El sagrado derecho a disentir
Todos los gobiernos se quejan de que alguien, desde las sombras, conjura contra los poderes establecidos. Es el virus de la paranoia política que se abalanza contra todo aquel que calza los zapatos de la autoridad, y que le infunde pánico por el más insignificante ruido en derredor, desde el instante mismo en que firma su primer decreto. Hemos notado que los regentes actuales no son la excepción.
Con frecuencia, importantes voceros gubernamentales tildan de "desestabilizador" a todo aquel que comete el atrevimiento de protestar, a todos aquellos que se reúnen para quejarse, o que escriben para oponerse. Según estos ansiosos funcionarios, en democracia, como ellos la entienden, no se vale disentir, porque equivale a conspirar.
Este tipo de político ve en la pancarta un arma de complot, y se siente amenazado ante la pregunta del más incauto de los periodistas. Cualquier opinión en contra, aunque esta evidencie la intención de mejorar al gobierno, es una puñalada a ese concepto tan desteñido en estos días: la gobernabilidad.
Hay que explicarles a los señores de este y todos los grupos políticos, que la lucha entre la libertad y la autoridad define a la raza humana, y que esta batalla eterna ha sido el desencadenante de la Historia.
Es gracias a este enfrentamiento, a veces dialéctico, y otras lamentablemente sangriento, que se establecieron lo que John Stuart Mill llamó "inmunidades contra el poder", es decir, las libertades y derechos
políticos, entre los que se cuenta el de poder expresar la discrepancia con lo que haga o decida el gobernante.
Para ellos, los paranoicos, sería más fácil gobernar sin fiscalización ni queja, como en aquellos tiempos cuando la bayoneta era el instrumento de interlocución del régimen, y ni aún entonces se pudo silenciar a quienes se sentían avasallados. Por fortuna, esos episodios pasaron, y el valor de la libertad se encuentra suficientemente arraigado en una sociedad que entiende que desacuerdo y desacato no son pecado en la mesa de debate y, por el contrario, son elementos de enriquecimiento democrático.
Con frecuencia, importantes voceros gubernamentales tildan de "desestabilizador" a todo aquel que comete el atrevimiento de protestar, a todos aquellos que se reúnen para quejarse, o que escriben para oponerse. Según estos ansiosos funcionarios, en democracia, como ellos la entienden, no se vale disentir, porque equivale a conspirar.
Este tipo de político ve en la pancarta un arma de complot, y se siente amenazado ante la pregunta del más incauto de los periodistas. Cualquier opinión en contra, aunque esta evidencie la intención de mejorar al gobierno, es una puñalada a ese concepto tan desteñido en estos días: la gobernabilidad.
Hay que explicarles a los señores de este y todos los grupos políticos, que la lucha entre la libertad y la autoridad define a la raza humana, y que esta batalla eterna ha sido el desencadenante de la Historia.
Es gracias a este enfrentamiento, a veces dialéctico, y otras lamentablemente sangriento, que se establecieron lo que John Stuart Mill llamó "inmunidades contra el poder", es decir, las libertades y derechos
políticos, entre los que se cuenta el de poder expresar la discrepancia con lo que haga o decida el gobernante.
Para ellos, los paranoicos, sería más fácil gobernar sin fiscalización ni queja, como en aquellos tiempos cuando la bayoneta era el instrumento de interlocución del régimen, y ni aún entonces se pudo silenciar a quienes se sentían avasallados. Por fortuna, esos episodios pasaron, y el valor de la libertad se encuentra suficientemente arraigado en una sociedad que entiende que desacuerdo y desacato no son pecado en la mesa de debate y, por el contrario, son elementos de enriquecimiento democrático.
