El seguro en el desarrollo del sector agropecuario
Como hemos explicado en artículos anteriores, no hay una correlación inversa notablemente buena entre los niveles per cápita del PIB y las proporciones de la población trabajadora dedicada a la agricultura.
La industrialización y la agricultura como sectores importantes de la economía, no pueden progresar sin un vigoroso crecimiento del otro. Hay quienes opinan en nuestro país que el sector servicio, industria y turismo, son los que deben mover la economía y que el crecimiento agropecuario carece de relativa importancia, sin embargo las razones de que el desarrollo depende grandemente del crecimiento agrícola son conocidas.
La primera y más conocida por todos, es el crecimiento de la población, si la misma aumenta el consumo alimenticio aumenta, asimismo si la tasa de crecimiento per cápita (PIB) aumenta, también crecerá la demanda efectiva de alimentos. Tercero, si la industria crece, ya que buena parte depende de las materias primas agropecuarias. En consecuencia se calcula que el sector debe crecer al menos un 5-6% cada año para sostener un índice adecuado de desarrollo.
En esta dirección va encaminado el Plan Panamá Rural 2001-2004, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que dirige el Ing. Pedro A. Gordón, y en el mismo se hace énfasis en las políticas de financiamiento del sector, para poder contar con los bienes de capital necesario para la modernización de la agricultura. Pero para lograr los fondos, hay que garantizar el repago de los mismos a las entidades bancarias financieras y comerciales, las cuales son responsables por esos dineros a sus depositantes y accionistas. Entre las opciones de garantías está la obtención del seguro agropecuario, el cual respondería por el repago de las inversiones hechas en casos de siniestros, que en nuestro país están regidas por riesgos derivados del estado del tiempo (sequías, inundaciones) y las plagas, mientras que en las más desarrolladas se incluye la tecnológica, la administración y los precios.
Aunque en teoría casi todos los riesgos son asegurables mediante el pago de una prima adecuada, en nuestro país el costo de los seguros relativos al estado del tiempo y las plagas son prácticamente incosteables, a menos que hayan mejores medidas preventivas (riego, control de inundaciones, el uso difundido de productos contra plagas, etc.). En realidad, en nuestro caso, el seguro agropecuario (es una opinión personal) no se financia actualmente por sí mismo y en verdad consiste en un plan nacional de reducción o participación en las pérdidas por parte de este organismo público.
Durante un espacio de tiempo, los propios planes de desarrollo pueden considerarse como una forma de seguro, porque mejorarán la tecnología, la experiencia, la productividad y por ende, los riesgos. De allí la importancia de la zonificación agropecuaria, el uso de estadísticas confiables y los programas de reconversión que ejecuta el MIDA.
Sin embargo, como hemos dicho, una disminución de riesgos a base de tecnología es una variable que podemos medir y controlar hasta cierto punto, pero para poder llevarlos a cabo, es necesario que en estos nuevos métodos de producción puedan los agricultores contar con un tipo de seguro adecuado. Este aspecto (seguro) debe ir unido al crédito, labor que en estos momentos trata de realizar el ISA y el Banco de Desarrollo Agropecuario, dentro de sus limitaciones legales y presupuestarias. En la situación actual, el seguro debe ser obligatorio y no voluntario, así el seguro se convierte en un socio de riesgo del agricultor y en consecuencia, estimula su interés en que éste produzca sin pérdidas. Esta responsabilidad compartida, mantiene el incentivo para que el agricultor se esfuerce en producir, ya que relativamente tendría poco que ganar al cobrar del seguro.
Esto va aunado al hecho de que se hace necesario que la maquinaria oficial presente sus servicios de manera eficiente, si estos son lentos e inseguros y fuera de tiempo, causa pérdidas a todos y trastoca los planes de desarrollo trazados, los cuales deben ser debidamente coordinados y ejecutados.
En este aspecto consideramos que el ISA debe ser transformado y reforzado, de manera que pueda cumplir el papel que se le asigna en el plan de desarrollo del sector rural 2001-2004 y su visión 2010, ya que ninguno de los tipos de garantías propuestas para facilitar el financiamiento de la producción, sería más expedito que el del seguro, ya que el productor está familiarizado con él y es una herramienta de trabajo ágil. De tal forma que nuestra propuesta sería legislar para transformar el ISA en la "Aseguradora Nacional", cumpliendo esta nueva entidad con los parámetros y reglamentos establecidos en la Ley #59 de 29 de julio de 1996.
