El reinado de la corrupción
En momentos en que la ciudadanía lucha contra la sinvergüenzura en la Asamblea, hay que hacer una observación a la opinión emitida por Samuel Lewis Galindo, de que las partidas circuitales tuvieron su origen en el gobierno de Guillermo Endara (El Panamá América, 7 de julio del 2000). Lo cierto es que, el reinado de la corrupción en la Asamblea se remonta a la dictadura militar de Omar Torrijos.
Cuando Torrijos y sus asesores dictaminaron que necesitaban una Asamblea para darle visos de legitimidad a la dictadura militar, inventaron una institución supuestamente representativa asegurándose de que jamás tendría independencia. La Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento no sólo estaba maniatada por la Constitución de 1972--redactada por Torrijos y compañía--cuyo artículo 277 otorgó a Torrijos poderes casi sin límite, y por el artículo 2, que elevó a la Guardia Nacional al mismo nivel que el poder legislativo y el poder judicial. Crearon una asamblea de vagos acostumbrados a vivir del Gobierno, porque la Constitución de 1972 no les otorgó facultades para legislar ni fiscalizar, funciones esenciales de toda auténtica asamblea representativa.
Aquellos vagos no tenían poder para legislar, pero sí para rebuscar y chantajear. En octubre de 1978, cuando la Asamblea tenía pendiente la elección para presidente de Aristides Royo--seleccionado por Torrijos "de a dedo"--a los representantes de corregimiento les dio por ser chantajistas.
Exigieron por su participación en aquella maniobra: asistencia médica de por vida pagada por el Estado, subsidios por invalidez y muerte, además de funerales por cuenta del Estado. Como habían firmado la Constitución de 1972, ya tenían derecho a pasaporte diplomático y placa para sus autos vitalicia. Royo, por su parte, ansioso de que lo "eligieran", prometió a los 374 representantes que no habían sido reelegidos en las elecciones del 6 de agosto que el Estado continuaría pagando sus salarios hasta que obtuvieran un empleo en el Gobierno (Crítica 7 de octubre de 1978).
El reinado de corrupción adquirió más impulso cuando la Asamblea Legislativa reemplazó a la Asamblea de Representantes de Corregimientos. En 1984, después de imposición fraudulenta en la presidencia del candidato del PRD, Nicolás Ardito Barletta, a los legisladores --algunos con credenciales también fraudulentas-- se les asignaron emolumentos mensuales por la escandalosa suma de B/. 7,000. Además, obtuvieron fondos para manejar a su antojo bajo el denominado "programa multiagencial de proyectos comunitarios", que después se transformó en "programa de iniciativas parlamentarias", nombre oficial de lo que hoy se conoce como "partidas circuitales" (Carlos Guevara Mann, tesis doctoral).
En 1990, se estableció que la suma que así manejaban algunos legisladores de la alianza norieguista en la Asamblea ascendía a B/. 4.3 millones. Fueron llamados a rendir cuentas los ex legisladores que administraron estos fondos: Rigoberto Paredes, Alberto Alemán Boyd, Martín Serrano, Pedro Brin Martínez, Ovidio Díaz, Florencio Asprilla, Gustavo Nelson Collado y José Young. Entre éstos, se decía que el ex legislador Rigoberto Paredes recibió: B/. 24,000 para acondicionar tres campos deportivos; materiales de construcción por un valor de B/. 7,000.00; para la construcción del Gimnasio de Arraiján B/. 50,000.00; para camisetas e implementos deportivos B/. 78,000.00; para 4,000 banderas deportivas, B/. 16,000.00; como apoyo económico a trabajos en Arraiján, B/. 20,000.00; por bolsas de Navidad para distribuir en la comunidad, B/. 10,000.00; y por misceláneos y reembolsos, B/. 32,400.00 (La Prensa, 27 de enero de 1990).
El Gobierno de Endara no instituyó las partidas circuitales. El reinado de la corrupción en la Asamblea, que fomenta en los candidatos a legislador el deseo de ser elegidos para enriquecerse y vivir sempiternamente a costa del Gobierno, data de muy atrás. Hoy ha llegado al punto que se supone que muchos aspiran a ser legislador por la plata. ¿Qué pensar, por ejemplo, del perredista Vicente Magallón --hoy legislador-- quien siendo candidato admitió que el costo de su campaña ascendía a B/. 500,000, suma que dijo haber financiado con sus ahorros como transportista por más de diez años y el apoyo económico de colegas como el transportista y legislador Franz Wever? (El Panamá América 28 de febrero de 1999). El que invierte semejante suma de dinero --medio millón de balboas-- no lo hace graciosamente, especialmente cuando el salario básico que espera recibir en los cinco años de su mandato asciende a unos B/. 420,000. Se entiende, por lo tanto, que no sólo hay que eliminar las partidas circuitales y exigir que se descubran las fuentes de financiación de los partidos, sino poner un límite a lo que pueden invertir los candidatos a legislador en una campaña electoral.
