El primer año de Unión por Panamá
Al cumplir el primer año de gobierno, se ha convertido en un frívolo pasatiempo nacional atacar sañudamente al régimen de Mireya Moscoso, exigiéndole cambios sustantivos más allá de la racionalidad política. Extrañamente, casi los mismos ciudadanos que le entregaron una victoria electoral contundente en todas las provincias, excepto comarcas indígenas, se precipitan a criticar despiadadamente a la alianza de arnulfistas y molirenas. Ejercicio funesto y suicida que, buscando desprestigiar políticamente al Gobierno Nacional, apenas en el inicio de su plan de gobierno, está sembrando pesimismo sobre el rumbo económico de Panamá como nación, y por esta razón hay que investigar sus causas a fondo. El aspecto más nocivo y preocupante de esta estrategia es que en ella incurren sectores empresariales que deben actuar con imparcialidad y tino, a diferencia de los sectores profesionales de oposición.
En el primer año de cualquier gobierno, una nueva administración se aboca en primer lugar a rectificar las medidas impopulares e incongruentes con su filosofía social. En esa línea, el gobierno de Mireya Moscoso elevó los aranceles, reclamados por los productores agropecuarios afectados por la acelerada globalización; restituyó las tasas originales de los intereses preferenciales de vivienda, acogiendo solicitudes de innumerables panameños y las empresas de construcción; se modificó la inspiración neoliberal de la Ley del Fondo Fiduciario, en consenso con el PRD, enmendando la paradoja de que un país subdesarrollado entregara sus ahorros para financiar a los países desarrollados en que estaban depositados a menos del 5% de interés. Se ha aprobado una nueva escala de salarios mínimos en una proporción mesurada y realista. Y en un gesto democrático no correspondido, el gobierno nombró director de la Caja de Seguro Social al candidato propuesto por los sindicatos que, en agradecimiento, se han lanzado a una agitación de corte anarcoide, y quieren construir una plataforma política con el dinero de todos los asegurados.
John Kennedy dijo en un celebrado discurso, que un ciudadano no sólo debe pedir que un país haga algo por él, sino que, primordialmente, debe plantearse qué hace él por el provecho de su país. En Panamá solamente se está pidiendo sin entregar algo. Solamente leemos y escuchamos una retahíla de quejas y exigencias de los sectores empresariales, pero es muy poco lo que leemos y escuchamos de lo que se proponen invertir estos mismos empresarios.
No pretendemos que el PRD, como partido principal de oposición, abdique de su deber democrático de fiscalizar las obras de gobierno, pero sí debemos recomendarle a su dirigencia que presente alternativas mucha más serias y coherentes que la lista de lavandería del acuerdo legislativo pactado con dos unidades de la democracia cristiana. Esta es una agenda planteada a espaldas del país real, una agenda superficial de menudencias reglamentarias de consumo interno para los legisladores, de afianzamiento de partidas circuitales para estimular el reeleccionismo y de distribución de puestos burocráticos.
Buena parte del empresariado panameño, aunque con excepciones importantes, creció en el pasado a base de mercados cautivos, eliminando la competencia externa con barreras arancelarias concedidas por el Estado. Pero ese proteccionismo anacrónico ha sido borrado por las nuevas concepciones económicas internacionales que no aceptan subsidios, barreras no arancelarias ni regímenes tributarios especiales para exportar.
Se debe reconocer que el gobierno ha cambiado su equipo económico de tinte partidario para absorber ejecutivos del sector privado de primer nivel. En el MIDA está el vicepresidente ejecutivo del Grupo Melo, Pedro Adán Gordón, para restablecer líneas rotas de colaboración y comunicación con la empresa privada, tanto para modernizar la producción agropecuaria como para reestructurar la exportación venida a menos por la falencia del banano, el camarón y el azúcar. En Economía y Finanzas se ha puesto un equipo de economistas de la nueva generación, con Norberto Delgado a la cabeza, reforzado con elementos provenientes del sector bancario y financiero con resolución de trabajar por el país. Sin embargo, ciertos voceros empresariales ignoran esta mano tendida del gobierno y siguen reclamando como si nada hubiera pasado.
Así como en algunos organismos empresariales cunde el reclamacionismo permanente, a la espera de la mano mágica del proteccionismo estatal, en otros sectores importantes como el bancario y financiero impera, por el contrario, la fe en el país, la confianza y el arrojo ante los desafíos del futuro. Hay que reconocerlo hidalgamente. El Banco General, el Banco del Istmo, el Banco Disa dan ejemplo de fe en el país, jugando el partido del triunfo de Panamá. Nada más justo y acertado que entregarles parte de los recursos del Fondo Fiduciario, en los porcentajes que asigna la ley, para ponerlos al servicio del desarrollo nacional.
