El sentido de responsabilidad
Comportamiento muy importante en el carácter de las personas es el cumplir oportunamente con las tareas que les delegan o con aquellas a que se han comprometido voluntariamente. La formación académica como proceso siempre asigna tareas a los educandos, de todos los niveles, para que se ejecuten con independencia o de manera colectiva, con el propósito de estimular - entre otros objetivos pedagógicos - el hábito del estudio y de la investigación, como vías para mejorar y afianzar los conocimientos e inculcar el sentido de responsabilidad en el cumplimiento del deber. Contribuye a mejorar la participación en las discusiones, ampliar los conocimientos sobre los tópicos que se estudian, hacer sentir una sensación de orgullo por los aportes y de satisfacción por el reconocimiento de la contribución de cada cual. Fortalece la identidad y el carácter del educando. Es un proceso dirigido a resaltar la importancia de la disciplina y la responsabilidad como conductas en el cumplimiento de las tareas que les serían encomendadas en la sociedad a lo largo de sus trayectorias.
Sin menosprecio de su importancia en la vida privada de las personas, aquellas conductas son más relevantes para el país cuando se refieren a la función pública, especialmente en casos en que supuestamente se delegan responsabilidades con mando y jurisdicción, por méritos en el desempeño administrativo y/o técnico y por antecedentes de comportamientos éticos. Ser escogido para ocupar un cargo como servidor público debe ser un privilegio; todo agraciado debería reunir las mejores calificaciones y antecedentes, tener sensibilidad por la misión que se le encomienda y mística de trabajo en el cumplimiento de sus responsabilidades. De allí la importancia de la selección cuidadosa de los equipos humanos que habrán de llevar la carga de ejecutar las delicadas tareas de Gobierno. Más así, en momentos en que el país se encuentra comprometido con una deuda que consume una elevada proporción de los presupuestos nacionales, capacidad limitada para la inversión de capital con recursos propios y para comprometer nuevos empréstitos, en los esfuerzos de hacerle frente a los complejos problemas del sector social, incrementados significativamente durante los últimos años.
Las circunstancias actuales exigen la modernización de la administración pública de Panamá, mediante arreglos institucionales diseñados para alcanzar objetivos integrales y sostenibles en las soluciones. Tienen que responder a una mejor y más clara interrelación entre los programas de Gobierno, para orientar la participación del sector privado y de las comunidades y facilitar la ejecución de tareas complementarias de manera coordinada, en el tiempo y el espacio, a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Los desequilibrios causados por efecto de las migraciones, ocasionadas por la concentración desproporcional del poder político, económico y cultural en el área canalera, están demandando inversiones de capital allí cada vez mayores, con el relego de atenciones a las áreas de donde provienen las poblaciones migrantes. Se requiere de la formulación y puesta en marcha de políticas económicas y sociales al más alto nivel ejecutivo, justas que contemplen estas realidades, para encauzar al país por senderos de un verdadero desarrollo equilibrado. El exagerado número de funciones de algunas instituciones, muchas incumplidas por años en violación de la Carta Magna, ha permitido a los gerentes de turno centrar atención en aquellas de su interés particular o conveniencia. Ha servido para justificar contrataciones de obras poco prioritarias y de personal innecesario e improductivo, y generado el despilfarro de recursos monetarios millonarios a través de los años sin impactar en los problemas que están llamados a solucionar.
Es práctica común los incumplimientos de responsabilidades importantes. Sus autores quedan impunes, pero al tiempo están prestos a señalar faltas de administraciones previas para distraer la atención pública en críticas poco constructivas. Es por ello que las funciones de las instituciones de Gobierno, en especial las vinculadas al desarrollo del sector social, deberían de revisarse para incorporar las responsabilidades estrictamente necesarias a ser cumplidas para asegurar eficacia en la ejecución del programa general de Gobierno. Estas serían ampliadas para incorporar otras, en la medida que las experiencias aconsejen. Los resultados de las ejecutorias serían evaluados periódicamente y los gerentes de cada institución y su personal serían acreedores de lo bueno y responsables por los incumplimientos.
La evaluación periódica de personas y de actividades, como instrumento de verificación debe ser institucionalizada para ayudar en la toma de decisiones correctivas de manera oportuna. Es una función fundamental de la administración pública; más necesaria aún cuando los recursos son escasos y los problemas complejos y costosos.
Sin menosprecio de su importancia en la vida privada de las personas, aquellas conductas son más relevantes para el país cuando se refieren a la función pública, especialmente en casos en que supuestamente se delegan responsabilidades con mando y jurisdicción, por méritos en el desempeño administrativo y/o técnico y por antecedentes de comportamientos éticos. Ser escogido para ocupar un cargo como servidor público debe ser un privilegio; todo agraciado debería reunir las mejores calificaciones y antecedentes, tener sensibilidad por la misión que se le encomienda y mística de trabajo en el cumplimiento de sus responsabilidades. De allí la importancia de la selección cuidadosa de los equipos humanos que habrán de llevar la carga de ejecutar las delicadas tareas de Gobierno. Más así, en momentos en que el país se encuentra comprometido con una deuda que consume una elevada proporción de los presupuestos nacionales, capacidad limitada para la inversión de capital con recursos propios y para comprometer nuevos empréstitos, en los esfuerzos de hacerle frente a los complejos problemas del sector social, incrementados significativamente durante los últimos años.
Las circunstancias actuales exigen la modernización de la administración pública de Panamá, mediante arreglos institucionales diseñados para alcanzar objetivos integrales y sostenibles en las soluciones. Tienen que responder a una mejor y más clara interrelación entre los programas de Gobierno, para orientar la participación del sector privado y de las comunidades y facilitar la ejecución de tareas complementarias de manera coordinada, en el tiempo y el espacio, a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Los desequilibrios causados por efecto de las migraciones, ocasionadas por la concentración desproporcional del poder político, económico y cultural en el área canalera, están demandando inversiones de capital allí cada vez mayores, con el relego de atenciones a las áreas de donde provienen las poblaciones migrantes. Se requiere de la formulación y puesta en marcha de políticas económicas y sociales al más alto nivel ejecutivo, justas que contemplen estas realidades, para encauzar al país por senderos de un verdadero desarrollo equilibrado. El exagerado número de funciones de algunas instituciones, muchas incumplidas por años en violación de la Carta Magna, ha permitido a los gerentes de turno centrar atención en aquellas de su interés particular o conveniencia. Ha servido para justificar contrataciones de obras poco prioritarias y de personal innecesario e improductivo, y generado el despilfarro de recursos monetarios millonarios a través de los años sin impactar en los problemas que están llamados a solucionar.
Es práctica común los incumplimientos de responsabilidades importantes. Sus autores quedan impunes, pero al tiempo están prestos a señalar faltas de administraciones previas para distraer la atención pública en críticas poco constructivas. Es por ello que las funciones de las instituciones de Gobierno, en especial las vinculadas al desarrollo del sector social, deberían de revisarse para incorporar las responsabilidades estrictamente necesarias a ser cumplidas para asegurar eficacia en la ejecución del programa general de Gobierno. Estas serían ampliadas para incorporar otras, en la medida que las experiencias aconsejen. Los resultados de las ejecutorias serían evaluados periódicamente y los gerentes de cada institución y su personal serían acreedores de lo bueno y responsables por los incumplimientos.
La evaluación periódica de personas y de actividades, como instrumento de verificación debe ser institucionalizada para ayudar en la toma de decisiones correctivas de manera oportuna. Es una función fundamental de la administración pública; más necesaria aún cuando los recursos son escasos y los problemas complejos y costosos.
