El TLC, ¿conviene a Panamá?
Los productores nacionales se oponen abiertamente a un TLC que los barra al ponerlos a competir con rubros norteamericanos protegidos, que invadirían el mercado generando más desempleo y aniquilando economías campesinas que no cuentan con el respaldo de su gobierno. La Universidad de Panamá pide ser excluida de las negociaciones del TLC que pueden lesionar el futuro de la educación pública. Un número plural de organizaciones cívicas, religiosas, obreras y ciudadanas organiza la Alianza Nacional por la Vida (ANAVI) para oponerse al TLC y políticas neoliberales, educadores convocan una marcha nacional contra el tratado, estudiantes universitarios cierran las calles en protesta. Muchos ciudadanos expresan su preocupación por el secretismo de las negociaciones y cómo puede afectar al país.
Todo ello es expresión de un malestar y un rechazo por parte de importantes sectores de la población contra unas negociaciones que, en el fondo, buscan crear no sólo una intercambio comercial, sino un marco condicionante al desarrollo del país.
"La imposición de un TLC no sólo consolida y profundiza la apertura del mercado de los bienes, sino que también abarca elementos, tales como la apertura de los mercados de los servicios, las compras gubernamentales, el comercio de los servicios financieros, las inversiones, el movimiento de las profesiones, la propiedad intelectual, las relaciones laborales y el medio ambiente... Se trata de una serie de medidas que permitiría a las corporaciones transnacionales no sólo a apoderarse plenamente de nuestros mercados, sino también llevar la privatización, la liberalización y la desregulación, incluyendo la del mercado laboral, hasta el extremo, logrando al mismo tiempo las formas institucionales necesarias para darles continuidad a las mismas. Por ello, un elemento central del Tratado que se intenta imponer es el aspecto de los llamados mecanismos de solución de controversias, los cuales están, en última instancia, diseñados para extraer el examen y los fallos relativos a los problemas del propio Tratado, del ámbito de la legislación nacional, con el fin de colocarlos en una esfera supuestamente internacional y neutra, pero que en la realidad resulta, de manera irremediable, sesgada a favor de los intereses transnacionales, principalmente los norteamericanos. Rechazamos enteramente el Tratado de Libre Comercio por su lógica secretista y mercantilista que atenta contra los derechos humanos y por ser un instrumento más de las políticas neoliberales...", afirma la ANAVI.
La organización internacional OXFAM plantea la necesidad de un comercio con justicia: El problema no estriba en que el comercio internacional se oponga inherentemente a las necesidades e intereses de los pobres, sino que las normas que lo rigen están elaboradas en favor de los ricos. El coste humano de un comercio injusto es inmenso. Si África, el este y el sur de Asia y América Latina vieran incrementada en un 1%, respectivamente, su participación en las exportaciones mundiales, el aumento resultante de sus ingresos pudiese liberar a 128 millones de personas de la pobreza. Esa reducción de la pobreza contribuiría a mejorar otras áreas como la salud infantil y la educación.
Cuando los países en desarrollo exportan a los mercados de los ricos, se enfrentan a barreras arancelarias cuatro veces superiores a las que encuentran los países ricos. Estas cuestan a los países en desarrollo $$100,000 millones anuales, el doble de lo que reciben en concepto de ayuda. Otra parte del problema está ligada a la OMC. Sus normas sobre propiedad intelectual, inversiones y servicios protegen los grandes intereses, al tiempo que imponen enormes costes a los países en desarrollo.
Mejorar el acceso a los mercados de los países pobres y acabar el ciclo de los subsidios a los excedentes agrarios y el dumping en la exportación por parte de los países ricos.
Poner fin al uso de condiciones en los programas del FMI y el Banco Mundial para forzar a los países pobres a abrir sus mercados.
Crear una nueva institución internacional encargada de estabilizar los precios de las materias primas en niveles compatibles con unas condiciones de vida razonables para los productores, y cambiar las prácticas empresariales, de manera que las compañías paguen precios justos.
Democratizar la OMC para que los países pobres puedan hacer oír su voz.
Establecer nuevas normas sobre propiedad intelectual que garanticen el acceso de los países pobres a las nuevas tecnologías y a medicamentos esenciales; y que los agricultores puedan conservar, intercambiar y vender semillas.
Mejorar la calidad de las inversiones y de las condiciones laborales del sector privado.
Prohibir las normas que obligan a los gobiernos a liberalizar o privatizar servicios básicos vitales para la reducción de la pobreza.