Por otro lado, en las áreas revertidas no se nota mucho la presencia de empresas panameñas, excepto el Grupo Lymberópulos. Es un desafío que exige al empresariado panameño, creatividad, capacidad de innovación, audacia, con la mente volcada a los servicios del tráfico marítimo internacional.
En cuanto al gobierno de Unión por Panamá, es un deber decirle a la Presidenta de la República y los dirigentes que la acompañan que deben continuar reforzando la idoneidad técnica de sus cuadros de gobierno, nombrando funcionarios de primer nivel técnico, al margen de la pertenencia a los partidos oficiales. Ya se cumplió con la militancia en el primer año por su contribución a la campaña electoral. Es suficiente. Este es el momento de llamar a los profesionales capaces, que abundan en este país, para que colaboren constructiva y responsablemente en la reactivación económica. El gobierno debe abrirse mucho más de lo que ha hecho en el primer año al diálogo con los diversos sectores de la sociedad civil y desterrar el sectarismo partidario, que inunda la administración estatal de personas leales, pero sin competencia. Asimismo persiste la incapacidad del régimen para comunicar sus mensajes. Las oficinas de relaciones públicas de los ministerios pareciera que tienen la consigna de trabar la comunicación de los funcionarios con la prensa. Algunas veces el gobierno se gana críticas severas justificadas por la carencia de aptitud al diálogo abierto, como lo ha resaltado Manuel José Paredes, presidente de la Cámara de Comercio.
El gobierno no debe preocuparse por el control de la oposición de la mayoría de la Asamblea Legislativa. A mí me preocupa, por el contrario, que el Ejecutivo controle al Legislativo. Reconozcamos que el PRD ha demostrado su madurez política en la concertación de consensos en asuntos de trascendencia nacional y no se va a negar a discutir proyectos de alcance nacional.
A nivel legislativo el primer año ha sido muy pobre por carencia de iniciativas del Ejecutivo y por la esterilidad creativa de los legisladores oficialistas, más inclinados a confundir desorden con autonomía y a buscar protagonismos políticos con declaraciones insustanciales. Sabemos que hay escasa coordinación entre ministros y legisladores y que las guerrillas internas arnulfistas consumen un tiempo que debe dedicarse al trabajo coordinado y productivo. ¿ Por qué el Ejecutivo no deja en libertad a los ministros en el nombramiento de sus viceministros y funcionarios principales? El país espera mucho de los miembros de los partidos del gobierno a los que eligió con la esperanza multánime de mantener a Panamá en los primeros lugares del desarrollo social. Una de las reclamaciones más fundadas es la nominación de funcionarios independientes con idoneidad remarcable. Rompamos los anillos del favoritismo de partidos para que los mejores panameños trabajen para un Panamá mejor.
En el primer año de cualquier gobierno, una nueva administración se aboca en primer lugar a rectificar las medidas impopulares e incongruentes con su filosofía social. En esa línea, el gobierno de Mireya Moscoso elevó los aranceles, reclamados por los productores agropecuarios afectados por la acelerada globalización; restituyó las tasas originales de los intereses preferenciales de vivienda, acogiendo solicitudes de innumerables panameños y las empresas de construcción; se modificó la inspiración neoliberal de la Ley del Fondo Fiduciario, en consenso con el PRD, enmendando la paradoja de que un país subdesarrollado entregara sus ahorros para financiar a los países desarrollados en que estaban depositados a menos del 5% de interés. Se ha aprobado una nueva escala de salarios mínimos en una proporción mesurada y realista. Y en un gesto democrático no correspondido, el gobierno nombró director de la Caja de Seguro Social al candidato propuesto por los sindicatos que, en agradecimiento, se han lanzado a una agitación de corte anarcoide, y quieren construir una plataforma política con el dinero de todos los asegurados.
John Kennedy dijo en un celebrado discurso, que un ciudadano no sólo debe pedir que un país haga algo por él, sino que, primordialmente, debe plantearse qué hace él por el provecho de su país. En Panamá solamente se está pidiendo sin entregar algo. Solamente leemos y escuchamos una retahíla de quejas y exigencias de los sectores empresariales, pero es muy poco lo que leemos y escuchamos de lo que se proponen invertir estos mismos empresarios.
No pretendemos que el PRD, como partido principal de oposición, abdique de su deber democrático de fiscalizar las obras de gobierno, pero sí debemos recomendarle a su dirigencia que presente alternativas mucha más serias y coherentes que la lista de lavandería del acuerdo legislativo pactado con dos unidades de la democracia cristiana. Esta es una agenda planteada a espaldas del país real, una agenda superficial de menudencias reglamentarias de consumo interno para los legisladores, de afianzamiento de partidas circuitales para estimular el reeleccionismo y de distribución de puestos burocráticos.
