El temblor de Navidad
En la madrugada del día de Navidad, la provincia de Chiriquí y la zona sur de Costa Rica fueron golpeadas por un fuerte terremoto que dejó una secuela de muertos, heridos y daños a la propiedad, afectando al distrito de Barú en toda su extensión. Casas derrumbadas, ausencia de agua potable y energía eléctrica, puentes y caminos colapsados y la evacuación completa del hospital local fueron el cuadro inicial de las lesiones dejadas por este fenómeno telúrico.
Existe entre nosotros, de manera arraigada, la falacia nacional de que Panamá es un país libre de temblores. Aún hoy los sismos son concebidos como algo ajeno a nuestra idiosincrasia y este paradigma lo reflejan las prácticas constructivas en el país.
De todos los activos físicos que el Estado panameño posee, son los hospitales las infraestructuras prioritarias que deben tener garantizada su supervivencia después de ocurrido un terremoto.
Una población devastada por un sismo debe acudir a los hospitales en busca de primeros auxilios, cirugías, transfusiones, medicina crítica, atención de traumas y albergue para heridos. Ello sólo se garantiza si el sistema estructural del hospital sigue en pie, si los accesos al mismo están libres y si las infraestructuras de emergencia del mismo, como las plantas generadoras de corriente eléctrica, ascensores, escaleras alternas, rutas de evacuación, sistemas de agua potable y refrigeración permiten una reanudación rápida y efectiva de las actividades médicas.
Colombia, Costa Rica y Chile, países con una larga historia de sismicidad integrada en su particular conciencia nacional, han revisado sus hospitales a la luz de los códigos de construcción sismo-resistente actualizados. Revisaron los aspectos físicos y funcionales que pretendían lograr el aumento de la resistencia de la estructura, el incremento de la ductilidad, que es una medida de la capacidad del edificio para disipar la energía sísmica. Examinaron las instalaciones básicas y equipos, transformadores de corriente eléctrica, el control de comunicaciones y el vuelco de estanterías, rotura de tuberías al interior del hospital, caída de equipos de laboratorio y de los sistemas de instrumentación quirúrgica.
En Costa Rica se reforzaron estructuralmente los hospitales México, Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y el de Niños. En Bucaramanga, Colombia, se revisó la principal instalación de salud, el Hospital Ramón González Valencia, estudio que sirvió como base para examinar otros centros hospitalarios en el resto del país. En Chile se analizó una muestra de los 26 principales hospitales del país, como base de un plan piloto nacional para reducir la vulnerabilidad de éstos a los desastres.
La experiencia de los países precitados indica que el costo de las medidas de mitigación para reducir el riesgo de un colapso catastrófico en los hospitales es del 7 % del valor total de la edificación.
Sin duda alguna, los baruenses agradecen la rápida reacción del Gobierno Nacional para llevar ayuda y esperanza en los momentos aciagos posteriores al sismo. Sin embargo, la actitud histórica de nuestros gobernantes es reaccionar y no prever.
El Reglamento Estructural Panameño, convertido en Ley de la República, es letra muerta en el interior del país. La falta de fondos para el desempeño de los ingenieros municipales, la laxitud de las leyes y el laissez faire que domina nuestra vida nacional en temas de vida o de muerte son las agravantes de esta desgracia.
El análisis de causa-efecto propuesto por el Dr. Kauro Ishikawa arroja una verdad límpida y transparente: es más inteligente prever la causa que combatir el efecto. También aquí se traza la delgada línea que separa a los políticos circunstanciales de los verdaderos estadistas.
Existe entre nosotros, de manera arraigada, la falacia nacional de que Panamá es un país libre de temblores. Aún hoy los sismos son concebidos como algo ajeno a nuestra idiosincrasia y este paradigma lo reflejan las prácticas constructivas en el país.
De todos los activos físicos que el Estado panameño posee, son los hospitales las infraestructuras prioritarias que deben tener garantizada su supervivencia después de ocurrido un terremoto.
Una población devastada por un sismo debe acudir a los hospitales en busca de primeros auxilios, cirugías, transfusiones, medicina crítica, atención de traumas y albergue para heridos. Ello sólo se garantiza si el sistema estructural del hospital sigue en pie, si los accesos al mismo están libres y si las infraestructuras de emergencia del mismo, como las plantas generadoras de corriente eléctrica, ascensores, escaleras alternas, rutas de evacuación, sistemas de agua potable y refrigeración permiten una reanudación rápida y efectiva de las actividades médicas.
Colombia, Costa Rica y Chile, países con una larga historia de sismicidad integrada en su particular conciencia nacional, han revisado sus hospitales a la luz de los códigos de construcción sismo-resistente actualizados. Revisaron los aspectos físicos y funcionales que pretendían lograr el aumento de la resistencia de la estructura, el incremento de la ductilidad, que es una medida de la capacidad del edificio para disipar la energía sísmica. Examinaron las instalaciones básicas y equipos, transformadores de corriente eléctrica, el control de comunicaciones y el vuelco de estanterías, rotura de tuberías al interior del hospital, caída de equipos de laboratorio y de los sistemas de instrumentación quirúrgica.
En Costa Rica se reforzaron estructuralmente los hospitales México, Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y el de Niños. En Bucaramanga, Colombia, se revisó la principal instalación de salud, el Hospital Ramón González Valencia, estudio que sirvió como base para examinar otros centros hospitalarios en el resto del país. En Chile se analizó una muestra de los 26 principales hospitales del país, como base de un plan piloto nacional para reducir la vulnerabilidad de éstos a los desastres.
La experiencia de los países precitados indica que el costo de las medidas de mitigación para reducir el riesgo de un colapso catastrófico en los hospitales es del 7 % del valor total de la edificación.
Sin duda alguna, los baruenses agradecen la rápida reacción del Gobierno Nacional para llevar ayuda y esperanza en los momentos aciagos posteriores al sismo. Sin embargo, la actitud histórica de nuestros gobernantes es reaccionar y no prever.
El Reglamento Estructural Panameño, convertido en Ley de la República, es letra muerta en el interior del país. La falta de fondos para el desempeño de los ingenieros municipales, la laxitud de las leyes y el laissez faire que domina nuestra vida nacional en temas de vida o de muerte son las agravantes de esta desgracia.
El análisis de causa-efecto propuesto por el Dr. Kauro Ishikawa arroja una verdad límpida y transparente: es más inteligente prever la causa que combatir el efecto. También aquí se traza la delgada línea que separa a los políticos circunstanciales de los verdaderos estadistas.
