El que puso al que los puso
Hace poco tiempo, cuando Argentina tocó fondo durante los años de la crisis económica que la estremeciera al punto de producir la caída consecutiva de tres presidentes de la República, un conocido analista de ese país, con la intención de ubicar responsabilidades por lo acontecido, sentenció que los pueblos, más que el gobierno que se merecen, tienen el que se les parece. Juicio severo, si se quiere, pues cuesta trabajo aceptar, dentro del sistema democrático, la identificación del pueblo (y la culpa de las mayorías) con gobernantes, no sólo ineptos o indoctos, sino, además, con personajes de conducta reprochable, a quienes la justicia termina llamándolos a rendir cuentas por haber traspasado en exceso los umbrales del delito en el ejercicio de sus cargos.
Lamentablemente, este no es un tema de orden teórico; es una realidad de nuestra época, donde con frecuencia se considera válido desligar la política y la economía de la ética, pavimentándose en esa forma el camino de las prácticas corruptas con su secuela de daños ocasionados a la sociedad.
En nuestros días, los ejemplos sobran y no valdría la pena señalarlos de no tener amplios efectos sobre la buena o mala marcha de los acontecimientos en todos los países en donde estas cosas ocurren. Mientras las consecuencias de la corrupción han sido devastadoras en el Brasil de Color de Mello, en el Perú de Fujimori y en la Argentina de Carlos Menem, está sobradamente demostrada la estrecha relación existente, en países como Noruega y Nueva Zelandia, entre el cultivo de los valores éticos y los grados de bienestar y prosperidad logrados en esas sociedades.
En Noruega, por ejemplo, su potente economía y el altísimo desarrollo social alcanzado no podrían entenderse a cabalidad si se hiciese abstracción del intenso debate que sobre esos valores impulsa el propio gobierno desde el sistema educativo en todos los niveles, así como tampoco podrían ser explicados sin las rigurosas exigencias éticas impuestas a sus líderes.
Aún admitiendo aquello de que en una democracia el único que tiene derecho a equivocarse es el pueblo, como decía el ex presidente Carazo Odio de Costa Rica, ese mismo pueblo está obligado a asimilar ciertas enseñanzas importantes, pues al final y de manera inexorable es quien terminará pagando el precio de esas equivocaciones.
Conviene recordar, a propósito, la ocasión memorable en que el profesor José de Jesús Martínez (Chuchù) le respondiera a quienes se quejaban de la pésima gestión del jefe de una entidad autónoma: "... la culpa es del que lo puso y del que puso al que lo puso"; lección imprescindible, si se quiere abordar con realismo el análisis de estos problemas.
Muchos de los desaciertos del anterior gobierno eran del conocimiento público, factor que explica su histórica derrota electoral, pero no será hasta cuando se conozca con más detalles el inventario de la mala administración cumplida, cuando se podrán valorar los verdaderos y onerosos saldos heredados por el país en los últimos cinco años.
Por ahora, a penas pasadas las primeras semanas, ya sabemos de la pavorosa realidad de las finanzas del Estado y, poco a poco, gradualmente, a medida que las auditorías ordenadas por el Presidente de la República vayan arrojando resultados, es de esperar que la población panameña se entere también sobre quiénes favorecieron los privilegios, el despilfarro y la frivolidad con que fuimos gobernados.
Hay hechos que son inocultables y acerca de los que se tendrán que dar explicaciones. Es el caso del cuestionado manejo de los fondos entregados por un gobierno extranjero para ser invertidos en determinadas obras del Estado. Es obvia la resistencia a rendir cuentas pretextando la creación de fundaciones de fachada, establecidas con el aparente propósito de desnaturalizar el carácter público de los recursos recibidos en donación por el Estado.
Existe, por otro lado, la percepción de que las prácticas ligadas a un manejo irregular o ilícito de los fondos públicos, en vez de cesar después de celebradas las elecciones, se acentuaron en el último tramo de la gestión del gobierno anterior, produciéndose algo así como una especie de carrera desbocada para disponer de los bienes públicos, sin control de ninguna naturaleza. De confirmarse las sospechas que recaen sobre muchos funcionarios del gobierno anterior la cuestión se agrava, pues sería un indicador de que no pesó en el ánimo de quienes actuaron en esa forma ningún temor por las consecuencias de sus acciones o, lo que no deja de ser peor, que lo hicieron con la tranquilidad y bajo la certeza de que terminarán burlándose de la justicia. Todo esto ocurrió a ciencia y paciencia de la Contraloría General de la República, institución llamada a poner freno a esa clase de desmanes.
