos conciudadanos que se dedicaron a promover, respaldar e intentar la permanencia en nuestro país, del tenebroso sujeto sobre el cual recaen serias sospechas y acusaciones concretas de haber cometido tortura y otros tratos y penas crueles, contra un número indeterminado de peruanos, desde su posición en el Servicio de Inteligencia Nacional del hermano país del sur. La presión de la opinión pública nacional y la acertada movilización internacional, de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos a nivel intercontinental, le cerró el paso a sus vulgares pretensiones.
Resultaron muy penosas -y por momentos irritantes, porque en ellos no hay la excusa de la ignorancia, el hambre o la desesperación- la actitud de esos empresarios, abogados, periodistas o dueños de medios de comunicación y otros, que se precipitaron a aplaudir la "solicitud de asilo" de Montesinos, pasando por alto las Convenciones Internacionales contra la Corrupción y contra la Tortura, la legislación nacional y pisoteando con sus demagógicas declaraciones los sagrados principios del Derecho de Asilo, el cual no debe ser otorgado jamás a quien ha practicado crímenes de lesa humanidad. No es de extrañar que con gente como ellos, el Estado de Derecho que requiere a gritos nuestra sociedad, se aleje cada día más de nuestras costas.
Lamentable, por decir lo menos, la indecisión y la inacción demostrada por el Gobierno que debió ser el primero -entre los primeros- sin cortapisas de ninguna naturaleza- en salvaguardar el principio del Derecho de Asilo y desechar el desecho, que el cretinismo de algunos funcionarios públicos pretendía arropar de impunidad en Panamá. ¿Cómo se explica que muchos (individuos y organizaciones) de los que decían oponerse a la dictadura militar y que hasta ayer proclamaban su adhesión a los principios guiadores de los Derechos Humanos, ahora, una vez que se han hecho cargo del nuevo gobierno democrático o para proteger sus intereses, demuestran una excesiva e inaceptable complacencia y prudencia frente a los violadores de esos Derechos y lazarillos de dictadores?
Pase lo que pase en Perú y cualquiera que sea la suerte que corran Fujimori y su Rasputín Montesinos, hay una lección que debemos aprender de inmediato y tener muy presente: Los altos funcionarios del Estado panameño y aquellos grupos que, por acción u omisión, avalaron la presencia de Montesinos en Panamá y cabildearon para que se le diese asilo, han contribuido más que cualquier lista negra, al desprestigio y repudio de nuestro país ante la opinión pública internacional que aboga por la libertad y la democracia, que lucha contra la corrupción y la impunidad.
Hago mías las palabras de Geoffrey Robertson, en su Crímenes Contra la Humanidad: la Lucha por la Justicia Global: "Los crímenes contra la humanidad sólo se impedirán cuando los aspirantes a cometerlos -ya sean líderes políticos, comandantes de campo o soldados y policías- tengan que pensárselo dos veces ante la posibilidad de no contar a partir de ese momento con un lugar donde ocultarse: ese castigo legal puede recaer algún día y en algún lugar sobre ellos... Esa posibilidad sólo es realista con la existencia de un Tribunal Penal Internacional competente sobre su delito o, en su ausencia, una norma que permita su sanción por tribunales de países bajo cuya jurisdicción pueden encontrarse o ante los cuales sean por ventura llevados... Dicho de otro modo, la jurisdicción existe en cualquier lugar donde se halle el infractor, y existe porque se le acusa de haber delinquido de un modo especialmente atroz. El concepto de la jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad es la solución que ofrece el Derecho Internacional para el espectáculo de impunidad de tiranos y torturadores que se protegen con inmunidades, amnistías e indultos nacionales. Pueden seguir ocultándose, pero en un mundo en el que la jurisdicción sobre sus crímenes es universal, no pueden escapar".
La "llamada de alerta" para los tiranos de todo el mundo que significó la detención en Londres de Pinochet, parece no haber llegado nunca a los pasillos del Ministerio Público panameño. Su principal rector y colaboradores se hicieron (una vez más) de la vista gorda y los chivos locos y- actuando de manera harto inescrupulosa- no procedieron a cumplir con el mandato legal al desentenderse olímpicamente de las denuncias que contra Valdimiro Montesinos, fueron debidamente interpuestas en los Despachos de la Procuraduría. Sin embargo, Montesinos salió de Panamá en un avión perteneciente a un empresario de dudosa reputación, pero que disfruta de una alta protección del Procurador.
