El rechazo al presupuesto del 2002
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa rechazó la propuesta presupuestaria presentada por el Ejecutivo para el año 2002, expuso su decisión al Pleno y procedió a devolverla al Gobierno, con el tiempo suficiente para que evalúe tal decisión y proceda en consecuencia antes de finales de año. En este análisis, presentaremos las razones de tal decisión, que tienen que ver a nuestro juicio, con la visión que tiene este gobierno del desarrollo, con su incapacidad para conciliar esa visión con la realidad económica y financiera que vive el país, con la ausencia de criterios de priorización del gasto y con la percepción responsable compartida a lo interno y externo del país, de que tal manejo tiene que acotarse. Ah, y para nada con el morbo de las partidas circuitales para los legisladores.
En su discurso del pasado primero de septiembre, la Presidenta de la República expresó- palabras más, palabras menos- que en países como el nuestro, la buena gestión de un gobierno está asociada con altos niveles de ejecución del gasto público. En esos momentos, condenamos tal visión, ya que la misma circunscribe en forma muy simplista el éxito de un gobierno, que también tiene que ver, entre otras, con la esperanza que proyecte, con la estabilidad política y seguridad jurídica que garantice y con las libertades y participación ciudadana que promueva.
La cosa no es tan simple como que a mayor plata disponible mayor garantía de éxito gubernamental. Es más, en ocasiones, los rechazos ciudadanos a sus gobiernos son de tal magnitud, que toda la plata y oro del mundo no alcanzan para revertir la percepción social negativa hacia estos. Tal visión gubernamental en medio de las difíciles realidades que vive el país fue lo que produjo el proyecto de presupuesto presentado, que busca, sin contar con los ahorros fiscales necesarios, fomentar un gasto público expansivo, que jamás bajo las condiciones actuales podrá reactivar la economía. Además, el presupuesto presentado también nos demuestra la incapacidad y falta de liderazgo de los responsables de las finanzas públicas para conciliar aspiraciones con realidades.
Durante las discusiones del Presupuesto del año 2001, la Comisión de Presupuesto le advirtió al Gobierno que los ingresos presupuestarios estaban sobreestimados, porque las proyecciones de crecimiento económico gubernamentales no eran alcanzables. Meses después, el Ejecutivo tuvo que reconocer la realidad de tal advertencia y puso en práctica medidas para cerrar las diferencias entre los ingresos y los gastos presupuestados, lo que se conoce como déficit.
Así, tomó B/ 102.0 millones del Fondo Fiduciario, B/ 57.0 de la reestructuración financiera de EDEMET-EDECHI y buscó la forma para que la Asamblea, le aprobara en sesiones extraordinarias otros B/ 150.0 millones para proyectos de inversión del IDAAN, que amparados en las reales necesidades de agua de la población, iban también destinados a cubrir el déficit de este año. También aplicó medidas de contención del gasto, pero aún así el déficit estimado para este año se sitúa entre el 2.8% y el 3.0% del PIB, muy distante del 0%, acordado con el FMI.
Con estos antecedentes y en vista de que para el año 2002 la situación económica del país no será mejor que en el año 2001, nos llamó la atención que el Gobierno estimara para el próximo año, en comparación con el presente, incrementos de los ingresos totales del 3%, de los gastos totales de funcionamiento del 10.2% y de inversiones del 18.2%. ¿De dónde saldrán esos recursos? ¿Para qué someter al país a una situación ficticia, con proyectos y gastos que no podrán realizarse por falta de recursos? ¿Para qué llevar a la Asamblea un presupuesto que proyecta un déficit para el 2002 del 3.4% del PIB, lo que ha encendido las luces rojas de las empresas calificadoras de riesgo?
En vez de priorizar los escasos recursos donde se pronostican incrementos de demandas de servicios públicos por razón de la crisis financiera y económica que vivimos, el Gobierno se aumenta en gastos de operación, y sin ninguna justificación cerca de B/. 28.0 millones para la Presidencia, Gobierno y Justicia, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas. Sin embargo, estamos a la espera de que la Administración informe cómo las instituciones responsables atenderán la avalancha de gente que no utilizará el próximo año los servicios privados de salud y educación por razón del descenso del nivel de ingresos familiares que afecta a una buena parte de nuestra sociedad.
En vista de que el presupuesto presentado no está bien formulado ni cuenta con el financiamiento que un nivel responsable de endeudamiento adicional soporta el país, la Asamblea decidió rechazarlo, dejándole, como lo establece la Constitución, la responsabilidad de reformularlo al Ejecutivo. Esto es, que decida donde corta lo superfluo, donde reasigna a lo prioritario y como financiará lo necesario. Es más, la Asamblea tomó tal decisión con el tiempo necesario, para que el Gobierno le envíe de vuelta un presupuesto para el 2002 que tampoco contenga las partidas circuitales y retire el morbo de las mismas, de la discusión de un tema tan serio para el país.