Buena parte del empresariado panameño, aunque con excepciones importantes, creció en el pasado a base de mercados cautivos, eliminando la competencia externa con barreras arancelarias concedidas por el Estado. Pero ese proteccionismo anacrónico ha sido borrado por las nuevas concepciones económicas internacionales que no aceptan subsidios, barreras no arancelarias ni regímenes tributarios especiales para exportar.
Se debe reconocer que el gobierno ha cambiado su equipo económico de tinte partidario para absorber ejecutivos del sector privado de primer nivel. En el MIDA está el vicepresidente ejecutivo del Grupo Melo, Pedro Adán Gordón, para restablecer líneas rotas de colaboración y comunicación con la empresa privada, tanto para modernizar la producción agropecuaria como para reestructurar la exportación venida a menos por la falencia del banano, el camarón y el azúcar. En Economía y Finanzas se ha puesto un equipo de economistas de la nueva generación, con Norberto Delgado a la cabeza, reforzado con elementos provenientes del sector bancario y financiero con resolución de trabajar por el país. Sin embargo, ciertos voceros empresariales ignoran esta mano tendida del gobierno y siguen reclamando como si nada hubiera pasado.
Así como en algunos organismos empresariales cunde el reclamacionismo permanente, a la espera de la mano mágica del proteccionismo estatal, en otros sectores importantes como el bancario y financiero impera, por el contrario, la fe en el país, la confianza y el arrojo ante los desafíos del futuro. Hay que reconocerlo hidalgamente. El Banco General, el Banco del Istmo, el Banco Disa dan ejemplo de fe en el país, jugando el partido del triunfo de Panamá. Nada más justo y acertado que entregarles parte de los recursos del Fondo Fiduciario, en los porcentajes que asigna la ley, para ponerlos al servicio del desarrollo nacional.
Por otro lado, en las áreas revertidas no se nota mucho la presencia de empresas panameñas, excepto el Grupo Lymberópulos. Es un desafío que exige al empresariado panameño, creatividad, capacidad de innovación, audacia, con la mente volcada a los servicios del tráfico marítimo internacional.
En cuanto al gobierno de Unión por Panamá, es un deber decirle a la Presidenta de la República y los dirigentes que la acompañan que deben continuar reforzando la idoneidad técnica de sus cuadros de gobierno, nombrando funcionarios de primer nivel técnico, al margen de la pertenencia a los partidos oficiales. Ya se cumplió con la militancia en el primer año por su contribución a la campaña electoral. Es suficiente. Este es el momento de llamar a los profesionales capaces, que abundan en este país, para que colaboren constructiva y responsablemente en la reactivación económica. El gobierno debe abrirse mucho más de lo que ha hecho en el primer año al diálogo con los diversos sectores de la sociedad civil y desterrar el sectarismo partidario, que inunda la administración estatal de personas leales, pero sin competencia. Asimismo persiste la incapacidad del régimen para comunicar sus mensajes. Las oficinas de relaciones públicas de los ministerios pareciera que tienen la consigna de trabar la comunicación de los funcionarios con la prensa. Algunas veces el gobierno se gana críticas severas justificadas por la carencia de aptitud al diálogo abierto, como lo ha resaltado Manuel José Paredes, presidente de la Cámara de Comercio.
El gobierno no debe preocuparse por el control de la oposición de la mayoría de la Asamblea Legislativa. A mí me preocupa, por el contrario, que el Ejecutivo controle al Legislativo. Reconozcamos que el PRD ha demostrado su madurez política en la concertación de consensos en asuntos de trascendencia nacional y no se va a negar a discutir proyectos de alcance nacional.
A nivel legislativo el primer año ha sido muy pobre por carencia de iniciativas del Ejecutivo y por la esterilidad creativa de los legisladores oficialistas, más inclinados a confundir desorden con autonomía y a buscar protagonismos políticos con declaraciones insustanciales. Sabemos que hay escasa coordinación entre ministros y legisladores y que las guerrillas internas arnulfistas consumen un tiempo que debe dedicarse al trabajo coordinado y productivo. ¿ Por qué el Ejecutivo no deja en libertad a los ministros en el nombramiento de sus viceministros y funcionarios principales? El país espera mucho de los miembros de los partidos del gobierno a los que eligió con la esperanza multánime de mantener a Panamá en los primeros lugares del desarrollo social. Una de las reclamaciones más fundadas es la nominación de funcionarios independientes con idoneidad remarcable. Rompamos los anillos del favoritismo de partidos para que los mejores panameños trabajen para un Panamá mejor.
