El Presidente debe objetar el Código Penal

Al individuo particular aislado le basta con decir "yo no he hecho nada malo, por lo tanto soy una persona correcta". Sin embargo, las autoridades no pueden ampararse en el mismo criterio. Corrupto no sólo es el que comete irregularidades que le permiten aprovecharse de su posición pública en violación a las leyes, sino también el que permite que otros se aprovechen. En la medida en que se incrementa la jerarquía del cargo que se ejerce, aumentan las responsabilidades y el número de las personas por las que uno se responsabiliza. El funcionario que tiene la mayor cuota de responsabilidad es el Presidente de la República, porque él lidera un numeroso equipo de personas en toda la administración del Estado, a través de su consejo de ministros.
En el caso del actual mandatario, la cuota se duplica, pues no sólo es responsable por la gestión del Estado, sino por la dirección y orientación de la política, pues como secretario general y líder del colectivo mayoritario en la Asamblea, también ejerce un liderazgo indispensable al momento de definir el rumbo de la nación. El presidente Torrijos tiene una deuda con la ciudadanía en materia de lucha contra la corrupción. Sólo tiene que afirmar públicamente que no está de acuerdo con la decisión del Órgano Legislativo de rebajar las penas por delitos de corrupción en la administración pública y objetar esos artículos del proyecto de Código Penal aprobado por los diputados.
Las penas ahora son tan irrisoriamente bajas, que se ha convertido en un negocio atractivo el utilizar ventajosamente el ejercicio de las funciones públicas para el enriquecimiento privado. Por más que a uno se le imponga una condena, puede pagar los días de prisión convertidos en días-multa, y el dinero le sobra para seguir "muerto de la risa" disfrutando la riqueza mal habida.
Torrijos destruirá su imagen ante las presentes y futuras generaciones si sella con su firma esta desfachatez, que representaría la victoria de la corrupción sobre los esfuerzos de adecentamiento de la gestión pública.