El sector transporte
El sector transporte debe entregar un servicio complementario a las actividades económicas y sociales del país. En ese sentido es prestatario de un servicio vital, ya que constituye un instrumento de enlace entre las distintas áreas económicas. Satisface, además, otros requerimientos como integración nacional y continental, seguridad y relaciones internacionales. Por su magnitud, rentabilidad indirecta y carácter irreversible, las inversiones en infraestructura de transporte, así como su mantenimiento, son efectuadas mayoritariamente por el Estado. No así los servicios de transporte que son suministrados por el sector privado, el cual también realiza las inversiones en equipos.
A pesar de su importancia, el Estado carece de una autoridad a través de la cual entregar las orientaciones generales de política y que tenga la responsabilidad principal, el control, coordinación y supervisión del sector. Al mismo tiempo, dicha autoridad debiera tener la responsabilidad de definir las necesidades de infraestructura de transporte. Esa autoridad es el Ministerio de Transporte, cuyo ministro sería el Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, dando por terminado el absurdo de un ministro del Canal sin ministerio creado por la Ley.
No obstante, en la actualidad, las capacidades del sistema nacional de transporte, sin ser las óptimas, en el caso del subsector aéreo, ferroviario y portuario, no constituyen un freno a las posibilidades de desarrollo de la economía en su conjunto.
Donde está el problema es en el subsector terrestre, especialmente en el transporte colectivo urbano, donde existe una anarquía que comienza con las instancias de decisión que están en diferentes organismos y autoridades que actúan en forma dispersa en la coordinación.
Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es concentrar en la actual Autoridad Nacional de Transporte Terrestre la toma de decisiones en materia de transporte colectivo urbano y colocar bajo su mando la policía de tránsito. Mientras se crea un ministerio de Transporte, los recorridos y frecuencia de los servicios de transporte público colectivo urbano, serán determinados por dicha Autoridad, la cual podrá modificarlos cuando lo estime conveniente. Igualmente, en forma interina, la Autoridad Nacional de Transporte Terrestre se reservará la elaboración de la política general y el marco de acción en lo que respecta a los medios de transporte urbano, como a las redes de vialidad urbana, política de seguridad.
Las tarifas de transporte público urbano serían fijadas por el Ministerio de Economía y Finanzas dentro de las líneas de la política económica del gobierno, y tendrían carácter de tarifa máxima autorizada.
El actual sistema de licencias de recorridos y cupos para personas o asociaciones debe dar lugar a un sistema de libre entrada a la actividad por parte de empresarios, ejerciendo la Autoridad del Tránsito sólo facultades de registro. El sistema de cupos, del cual gozan unos cuantos privilegiados, se ha convertido en un negocio más lucrativo que el transporte de pasajeros y lo ha prostituido.
Mientras se crea el Ministerio de Transporte, la Autoridad Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre definirá las condiciones de seguridad mínima de los vehículos de locomoción colectiva para su uso y operación, y velará por su cumplimiento.
Naturalmente que se requerirá un plan para la transición ordenada de la situación actual a un sistema como el que propongo, donde se tomen en cuenta los intereses legítimos de todos los interesados, en especial el de los actuales conductores de autobuses quienes, en gran medida, han sido víctimas del sistema actual.
El Colegio de Arquitectos hizo la denuncia de la intención de construir el puente a pesar de no contar con los permisos, lo que los obligó a actuar al margen de la ley.
El alcalde del distrito capital, Juan Carlos Navarro, señaló que “lejos de la realidad”, el municipio no ha autorizado ninguna construcción porque hasta la fecha se estudian los daños que pueden causar.
Dijo que los representantes de la obra no han identificado el número de aprobación de la ANAM, de la Autoridad Marítima de Panamá para llevar a cabo una obra como esta, además de que no tienen la caseta exigida antes de iniciar una obra.
Navarro dijo sentirse avergonzado y burlado por los proponentes de la obra y por las autoridades gubernamentales, por autorizar la obra.
“Cómo es posible que estos señores en contubernio con las autoridades gubernamentales atenten contra el derecho de los ciudadanos de tener una Avenida Balboa libre y al servicio de los usuarios”.
A pesar de su importancia, el Estado carece de una autoridad a través de la cual entregar las orientaciones generales de política y que tenga la responsabilidad principal, el control, coordinación y supervisión del sector. Al mismo tiempo, dicha autoridad debiera tener la responsabilidad de definir las necesidades de infraestructura de transporte. Esa autoridad es el Ministerio de Transporte, cuyo ministro sería el Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, dando por terminado el absurdo de un ministro del Canal sin ministerio creado por la Ley.
No obstante, en la actualidad, las capacidades del sistema nacional de transporte, sin ser las óptimas, en el caso del subsector aéreo, ferroviario y portuario, no constituyen un freno a las posibilidades de desarrollo de la economía en su conjunto.
Donde está el problema es en el subsector terrestre, especialmente en el transporte colectivo urbano, donde existe una anarquía que comienza con las instancias de decisión que están en diferentes organismos y autoridades que actúan en forma dispersa en la coordinación.
Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es concentrar en la actual Autoridad Nacional de Transporte Terrestre la toma de decisiones en materia de transporte colectivo urbano y colocar bajo su mando la policía de tránsito. Mientras se crea un ministerio de Transporte, los recorridos y frecuencia de los servicios de transporte público colectivo urbano, serán determinados por dicha Autoridad, la cual podrá modificarlos cuando lo estime conveniente. Igualmente, en forma interina, la Autoridad Nacional de Transporte Terrestre se reservará la elaboración de la política general y el marco de acción en lo que respecta a los medios de transporte urbano, como a las redes de vialidad urbana, política de seguridad.
Las tarifas de transporte público urbano serían fijadas por el Ministerio de Economía y Finanzas dentro de las líneas de la política económica del gobierno, y tendrían carácter de tarifa máxima autorizada.
El actual sistema de licencias de recorridos y cupos para personas o asociaciones debe dar lugar a un sistema de libre entrada a la actividad por parte de empresarios, ejerciendo la Autoridad del Tránsito sólo facultades de registro. El sistema de cupos, del cual gozan unos cuantos privilegiados, se ha convertido en un negocio más lucrativo que el transporte de pasajeros y lo ha prostituido.
Mientras se crea el Ministerio de Transporte, la Autoridad Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre definirá las condiciones de seguridad mínima de los vehículos de locomoción colectiva para su uso y operación, y velará por su cumplimiento.
Naturalmente que se requerirá un plan para la transición ordenada de la situación actual a un sistema como el que propongo, donde se tomen en cuenta los intereses legítimos de todos los interesados, en especial el de los actuales conductores de autobuses quienes, en gran medida, han sido víctimas del sistema actual.
El Colegio de Arquitectos hizo la denuncia de la intención de construir el puente a pesar de no contar con los permisos, lo que los obligó a actuar al margen de la ley.
El alcalde del distrito capital, Juan Carlos Navarro, señaló que “lejos de la realidad”, el municipio no ha autorizado ninguna construcción porque hasta la fecha se estudian los daños que pueden causar.
Dijo que los representantes de la obra no han identificado el número de aprobación de la ANAM, de la Autoridad Marítima de Panamá para llevar a cabo una obra como esta, además de que no tienen la caseta exigida antes de iniciar una obra.
Navarro dijo sentirse avergonzado y burlado por los proponentes de la obra y por las autoridades gubernamentales, por autorizar la obra.
“Cómo es posible que estos señores en contubernio con las autoridades gubernamentales atenten contra el derecho de los ciudadanos de tener una Avenida Balboa libre y al servicio de los usuarios”.