Un presupuesto ajustado a la realidad, y otras medidas (que no son materia de esta análisis) garantizaría que todos los empleados públicos conserven su trabajo, que todas las escuelas, centros de salud y hospitales funcionen adecuadamente, que se construyan los proyectos de expansión del IDAAN, que los ciudadanos vivamos en un país seguro y que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y responsabilidades. Estamos a tiempo para hacerlo y deberíamos tener la voluntad para lograrlo.
En su discurso del pasado primero de septiembre, la Presidenta de la República expresó- palabras más, palabras menos- que en países como el nuestro, la buena gestión de un gobierno está asociada con altos niveles de ejecución del gasto público. En esos momentos, condenamos tal visión, ya que la misma circunscribe en forma muy simplista el éxito de un gobierno, que también tiene que ver, entre otras, con la esperanza que proyecte, con la estabilidad política y seguridad jurídica que garantice y con las libertades y participación ciudadana que promueva.
La cosa no es tan simple como que a mayor plata disponible mayor garantía de éxito gubernamental. Es más, en ocasiones, los rechazos ciudadanos a sus gobiernos son de tal magnitud, que toda la plata y oro del mundo no alcanzan para revertir la percepción social negativa hacia estos. Tal visión gubernamental en medio de las difíciles realidades que vive el país fue lo que produjo el proyecto de presupuesto presentado, que busca, sin contar con los ahorros fiscales necesarios, fomentar un gasto público expansivo, que jamás bajo las condiciones actuales podrá reactivar la economía. Además, el presupuesto presentado también nos demuestra la incapacidad y falta de liderazgo de los responsables de las finanzas públicas para conciliar aspiraciones con realidades.
Durante las discusiones del Presupuesto del año 2001, la Comisión de Presupuesto le advirtió al Gobierno que los ingresos presupuestarios estaban sobreestimados, porque las proyecciones de crecimiento económico gubernamentales no eran alcanzables. Meses después, el Ejecutivo tuvo que reconocer la realidad de tal advertencia y puso en práctica medidas para cerrar las diferencias entre los ingresos y los gastos presupuestados, lo que se conoce como déficit.
Así, tomó B/ 102.0 millones del Fondo Fiduciario, B/ 57.0 de la reestructuración financiera de EDEMET-EDECHI y buscó la forma para que la Asamblea, le aprobara en sesiones extraordinarias otros B/ 150.0 millones para proyectos de inversión del IDAAN, que amparados en las reales necesidades de agua de la población, iban también destinados a cubrir el déficit de este año. También aplicó medidas de contención del gasto, pero aún así el déficit estimado para este año se sitúa entre el 2.8% y el 3.0% del PIB, muy distante del 0%, acordado con el FMI.
Con estos antecedentes y en vista de que para el año 2002 la situación económica del país no será mejor que en el año 2001, nos llamó la atención que el Gobierno estimara para el próximo año, en comparación con el presente, incrementos de los ingresos totales del 3%, de los gastos totales de funcionamiento del 10.2% y de inversiones del 18.2%. ¿De dónde saldrán esos recursos? ¿Para qué someter al país a una situación ficticia, con proyectos y gastos que no podrán realizarse por falta de recursos? ¿Para qué llevar a la Asamblea un presupuesto que proyecta un déficit para el 2002 del 3.4% del PIB, lo que ha encendido las luces rojas de las empresas calificadoras de riesgo?
En vez de priorizar los escasos recursos donde se pronostican incrementos de demandas de servicios públicos por razón de la crisis financiera y económica que vivimos, el Gobierno se aumenta en gastos de operación, y sin ninguna justificación cerca de B/. 28.0 millones para la Presidencia, Gobierno y Justicia, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas. Sin embargo, estamos a la espera de que la Administración informe cómo las instituciones responsables atenderán la avalancha de gente que no utilizará el próximo año los servicios privados de salud y educación por razón del descenso del nivel de ingresos familiares que afecta a una buena parte de nuestra sociedad.
En vista de que el presupuesto presentado no está bien formulado ni cuenta con el financiamiento que un nivel responsable de endeudamiento adicional soporta el país, la Asamblea decidió rechazarlo, dejándole, como lo establece la Constitución, la responsabilidad de reformularlo al Ejecutivo. Esto es, que decida donde corta lo superfluo, donde reasigna a lo prioritario y como financiará lo necesario. Es más, la Asamblea tomó tal decisión con el tiempo necesario, para que el Gobierno le envíe de vuelta un presupuesto para el 2002 que tampoco contenga las partidas circuitales y retire el morbo de las mismas, de la discusión de un tema tan serio para el país.
Un presupuesto ajustado a la realidad, y otras medidas (que no son materia de esta análisis) garantizaría que todos los empleados públicos conserven su trabajo, que todas las escuelas, centros de salud y hospitales funcionen adecuadamente, que se construyan los proyectos de expansión del IDAAN, que los ciudadanos vivamos en un país seguro y que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y responsabilidades. Estamos a tiempo para hacerlo y deberíamos tener la voluntad para lograrlo.