Por lo pronto no deja de ser un aliciente cívico y esperanzador la distancia puesta por el grueso del electorado y quienes hasta hace muy poco tiempo gobernaron, sobre todo si esa distancia pudiera ser interpretada como que, entre ambos, existen enormes diferencias. En otras palabras, que el pueblo panameño no se les parece y por eso decidió escoger esta vez a los gobernantes que se merece.
Lamentablemente, este no es un tema de orden teórico; es una realidad de nuestra época, donde con frecuencia se considera válido desligar la política y la economía de la ética, pavimentándose en esa forma el camino de las prácticas corruptas con su secuela de daños ocasionados a la sociedad.
En nuestros días, los ejemplos sobran y no valdría la pena señalarlos de no tener amplios efectos sobre la buena o mala marcha de los acontecimientos en todos los países en donde estas cosas ocurren. Mientras las consecuencias de la corrupción han sido devastadoras en el Brasil de Color de Mello, en el Perú de Fujimori y en la Argentina de Carlos Menem, está sobradamente demostrada la estrecha relación existente, en países como Noruega y Nueva Zelandia, entre el cultivo de los valores éticos y los grados de bienestar y prosperidad logrados en esas sociedades.
En Noruega, por ejemplo, su potente economía y el altísimo desarrollo social alcanzado no podrían entenderse a cabalidad si se hiciese abstracción del intenso debate que sobre esos valores impulsa el propio gobierno desde el sistema educativo en todos los niveles, así como tampoco podrían ser explicados sin las rigurosas exigencias éticas impuestas a sus líderes.
Aún admitiendo aquello de que en una democracia el único que tiene derecho a equivocarse es el pueblo, como decía el ex presidente Carazo Odio de Costa Rica, ese mismo pueblo está obligado a asimilar ciertas enseñanzas importantes, pues al final y de manera inexorable es quien terminará pagando el precio de esas equivocaciones.
Conviene recordar, a propósito, la ocasión memorable en que el profesor José de Jesús Martínez (Chuchù) le respondiera a quienes se quejaban de la pésima gestión del jefe de una entidad autónoma: "... la culpa es del que lo puso y del que puso al que lo puso"; lección imprescindible, si se quiere abordar con realismo el análisis de estos problemas.
Muchos de los desaciertos del anterior gobierno eran del conocimiento público, factor que explica su histórica derrota electoral, pero no será hasta cuando se conozca con más detalles el inventario de la mala administración cumplida, cuando se podrán valorar los verdaderos y onerosos saldos heredados por el país en los últimos cinco años.
Por ahora, a penas pasadas las primeras semanas, ya sabemos de la pavorosa realidad de las finanzas del Estado y, poco a poco, gradualmente, a medida que las auditorías ordenadas por el Presidente de la República vayan arrojando resultados, es de esperar que la población panameña se entere también sobre quiénes favorecieron los privilegios, el despilfarro y la frivolidad con que fuimos gobernados.
Hay hechos que son inocultables y acerca de los que se tendrán que dar explicaciones. Es el caso del cuestionado manejo de los fondos entregados por un gobierno extranjero para ser invertidos en determinadas obras del Estado. Es obvia la resistencia a rendir cuentas pretextando la creación de fundaciones de fachada, establecidas con el aparente propósito de desnaturalizar el carácter público de los recursos recibidos en donación por el Estado.
Existe, por otro lado, la percepción de que las prácticas ligadas a un manejo irregular o ilícito de los fondos públicos, en vez de cesar después de celebradas las elecciones, se acentuaron en el último tramo de la gestión del gobierno anterior, produciéndose algo así como una especie de carrera desbocada para disponer de los bienes públicos, sin control de ninguna naturaleza. De confirmarse las sospechas que recaen sobre muchos funcionarios del gobierno anterior la cuestión se agrava, pues sería un indicador de que no pesó en el ánimo de quienes actuaron en esa forma ningún temor por las consecuencias de sus acciones o, lo que no deja de ser peor, que lo hicieron con la tranquilidad y bajo la certeza de que terminarán burlándose de la justicia. Todo esto ocurrió a ciencia y paciencia de la Contraloría General de la República, institución llamada a poner freno a esa clase de desmanes.
Por lo pronto no deja de ser un aliciente cívico y esperanzador la distancia puesta por el grueso del electorado y quienes hasta hace muy poco tiempo gobernaron, sobre todo si esa distancia pudiera ser interpretada como que, entre ambos, existen enormes diferencias. En otras palabras, que el pueblo panameño no se les parece y por eso decidió escoger esta vez a los gobernantes que se merece.