¿Pero, qué hacer? Panamá debe suspender la negociación del TLC y buscar alianzas latinoamericanas que potencien la capacidad negociadora frente a los países poderosos, garantizando la autodeterminación, el desarrollo humano, la equidad, el ambiente y la democracia, las cinco grandes líneas de la Visión 2020.
(raulleis.hotmail.com)
Todo ello es expresión de un malestar y un rechazo por parte de importantes sectores de la población contra unas negociaciones que, en el fondo, buscan crear no sólo una intercambio comercial, sino un marco condicionante al desarrollo del país.
"La imposición de un TLC no sólo consolida y profundiza la apertura del mercado de los bienes, sino que también abarca elementos, tales como la apertura de los mercados de los servicios, las compras gubernamentales, el comercio de los servicios financieros, las inversiones, el movimiento de las profesiones, la propiedad intelectual, las relaciones laborales y el medio ambiente... Se trata de una serie de medidas que permitiría a las corporaciones transnacionales no sólo a apoderarse plenamente de nuestros mercados, sino también llevar la privatización, la liberalización y la desregulación, incluyendo la del mercado laboral, hasta el extremo, logrando al mismo tiempo las formas institucionales necesarias para darles continuidad a las mismas. Por ello, un elemento central del Tratado que se intenta imponer es el aspecto de los llamados mecanismos de solución de controversias, los cuales están, en última instancia, diseñados para extraer el examen y los fallos relativos a los problemas del propio Tratado, del ámbito de la legislación nacional, con el fin de colocarlos en una esfera supuestamente internacional y neutra, pero que en la realidad resulta, de manera irremediable, sesgada a favor de los intereses transnacionales, principalmente los norteamericanos. Rechazamos enteramente el Tratado de Libre Comercio por su lógica secretista y mercantilista que atenta contra los derechos humanos y por ser un instrumento más de las políticas neoliberales...", afirma la ANAVI.
La organización internacional OXFAM plantea la necesidad de un comercio con justicia: El problema no estriba en que el comercio internacional se oponga inherentemente a las necesidades e intereses de los pobres, sino que las normas que lo rigen están elaboradas en favor de los ricos. El coste humano de un comercio injusto es inmenso. Si África, el este y el sur de Asia y América Latina vieran incrementada en un 1%, respectivamente, su participación en las exportaciones mundiales, el aumento resultante de sus ingresos pudiese liberar a 128 millones de personas de la pobreza. Esa reducción de la pobreza contribuiría a mejorar otras áreas como la salud infantil y la educación.
Cuando los países en desarrollo exportan a los mercados de los ricos, se enfrentan a barreras arancelarias cuatro veces superiores a las que encuentran los países ricos. Estas cuestan a los países en desarrollo $$100,000 millones anuales, el doble de lo que reciben en concepto de ayuda. Otra parte del problema está ligada a la OMC. Sus normas sobre propiedad intelectual, inversiones y servicios protegen los grandes intereses, al tiempo que imponen enormes costes a los países en desarrollo.
Mejorar el acceso a los mercados de los países pobres y acabar el ciclo de los subsidios a los excedentes agrarios y el dumping en la exportación por parte de los países ricos.
Poner fin al uso de condiciones en los programas del FMI y el Banco Mundial para forzar a los países pobres a abrir sus mercados.
Crear una nueva institución internacional encargada de estabilizar los precios de las materias primas en niveles compatibles con unas condiciones de vida razonables para los productores, y cambiar las prácticas empresariales, de manera que las compañías paguen precios justos.
Democratizar la OMC para que los países pobres puedan hacer oír su voz.
Establecer nuevas normas sobre propiedad intelectual que garanticen el acceso de los países pobres a las nuevas tecnologías y a medicamentos esenciales; y que los agricultores puedan conservar, intercambiar y vender semillas.
Mejorar la calidad de las inversiones y de las condiciones laborales del sector privado.
Prohibir las normas que obligan a los gobiernos a liberalizar o privatizar servicios básicos vitales para la reducción de la pobreza.
¿Pero, qué hacer? Panamá debe suspender la negociación del TLC y buscar alianzas latinoamericanas que potencien la capacidad negociadora frente a los países poderosos, garantizando la autodeterminación, el desarrollo humano, la equidad, el ambiente y la democracia, las cinco grandes líneas de la Visión 2020.
(raulleis.hotmail.com)
