El principio de autoridad
Que un grupo de mozalbetes causen disturbios en la vía pública, o que con actos de vandalismo contra su propio plantel educativo, provoquen daños a los bienes públicos utilizados en el llamado proceso de enseñanza-aprendizaje, parece de por sí demasiado grave para dejarlo pasar como si de una travesura menor se tratara.
De ahí que la sanción de expulsión del Instituto Nacional, impuesta contra tres revoltosos, parece ser lo adecuado.
Pero que esos mismos tres muchachos, aprovechando la oscuridad de la noche se tomen subrepticiamente la sede del colegio, arrojen sillas y pupitres por la escaleras y le impidan al resto de los alumnos de Nido de Águilas recibir sus clases, so pretexto de protestar contra la expulsión y, además, exigir la presencia del Presidente de la República, del Arzobispo Metropolitano y del Defensor del Pueblo, es un acto cuasi terrorista que debe ser castigado con severidad.
No resulta aceptable una negociación con los tres vándalos, y menos aún que la misma tenga como resultado el retiro de las denuncias pertinentes. ¿Dónde quedó el principio de autoridad?