Avergüenza muchísimo la codicia de aquellos conciudadanos que se dedicaron a promover, respaldar e intentar la permanencia en nuestro país, del tenebroso sujeto sobre el cual recaen serias sospechas y acusaciones concretas de haber cometido tortura y otros tratos y penas crueles, contra un número indeterminado de peruanos, desde su posición en el Servicio de Inteligencia Nacional del hermano país del sur. La presión de la opinión pública nacional y la acertada movilización internacional, de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos a nivel intercontinental, le cerró el paso a sus vulgares pretensiones.
Resultaron muy penosas -y por momentos irritantes, porque en ellos no hay la excusa de la ignorancia, el hambre o la desesperación- la actitud de esos empresarios, abogados, periodistas o dueños de medios de comunicación y otros, que se precipitaron a aplaudir la "solicitud de asilo" de Montesinos, pasando por alto las Convenciones Internacionales contra la Corrupción y contra la Tortura, la legislación nacional y pisoteando con sus demagógicas declaraciones los sagrados principios del Derecho de Asilo, el cual no debe ser otorgado jamás a quien ha practicado crímenes de lesa humanidad. No es de extrañar que con gente como ellos, el Estado de Derecho que requiere a gritos nuestra sociedad, se aleje cada día más de nuestras costas.
Lamentable, por decir lo menos, la indecisión y la inacción demostrada por el Gobierno que debió ser el primero -entre los primeros- sin cortapisas de ninguna naturaleza- en salvaguardar el principio del Derecho de Asilo y desechar el desecho, que el cretinismo de algunos funcionarios públicos pretendía arropar de impunidad en Panamá. ¿Cómo se explica que muchos (individuos y organizaciones) de los que decían oponerse a la dictadura militar y que hasta ayer proclamaban su adhesión a los principios guiadores de los Derechos Humanos, ahora, una vez que se han hecho cargo del nuevo gobierno democrático o para proteger sus intereses, demuestran una excesiva e inaceptable complacencia y prudencia frente a los violadores de esos Derechos y lazarillos de dictadores?
Pase lo que pase en Perú y cualquiera que sea la suerte que corran Fujimori y su Rasputín Montesinos, hay una lección que debemos aprender de inmediato y tener muy presente: Los altos funcionarios del Estado panameño y aquellos grupos que, por acción u omisión, avalaron la presencia de Montesinos en Panamá y cabildearon para que se le diese asilo, han contribuido más que cualquier lista negra, al desprestigio y repudio de nuestro país ante la opinión pública internacional que aboga por la libertad y la democracia, que lucha contra la corrupción y la impunidad.
Hago mías las palabras de Geoffrey Robertson, en su Crímenes Contra la Humanidad: la Lucha por la Justicia Global: "Los crímenes contra la humanidad sólo se impedirán cuando los aspirantes a cometerlos -ya sean líderes políticos, comandantes de campo o soldados y policías- tengan que pensárselo dos veces ante la posibilidad de no contar a partir de ese momento con un lugar donde ocultarse: ese castigo legal puede recaer algún día y en algún lugar sobre ellos... Esa posibilidad sólo es realista con la existencia de un Tribunal Penal Internacional competente sobre su delito o, en su ausencia, una norma que permita su sanción por tribunales de países bajo cuya jurisdicción pueden encontrarse o ante los cuales sean por ventura llevados... Dicho de otro modo, la jurisdicción existe en cualquier lugar donde se halle el infractor, y existe porque se le acusa de haber delinquido de un modo especialmente atroz. El concepto de la jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad es la solución que ofrece el Derecho Internacional para el espectáculo de impunidad de tiranos y torturadores que se protegen con inmunidades, amnistías e indultos nacionales. Pueden seguir ocultándose, pero en un mundo en el que la jurisdicción sobre sus crímenes es universal, no pueden escapar".
