El resultado del referendum
LA CONSTITUCIÓN Nacional en su capítulo primero, artículo diez y nueve, establece claramente que no habrá en el país ningún tipo de discriminación, ni fueros ni privilegios personales, pero los ciudadanos, a través de los años, hemos visto violar estas normas a través de la utilización conveniente de los poderes políticos y económicos. Los gobiernos han actuado contraviniendo la ley, amparados en una supuesta representación popular y han fabricado bajo la mirada plácida, de quienes deben velar por el cumplimiento estricto de nuestra Carta Magna, una cantidad de legislaciones que otorgan a grupos o funcionarios toda clase de privilegios, concesiones especiales, exoneraciones, subsidios, etc.
No importa la justificación o las buenas intenciones que le quieran poner a las leyes promulgadas, dichos privilegios violan la norma constitucional. Una cosa es utilizar los bienes del Estado en el buen cumplimiento del deber como funcionario y otra es el beneficiarse personalmente como consecuencia de tener una posición relevante que temporalmente otorga el voto popular así como también ejercer presiones económicas a los políticos para obtener beneficios especiales para grupos.
La ley obliga a todos los funcionarios, electos o no, a cuidar los bienes del Estado como un "buen padre de familia". Sabemos que para algunos ciudadanos la familia no tiene mayor significado y que ni siquiera implica responsabilidad, pero la inmensa mayoría del pueblo sabe que un buen padre de familia quiere para sus hijos algo mejor de lo que él mismo recibió de sus progenitores.
Pero no voy ahora a pretender que el Ejecutivo o los padres de la patria revoquen lo que ya han otorgado, pues tal vez hasta sería contraproducente y traumático cambiar radicalmente el estado actual de las cosas, pero por lo menos debemos buscar, entre todos, compensar en algo al resto de los panameños que a través de los años no han disfrutado de ninguno de estos privilegios.
Se presenta ahora una oportunidad de oro que tal vez pueda devolver en alguna forma la fe, la esperanza y la credibilidad en la clase política y empresarial, que ha perdido el pueblo panameño. Una oportunidad que ni siquiera implica el tener que quitarse algunos de los privilegios hasta ahora otorgados, una fórmula que además garantizaría el apoyo popular a dar un Sí a la ampliación del Canal .
Todos los estudios económicos indican que los incrementos de peaje, producto de la ampliación, aumentarán en varios cientos de millones anuales las sumas que en el futuro entregará la ACP al tesoro nacional. Todos reconocemos que existe una gran deuda social y que nuestra distribución de la riqueza es una de las peores del continente, cuya solución por falta de recursos hemos ido posponiendo de quinquenio en quinquenio y cada gobierno inevitablemente culpa y culpará al anterior.
Los programas de gobierno se repiten como discos rayados (he participado en dos) y también se han hecho tres intentos serios de preparar un Plan Nacional de Desarrollo a corto, mediano y largo plazo (Bambito, Coronado, Visión 2020), pero estos no han progresado por falta de lo más elemental, voluntad política y dinero disponible para ejecutar las obras necesarias. Tenemos una olla de presión que si no le abrimos pronto una válvula de escape irremediablemente nos explotará en la cara.
El Presidente de la República tiene la solución en sus manos, haga un llamado a las fuerzas vivas del país y a los partidos políticos, y como en el caso del Seguro Social nombre una comisión permanente que actualice los ya elaborados planes de desarrollo y que le dé prioridad a los problemas sociales nacionales, de tal manera que antes de fin de año podamos tener un Plan Nacional de Desarrollo consensuado. Paralelamente, mande un proyecto de ley a la Asamblea que comprometa el 50% de los fondos que la ACP entregará al gobierno a partir del 2007 para que sean utilizados solamente en el desarrollo de las obras sociales que establezca el futuro Plan Nacional y que este además contenga los mecanismos para una ágil licitación de los trabajos, de manera que estas se puedan realizar dentro de las prioridades establecidas y con carácter de "Urgencia Notoria".
Si el Ejecutivo hace esto antes de octubre, se puede sentar tranquilo a esperar el resultado del referéndum.
No importa la justificación o las buenas intenciones que le quieran poner a las leyes promulgadas, dichos privilegios violan la norma constitucional. Una cosa es utilizar los bienes del Estado en el buen cumplimiento del deber como funcionario y otra es el beneficiarse personalmente como consecuencia de tener una posición relevante que temporalmente otorga el voto popular así como también ejercer presiones económicas a los políticos para obtener beneficios especiales para grupos.
La ley obliga a todos los funcionarios, electos o no, a cuidar los bienes del Estado como un "buen padre de familia". Sabemos que para algunos ciudadanos la familia no tiene mayor significado y que ni siquiera implica responsabilidad, pero la inmensa mayoría del pueblo sabe que un buen padre de familia quiere para sus hijos algo mejor de lo que él mismo recibió de sus progenitores.
Pero no voy ahora a pretender que el Ejecutivo o los padres de la patria revoquen lo que ya han otorgado, pues tal vez hasta sería contraproducente y traumático cambiar radicalmente el estado actual de las cosas, pero por lo menos debemos buscar, entre todos, compensar en algo al resto de los panameños que a través de los años no han disfrutado de ninguno de estos privilegios.
Se presenta ahora una oportunidad de oro que tal vez pueda devolver en alguna forma la fe, la esperanza y la credibilidad en la clase política y empresarial, que ha perdido el pueblo panameño. Una oportunidad que ni siquiera implica el tener que quitarse algunos de los privilegios hasta ahora otorgados, una fórmula que además garantizaría el apoyo popular a dar un Sí a la ampliación del Canal .
Todos los estudios económicos indican que los incrementos de peaje, producto de la ampliación, aumentarán en varios cientos de millones anuales las sumas que en el futuro entregará la ACP al tesoro nacional. Todos reconocemos que existe una gran deuda social y que nuestra distribución de la riqueza es una de las peores del continente, cuya solución por falta de recursos hemos ido posponiendo de quinquenio en quinquenio y cada gobierno inevitablemente culpa y culpará al anterior.
Los programas de gobierno se repiten como discos rayados (he participado en dos) y también se han hecho tres intentos serios de preparar un Plan Nacional de Desarrollo a corto, mediano y largo plazo (Bambito, Coronado, Visión 2020), pero estos no han progresado por falta de lo más elemental, voluntad política y dinero disponible para ejecutar las obras necesarias. Tenemos una olla de presión que si no le abrimos pronto una válvula de escape irremediablemente nos explotará en la cara.
El Presidente de la República tiene la solución en sus manos, haga un llamado a las fuerzas vivas del país y a los partidos políticos, y como en el caso del Seguro Social nombre una comisión permanente que actualice los ya elaborados planes de desarrollo y que le dé prioridad a los problemas sociales nacionales, de tal manera que antes de fin de año podamos tener un Plan Nacional de Desarrollo consensuado. Paralelamente, mande un proyecto de ley a la Asamblea que comprometa el 50% de los fondos que la ACP entregará al gobierno a partir del 2007 para que sean utilizados solamente en el desarrollo de las obras sociales que establezca el futuro Plan Nacional y que este además contenga los mecanismos para una ágil licitación de los trabajos, de manera que estas se puedan realizar dentro de las prioridades establecidas y con carácter de "Urgencia Notoria".
Si el Ejecutivo hace esto antes de octubre, se puede sentar tranquilo a esperar el resultado del referéndum.