La capitalización necesaria podría ser aportada inicialmente por réditos originados por el Fondo Fiduciario o por el Banco Nacional de Panamá. Esta figura no es extraña en nuestro medio teniendo como ejemplo clásico, el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, entidades bancarias estatales que se desenvuelven en el mercado local de manera exitosa y sin perturbar la actividad bancaria privada. El hecho que el Banco Nacional respalde a la "Aseguradora Nacional" es igualmente cónsono con grupos locales que poseen bancos, aseguradoras y financieras trabajando por el bienestar del país.
Una "Aseguradora Nacional" que no sólo incursione en el sector agropecuario únicamente en la parte productiva, sino que se le permita ofrecer seguros en riesgos generales y fianzas, que trabaje a base de cálculos actuariales, que mantenga reservas que puedan ser invertidas para generar otros ingresos que fortalezcan la Institución, que utilice las estadísticas que cumplan las exigencias de homogeneidad y representatividad para fijar sus tarifas, que tenga el respaldo de reaseguradoras de solvencia técnica y financiera y que pague honorarios a los productores de seguros (corredores), lograría que el campo se tecnifique con mayor rapidez, ya que haría que la banca, financieras y comercios se sintieran protegidas cuando facilitan capital o insumos para la producción. No hay en la actualidad ningún seguro en Panamá que asegure a un banco que una empresa financiada que no sea exitosa podrá saldar su deuda con el mismo, solamente las garantías (si lo hubiere) lo lograría. En este sentido, el seguro agropecuario está en ventaja, aspecto que muchos no realizan a la hora de analizar un crédito para el sector.
Lo que proponemos no es nada novedoso ni fuera del alcance de nuestro país, sólo requiere decisiones de tipo político, atreverse a romper esquemas. Tenemos las estructuras, tenemos el personal, tenemos a un sector con deseos de trabajar y avanzar. El tiempo es nuestro peor enemigo, actuemos ahora. Volvemos a recalcar si el sector agropecuario no mejora su participación en el producto interno bruto, no importa lo que hagamos, el país como un todo no crecerá al ritmo necesario para superar la pobreza y el desempleo y mucho menos las desigualdades entre los que tienen y los que no.
La industrialización y la agricultura como sectores importantes de la economía, no pueden progresar sin un vigoroso crecimiento del otro. Hay quienes opinan en nuestro país que el sector servicio, industria y turismo, son los que deben mover la economía y que el crecimiento agropecuario carece de relativa importancia, sin embargo las razones de que el desarrollo depende grandemente del crecimiento agrícola son conocidas.
La primera y más conocida por todos, es el crecimiento de la población, si la misma aumenta el consumo alimenticio aumenta, asimismo si la tasa de crecimiento per cápita (PIB) aumenta, también crecerá la demanda efectiva de alimentos. Tercero, si la industria crece, ya que buena parte depende de las materias primas agropecuarias. En consecuencia se calcula que el sector debe crecer al menos un 5-6% cada año para sostener un índice adecuado de desarrollo.
En esta dirección va encaminado el Plan Panamá Rural 2001-2004, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que dirige el Ing. Pedro A. Gordón, y en el mismo se hace énfasis en las políticas de financiamiento del sector, para poder contar con los bienes de capital necesario para la modernización de la agricultura. Pero para lograr los fondos, hay que garantizar el repago de los mismos a las entidades bancarias financieras y comerciales, las cuales son responsables por esos dineros a sus depositantes y accionistas. Entre las opciones de garantías está la obtención del seguro agropecuario, el cual respondería por el repago de las inversiones hechas en casos de siniestros, que en nuestro país están regidas por riesgos derivados del estado del tiempo (sequías, inundaciones) y las plagas, mientras que en las más desarrolladas se incluye la tecnológica, la administración y los precios.
Aunque en teoría casi todos los riesgos son asegurables mediante el pago de una prima adecuada, en nuestro país el costo de los seguros relativos al estado del tiempo y las plagas son prácticamente incosteables, a menos que hayan mejores medidas preventivas (riego, control de inundaciones, el uso difundido de productos contra plagas, etc.). En realidad, en nuestro caso, el seguro agropecuario (es una opinión personal) no se financia actualmente por sí mismo y en verdad consiste en un plan nacional de reducción o participación en las pérdidas por parte de este organismo público.