Cuando Torrijos y sus asesores dictaminaron que necesitaban una Asamblea para darle visos de legitimidad a la dictadura militar, inventaron una institución supuestamente representativa asegurándose de que jamás tendría independencia. La Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento no sólo estaba maniatada por la Constitución de 1972--redactada por Torrijos y compañía--cuyo artículo 277 otorgó a Torrijos poderes casi sin límite, y por el artículo 2, que elevó a la Guardia Nacional al mismo nivel que el poder legislativo y el poder judicial. Crearon una asamblea de vagos acostumbrados a vivir del Gobierno, porque la Constitución de 1972 no les otorgó facultades para legislar ni fiscalizar, funciones esenciales de toda auténtica asamblea representativa.
Aquellos vagos no tenían poder para legislar, pero sí para rebuscar y chantajear. En octubre de 1978, cuando la Asamblea tenía pendiente la elección para presidente de Aristides Royo--seleccionado por Torrijos "de a dedo"--a los representantes de corregimiento les dio por ser chantajistas.
Exigieron por su participación en aquella maniobra: asistencia médica de por vida pagada por el Estado, subsidios por invalidez y muerte, además de funerales por cuenta del Estado. Como habían firmado la Constitución de 1972, ya tenían derecho a pasaporte diplomático y placa para sus autos vitalicia. Royo, por su parte, ansioso de que lo "eligieran", prometió a los 374 representantes que no habían sido reelegidos en las elecciones del 6 de agosto que el Estado continuaría pagando sus salarios hasta que obtuvieran un empleo en el Gobierno (Crítica 7 de octubre de 1978).
El reinado de corrupción adquirió más impulso cuando la Asamblea Legislativa reemplazó a la Asamblea de Representantes de Corregimientos. En 1984, después de imposición fraudulenta en la presidencia del candidato del PRD, Nicolás Ardito Barletta, a los legisladores --algunos con credenciales también fraudulentas-- se les asignaron emolumentos mensuales por la escandalosa suma de B/. 7,000. Además, obtuvieron fondos para manejar a su antojo bajo el denominado "programa multiagencial de proyectos comunitarios", que después se transformó en "programa de iniciativas parlamentarias", nombre oficial de lo que hoy se conoce como "partidas circuitales" (Carlos Guevara Mann, tesis doctoral).
En 1990, se estableció que la suma que así manejaban algunos legisladores de la alianza norieguista en la Asamblea ascendía a B/. 4.3 millones. Fueron llamados a rendir cuentas los ex legisladores que administraron estos fondos: Rigoberto Paredes, Alberto Alemán Boyd, Martín Serrano, Pedro Brin Martínez, Ovidio Díaz, Florencio Asprilla, Gustavo Nelson Collado y José Young. Entre éstos, se decía que el ex legislador Rigoberto Paredes recibió: B/. 24,000 para acondicionar tres campos deportivos; materiales de construcción por un valor de B/. 7,000.00; para la construcción del Gimnasio de Arraiján B/. 50,000.00; para camisetas e implementos deportivos B/. 78,000.00; para 4,000 banderas deportivas, B/. 16,000.00; como apoyo económico a trabajos en Arraiján, B/. 20,000.00; por bolsas de Navidad para distribuir en la comunidad, B/. 10,000.00; y por misceláneos y reembolsos, B/. 32,400.00 (La Prensa, 27 de enero de 1990).
El Gobierno de Endara no instituyó las partidas circuitales. El reinado de la corrupción en la Asamblea, que fomenta en los candidatos a legislador el deseo de ser elegidos para enriquecerse y vivir sempiternamente a costa del Gobierno, data de muy atrás. Hoy ha llegado al punto que se supone que muchos aspiran a ser legislador por la plata. ¿Qué pensar, por ejemplo, del perredista Vicente Magallón --hoy legislador-- quien siendo candidato admitió que el costo de su campaña ascendía a B/. 500,000, suma que dijo haber financiado con sus ahorros como transportista por más de diez años y el apoyo económico de colegas como el transportista y legislador Franz Wever? (El Panamá América 28 de febrero de 1999). El que invierte semejante suma de dinero --medio millón de balboas-- no lo hace graciosamente, especialmente cuando el salario básico que espera recibir en los cinco años de su mandato asciende a unos B/. 420,000. Se entiende, por lo tanto, que no sólo hay que eliminar las partidas circuitales y exigir que se descubran las fuentes de financiación de los partidos, sino poner un límite a lo que pueden invertir los candidatos a legislador en una campaña electoral.
