El transporte de Martn
TODAVÍA acuden a la memoria las horrendas imágenes de la tragedia del bus hace escasamente un año; aún no se secan las lágrimas de numerosos hogares que han perdido seres queridos producto del caos del transporte, cuando el gobierno de Martín Torrijos ataca en forma desalmada a toda la población.
Presentada, respaldada e impulsada por el propio presidente Martín Torrijos Espino, la nueva Ley de Transporte aprobada a tambor batiente por la Asamblea Nacional, es un ejemplo de lo más acabado de la mentalidad que impera entre quienes gobiernan: para el pueblo palo, para los amigos plata...
La metodología adoptada para su elaboración, la ausencia de verdadera consulta, de real y efectivo debate con una representativa participación de los usuarios, reconfirman la ausencia de toda voluntad democrática de parte de los gobernantes y, nuevamente, su ciego propósito de imponer y engañar, como ya lo habían hecho con el Seguro Social, con el CAIR, con el Pacto de Estado por la Justicia, con el Código Penal con el Tratado de Libre Comercio (hoy TPC), y con un largo etcétera de la maraña legislativa que les sirva para legitimar sus actuaciones autoritarias y autocráticas, envueltas de la demagogia, el clientelismo y la manipulación cotidiana de la información, que tanto les place.
La Ley del Transporte de Martín es una ley a todas luces inconsulta, que insulta la dignidad del panameño, no sólo por su contenido superficial y burocrático, sino también porque NO contribuye a aportar NINGUNA solución a los actuales y gravísimos problemas que representa hoy por hoy el transporte, como servicio público que es.
Es una ley que NO sirve como instrumento para hacer del transporte un servicio público inspirado en el bienestar social y el interés público, más bien para favorecer el negociado privado de unos cuantos que han secuestrado el transporte en nuestro país. Transporte que debería ser un servicio verdaderamente público y municipalizado.
La Ley del Transporte de Martín no contienen los parámetros propios para que los usuarios tengan las seguridades y la calidad requerida en este siglo XXI, y permite una fácil distorsión de la función fiscalizadora y reguladora que dice otorgarle a la Autoridad del Tránsito. Es una ley que patrocina más bien, el desmejoramiento de la calidad de mal servicio que actualmente se presta y que deja en absoluta indefensión la situación de los usuarios y los expone a un abuso permanente y al alza de tarifas que acarreará so pretexto del nuevo mecanismo legal impuesto por la bancada oficialista y sus auxiliares.
La ley del Transporte de Martín es una ley concebida para patrocinar el incumplimiento de las obligaciones y de las disposiciones constitucionales y los Derechos Humanos vigentes, v.gr. al establecer los cupos hereditarios, lo cual trastoca no sólo la concepción de lo que es un servicio público, sino también los fundamentos mismos de lo que debe ser un Estado de Derecho y un régimen de gobierno republicano.
Las causales de terminación del contrato de concesión de líneas, rutas o piqueras son, además de superficiales, inclinadas a facilitar el favoritismo y la corrupción que tanto idolatra el Gobierno.
La manera como se establece el proceso sucesorio es contraria a los principios del debido proceso, viola el principio constitucional que no permite fueros y privilegios y distorsiona de manera agravada el concepto de servicio público, lo que permite favorecer una pendiente de degeneración permanente del servicio que brindará el transporte en Panamá.
Finalmente, la casi inexistente representación de los ciudadanos usuarios, el monopolio del Ejecutivo en el nombramiento del Director de la Autoridad de Tránsito, se convierten en una demostración palpable de la burla que ha significado esta ley que viene a reabrir un sinnúmero de dolorosas heridas dejadas en la interminable estela de abusos de la mafia de propietarios de cupos y rutas del transporte y sus socios gubernamentales. Un obstáculo adicional hacia un verdadero Estado de Derecho Constitucional.
Presentada, respaldada e impulsada por el propio presidente Martín Torrijos Espino, la nueva Ley de Transporte aprobada a tambor batiente por la Asamblea Nacional, es un ejemplo de lo más acabado de la mentalidad que impera entre quienes gobiernan: para el pueblo palo, para los amigos plata...
La metodología adoptada para su elaboración, la ausencia de verdadera consulta, de real y efectivo debate con una representativa participación de los usuarios, reconfirman la ausencia de toda voluntad democrática de parte de los gobernantes y, nuevamente, su ciego propósito de imponer y engañar, como ya lo habían hecho con el Seguro Social, con el CAIR, con el Pacto de Estado por la Justicia, con el Código Penal con el Tratado de Libre Comercio (hoy TPC), y con un largo etcétera de la maraña legislativa que les sirva para legitimar sus actuaciones autoritarias y autocráticas, envueltas de la demagogia, el clientelismo y la manipulación cotidiana de la información, que tanto les place.
La Ley del Transporte de Martín es una ley a todas luces inconsulta, que insulta la dignidad del panameño, no sólo por su contenido superficial y burocrático, sino también porque NO contribuye a aportar NINGUNA solución a los actuales y gravísimos problemas que representa hoy por hoy el transporte, como servicio público que es.
Es una ley que NO sirve como instrumento para hacer del transporte un servicio público inspirado en el bienestar social y el interés público, más bien para favorecer el negociado privado de unos cuantos que han secuestrado el transporte en nuestro país. Transporte que debería ser un servicio verdaderamente público y municipalizado.
La Ley del Transporte de Martín no contienen los parámetros propios para que los usuarios tengan las seguridades y la calidad requerida en este siglo XXI, y permite una fácil distorsión de la función fiscalizadora y reguladora que dice otorgarle a la Autoridad del Tránsito. Es una ley que patrocina más bien, el desmejoramiento de la calidad de mal servicio que actualmente se presta y que deja en absoluta indefensión la situación de los usuarios y los expone a un abuso permanente y al alza de tarifas que acarreará so pretexto del nuevo mecanismo legal impuesto por la bancada oficialista y sus auxiliares.
La ley del Transporte de Martín es una ley concebida para patrocinar el incumplimiento de las obligaciones y de las disposiciones constitucionales y los Derechos Humanos vigentes, v.gr. al establecer los cupos hereditarios, lo cual trastoca no sólo la concepción de lo que es un servicio público, sino también los fundamentos mismos de lo que debe ser un Estado de Derecho y un régimen de gobierno republicano.
Las causales de terminación del contrato de concesión de líneas, rutas o piqueras son, además de superficiales, inclinadas a facilitar el favoritismo y la corrupción que tanto idolatra el Gobierno.
La manera como se establece el proceso sucesorio es contraria a los principios del debido proceso, viola el principio constitucional que no permite fueros y privilegios y distorsiona de manera agravada el concepto de servicio público, lo que permite favorecer una pendiente de degeneración permanente del servicio que brindará el transporte en Panamá.
Finalmente, la casi inexistente representación de los ciudadanos usuarios, el monopolio del Ejecutivo en el nombramiento del Director de la Autoridad de Tránsito, se convierten en una demostración palpable de la burla que ha significado esta ley que viene a reabrir un sinnúmero de dolorosas heridas dejadas en la interminable estela de abusos de la mafia de propietarios de cupos y rutas del transporte y sus socios gubernamentales. Un obstáculo adicional hacia un verdadero Estado de Derecho Constitucional.