Durante un espacio de tiempo, los propios planes de desarrollo pueden considerarse como una forma de seguro, porque mejorarán la tecnología, la experiencia, la productividad y por ende, los riesgos. De allí la importancia de la zonificación agropecuaria, el uso de estadísticas confiables y los programas de reconversión que ejecuta el MIDA.
Sin embargo, como hemos dicho, una disminución de riesgos a base de tecnología es una variable que podemos medir y controlar hasta cierto punto, pero para poder llevarlos a cabo, es necesario que en estos nuevos métodos de producción puedan los agricultores contar con un tipo de seguro adecuado. Este aspecto (seguro) debe ir unido al crédito, labor que en estos momentos trata de realizar el ISA y el Banco de Desarrollo Agropecuario, dentro de sus limitaciones legales y presupuestarias. En la situación actual, el seguro debe ser obligatorio y no voluntario, así el seguro se convierte en un socio de riesgo del agricultor y en consecuencia, estimula su interés en que éste produzca sin pérdidas. Esta responsabilidad compartida, mantiene el incentivo para que el agricultor se esfuerce en producir, ya que relativamente tendría poco que ganar al cobrar del seguro.
Esto va aunado al hecho de que se hace necesario que la maquinaria oficial presente sus servicios de manera eficiente, si estos son lentos e inseguros y fuera de tiempo, causa pérdidas a todos y trastoca los planes de desarrollo trazados, los cuales deben ser debidamente coordinados y ejecutados.
En este aspecto consideramos que el ISA debe ser transformado y reforzado, de manera que pueda cumplir el papel que se le asigna en el plan de desarrollo del sector rural 2001-2004 y su visión 2010, ya que ninguno de los tipos de garantías propuestas para facilitar el financiamiento de la producción, sería más expedito que el del seguro, ya que el productor está familiarizado con él y es una herramienta de trabajo ágil. De tal forma que nuestra propuesta sería legislar para transformar el ISA en la "Aseguradora Nacional", cumpliendo esta nueva entidad con los parámetros y reglamentos establecidos en la Ley #59 de 29 de julio de 1996.
La capitalización necesaria podría ser aportada inicialmente por réditos originados por el Fondo Fiduciario o por el Banco Nacional de Panamá. Esta figura no es extraña en nuestro medio teniendo como ejemplo clásico, el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, entidades bancarias estatales que se desenvuelven en el mercado local de manera exitosa y sin perturbar la actividad bancaria privada. El hecho que el Banco Nacional respalde a la "Aseguradora Nacional" es igualmente cónsono con grupos locales que poseen bancos, aseguradoras y financieras trabajando por el bienestar del país.
Una "Aseguradora Nacional" que no sólo incursione en el sector agropecuario únicamente en la parte productiva, sino que se le permita ofrecer seguros en riesgos generales y fianzas, que trabaje a base de cálculos actuariales, que mantenga reservas que puedan ser invertidas para generar otros ingresos que fortalezcan la Institución, que utilice las estadísticas que cumplan las exigencias de homogeneidad y representatividad para fijar sus tarifas, que tenga el respaldo de reaseguradoras de solvencia técnica y financiera y que pague honorarios a los productores de seguros (corredores), lograría que el campo se tecnifique con mayor rapidez, ya que haría que la banca, financieras y comercios se sintieran protegidas cuando facilitan capital o insumos para la producción. No hay en la actualidad ningún seguro en Panamá que asegure a un banco que una empresa financiada que no sea exitosa podrá saldar su deuda con el mismo, solamente las garantías (si lo hubiere) lo lograría. En este sentido, el seguro agropecuario está en ventaja, aspecto que muchos no realizan a la hora de analizar un crédito para el sector.
Lo que proponemos no es nada novedoso ni fuera del alcance de nuestro país, sólo requiere decisiones de tipo político, atreverse a romper esquemas. Tenemos las estructuras, tenemos el personal, tenemos a un sector con deseos de trabajar y avanzar. El tiempo es nuestro peor enemigo, actuemos ahora. Volvemos a recalcar si el sector agropecuario no mejora su participación en el producto interno bruto, no importa lo que hagamos, el país como un todo no crecerá al ritmo necesario para superar la pobreza y el desempleo y mucho menos las desigualdades entre los que tienen y los que no.
