El relajo de los asesores
A diferencia de otros países que muestran un especial arraigo por lo nacional, en Panamá ocurren cosas verdaderamente insólitas. Y no es que nos hayamos vuelto chauvinistas, ni nada por el estilo, sino que en algunas cosas simplemente el gobierno debe ser más serio frente a la población. En el mes de junio pasado se supo en Panamá, que la Presidenta de la República tenía como una de sus principales asesoras a Anabella Diez de Rodríguez, una exdiputada del hermano país costarricense. Se supo públicamente del asunto, porque el diario La Prensa, informó que la susodicha asesora había integrado la comitiva oficial de la Presidenta como "Embajadora Plenipotenciaria en Misión Oficial", lo cual, posteriormente, la Embajada en Washington atribuyó la información a un error involuntario, ya que se trataba sólo de una "asesora en asuntos de imagen". De allí que de inmediato solicitáramos a la Procuraduría de la Administración una opinión sobre si un extranjero podía ostentar el cargo de Embajador de la República de Panamá, consulta ésta que luego hizo el legislador Rubén Arosemena y que aún está pendiente de ser absuelta.
En el desarrollo de este asunto de los asesores extranjeros al servicio del Gobierno, pudimos unir esfuerzos con el periodista Rafael Pérez Jaramillo de El Panamá América, descubriendo en el camino que en alguno de los estamentos de seguridad del Estado panameño laboraba o "prestaba servicios profesionales" un ex alto oficial del Ejército de los Estados Unidos, apellidado Fitzgerald. De inmediato, remitimos con fecha 3 de julio pasado, nota al Contralor General de la República a efecto de que, por el derecho que nos concede a todos los ciudadanos la Constitución Nacional (Artículo 41), pudiésemos obtener copia de ambos contratos a efecto de poder analizarlos, ya que en el caso de la señora Rodríguez se filtró que el mismo ascendía a la suma de B/.90.000.00 al año, mucho más que los B/.7.000.00 que gana un ministro panameño, ya que esa suma no se le descuenta absolutamente nada, y muchísimo más que un ministro tico, que sólo llega a ganar un poco más de B/.7.200.00 al mes. Allí incluimos al Coronel o Comandante William o Mike Fitzerald, quien, posteriormente se supo, era el esposo de la principal secretaria de la presidenta Moscoso, según se sabe, de nacionalidad salvadoreña o cubana.
El pasado 14 de agosto tuvimos que remitir otra nota al Contralor, reiterando la anterior, ya que se había vencido en exceso el término de 30 días que la ley le otorga para atender este tipo de "respetuosas peticiones", para usar el mismo lenguaje de la Constitución.
El asunto de los asesores se ha puesto al rojo vivo luego del reportaje que preparó sobre el tema Rafael Pérez Jaramillo, publicado en El Panamá América, el pasado domingo 13 de agosto. Según revela la investigación periodística, en el caso de Fitzgerald no se trata de cualquier "asesor militar", sino de alguien que ha ocupado cargos diplomáticos de su país, ha servido de asesor en Colombia y según se supo, también formó parte del equipo que discutió con Panamá el asunto del CMA. Esto último negado por Relaciones Públicas de la Presidencia. Peor aún, según lo investigado, debe haber más asesores de ese tipo en Panamá, ya que la presencia de los mismos en el país podría estar amparadas en un acuerdo nacido de un canje de notas que data de 1962, el cual, en una u otra forma, ha servido para facilitar (o encubrir) el trabajo de este tipo de misiones militares y que en los tiempos en que Noriega era tan amigo de los gringos, debieron ser muy comunes en nuestro territorio.
En ocasión anterior señalamos sobre lo peligroso de este tipo de asesoría, sobretodo cuando las mismas tienen un acceso tan directo a la Presidencia de la República. Y repetimos, no queremos que se nos tilde de chauvinistas, sin embargo es preciso señalar que se trata de asuntos muy sensitivos para el país. Es por ello que le reiteramos al contralor Weeden nos remita esa lista y sus respectivos contratos y así, como lo hicimos la primera vez, le pedimos que en la lista de los asesores no se olvide de indicarnos la nacionalidad de cada uno.
En el desarrollo de este asunto de los asesores extranjeros al servicio del Gobierno, pudimos unir esfuerzos con el periodista Rafael Pérez Jaramillo de El Panamá América, descubriendo en el camino que en alguno de los estamentos de seguridad del Estado panameño laboraba o "prestaba servicios profesionales" un ex alto oficial del Ejército de los Estados Unidos, apellidado Fitzgerald. De inmediato, remitimos con fecha 3 de julio pasado, nota al Contralor General de la República a efecto de que, por el derecho que nos concede a todos los ciudadanos la Constitución Nacional (Artículo 41), pudiésemos obtener copia de ambos contratos a efecto de poder analizarlos, ya que en el caso de la señora Rodríguez se filtró que el mismo ascendía a la suma de B/.90.000.00 al año, mucho más que los B/.7.000.00 que gana un ministro panameño, ya que esa suma no se le descuenta absolutamente nada, y muchísimo más que un ministro tico, que sólo llega a ganar un poco más de B/.7.200.00 al mes. Allí incluimos al Coronel o Comandante William o Mike Fitzerald, quien, posteriormente se supo, era el esposo de la principal secretaria de la presidenta Moscoso, según se sabe, de nacionalidad salvadoreña o cubana.
El pasado 14 de agosto tuvimos que remitir otra nota al Contralor, reiterando la anterior, ya que se había vencido en exceso el término de 30 días que la ley le otorga para atender este tipo de "respetuosas peticiones", para usar el mismo lenguaje de la Constitución.
El asunto de los asesores se ha puesto al rojo vivo luego del reportaje que preparó sobre el tema Rafael Pérez Jaramillo, publicado en El Panamá América, el pasado domingo 13 de agosto. Según revela la investigación periodística, en el caso de Fitzgerald no se trata de cualquier "asesor militar", sino de alguien que ha ocupado cargos diplomáticos de su país, ha servido de asesor en Colombia y según se supo, también formó parte del equipo que discutió con Panamá el asunto del CMA. Esto último negado por Relaciones Públicas de la Presidencia. Peor aún, según lo investigado, debe haber más asesores de ese tipo en Panamá, ya que la presencia de los mismos en el país podría estar amparadas en un acuerdo nacido de un canje de notas que data de 1962, el cual, en una u otra forma, ha servido para facilitar (o encubrir) el trabajo de este tipo de misiones militares y que en los tiempos en que Noriega era tan amigo de los gringos, debieron ser muy comunes en nuestro territorio.
En ocasión anterior señalamos sobre lo peligroso de este tipo de asesoría, sobretodo cuando las mismas tienen un acceso tan directo a la Presidencia de la República. Y repetimos, no queremos que se nos tilde de chauvinistas, sin embargo es preciso señalar que se trata de asuntos muy sensitivos para el país. Es por ello que le reiteramos al contralor Weeden nos remita esa lista y sus respectivos contratos y así, como lo hicimos la primera vez, le pedimos que en la lista de los asesores no se olvide de indicarnos la nacionalidad de cada uno.
