El trasfondo de un exabrupto
En una resolución obligante sin precedentes, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (DGI-MEF) ha comenzado a aplicar, con irracional presión, el Registro Único de Contribuyente (RUC) a las sociedades que no operan dentro de la República de Panamá.
Otra vez se hace efectivo el poco importa del gobierno para con un sector de la economía de servicios cuya productividad fiscal, siempre con la ley por delante, ha sabido proyectar sus contundentes ingresos al Producto Interno Bruto como tal, así como al Producto Interno Per Cápita.
Los analistas descartan la posibilidad de que la Directora General de Ingresos, por iniciativa propia, haya procesado semejante medida y despejan el camino de la verdad, que no es otra, que la aplicación de una política obtusa y burocrática de los funcionarios de carrera de la DGI-MEF que de alguna manera también siguen y sucumben a los cortejos que por años le hacen sus homólogos de la OCDE.
Y me pregunto, ¿ Estados Unidos tiene semejantes controles? La realidad es que NO, como tampoco tenía, por lo menos en 1977, una ínfima parte de los rígidos mecanismo legales panameños, dentro de su economía de servicios.
¿Sabía usted que dentro de los Estados de la Unión es factible inscribir una sociedad por teléfono, fax o internet? Pues es posible perfectamente sin que atraviesen por abogados que se responsabilicen de esas sociedades, de dónde provienen, y la obligación, como se exige en Panamá, de mantener hasta las últimas consecuencias legales la representación de dichas sociedades.
Si no se parecen en nada a la responsabilidad legal que se mantiene en Panamá, mucho menos están interesados en exigirles un Registro Único de Contribuyente a cada una de sus sociedades que no tienen operaciones dentro de Estados Unidos.
Son el tipo de presiones, como la medida que ahora sale de la Dirección General de Ingresos, las que permiten a los operadores del imperio ejercer, con ventaja, su doble rol de autoridad vía GAFI u OCDE por un lado y de trimillonarios comerciantes del dólar internacional, por el otro.
No cabe duda que la exigencia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) para sociedades que no tienen operaciones en Panamá, podría abrir la puerta a señales de impacto negativo para clientes que, inmediatamente, considerarían la medida como un preaviso para cobrar impuestos, todo al socaire de la "debilidad" del gobierno panameño frente a "instituciones" como la OCDE.
Lo más criminal de la medida, es que ninguno de los abogados o firmas de abogados que representan a sociedades panameñas con operaciones extraterritoriales pueden, de suyo, aplicar un RUC sin la autorización del cliente.
A partir de allí, si surge una legislación que legalice dicha operación, es obvio que el cliente piense, inmediatamente, que Panamá ha agregado a sus rígidos sistemas de control, uno más. Esta vez con un mensaje letal: sus abogados han quedado legalmente investidos para pagar impuestos sin su consentimiento previo.
El gobierno se apresura a tomar medidas como la Resolución de marras sin percibir que es ilógico pedir el Registro Único de Contribuyente cuando los datos para hacerlo se encuentran en la tasa de pago al gobierno por cada sociedad que funciona aquí.
Los abogados no tienen las manos atadas, expertos creen que hay razones para explorar la opción de solicitar la suspensión provisional de lo actuado por la Dirección General de Ingresos (DGI-MEF) en el marco de una demanda ante la Sala Tercera por la aplicación indebida de la ley original del RUC.
"Creo que se pueden probar los perjuicios notoriamente graves, además de que no se está tratando de una norma de pagar un impuesto, si no de entrar a un registro", sostuvo uno los expertos panameños que siguen de cerca la situación.
En fin, se impone la recapacitación del MEF y urge la rectificación de la descabellada medida que tan nefastas consecuencias puede traer. Es más, se impone, también, escuchar las recomendaciones que les han formulado los profesionales panameños involucrados en negocios "off-shore", en vez de seguir directrices de organismos internacionales controlados por potencias extranjeras que no cesan sus ataques en contra de la economía panameña de servicios.
Y me pregunto: ¿Sabrá el Gabinete de la presidenta Mireya Moscoso el exabrupto en que han incurrido los tecnócratas de la Dirección General de Ingresos del MEF? Si no lo saben es tiempo de reconsideran el caso. Si lo saben en toda su magnitud, entonces "perdonémosles porque no saben lo que hacen".
Otra vez se hace efectivo el poco importa del gobierno para con un sector de la economía de servicios cuya productividad fiscal, siempre con la ley por delante, ha sabido proyectar sus contundentes ingresos al Producto Interno Bruto como tal, así como al Producto Interno Per Cápita.
Los analistas descartan la posibilidad de que la Directora General de Ingresos, por iniciativa propia, haya procesado semejante medida y despejan el camino de la verdad, que no es otra, que la aplicación de una política obtusa y burocrática de los funcionarios de carrera de la DGI-MEF que de alguna manera también siguen y sucumben a los cortejos que por años le hacen sus homólogos de la OCDE.
Y me pregunto, ¿ Estados Unidos tiene semejantes controles? La realidad es que NO, como tampoco tenía, por lo menos en 1977, una ínfima parte de los rígidos mecanismo legales panameños, dentro de su economía de servicios.
¿Sabía usted que dentro de los Estados de la Unión es factible inscribir una sociedad por teléfono, fax o internet? Pues es posible perfectamente sin que atraviesen por abogados que se responsabilicen de esas sociedades, de dónde provienen, y la obligación, como se exige en Panamá, de mantener hasta las últimas consecuencias legales la representación de dichas sociedades.
Si no se parecen en nada a la responsabilidad legal que se mantiene en Panamá, mucho menos están interesados en exigirles un Registro Único de Contribuyente a cada una de sus sociedades que no tienen operaciones dentro de Estados Unidos.
Son el tipo de presiones, como la medida que ahora sale de la Dirección General de Ingresos, las que permiten a los operadores del imperio ejercer, con ventaja, su doble rol de autoridad vía GAFI u OCDE por un lado y de trimillonarios comerciantes del dólar internacional, por el otro.
No cabe duda que la exigencia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) para sociedades que no tienen operaciones en Panamá, podría abrir la puerta a señales de impacto negativo para clientes que, inmediatamente, considerarían la medida como un preaviso para cobrar impuestos, todo al socaire de la "debilidad" del gobierno panameño frente a "instituciones" como la OCDE.
Lo más criminal de la medida, es que ninguno de los abogados o firmas de abogados que representan a sociedades panameñas con operaciones extraterritoriales pueden, de suyo, aplicar un RUC sin la autorización del cliente.
A partir de allí, si surge una legislación que legalice dicha operación, es obvio que el cliente piense, inmediatamente, que Panamá ha agregado a sus rígidos sistemas de control, uno más. Esta vez con un mensaje letal: sus abogados han quedado legalmente investidos para pagar impuestos sin su consentimiento previo.
El gobierno se apresura a tomar medidas como la Resolución de marras sin percibir que es ilógico pedir el Registro Único de Contribuyente cuando los datos para hacerlo se encuentran en la tasa de pago al gobierno por cada sociedad que funciona aquí.
Los abogados no tienen las manos atadas, expertos creen que hay razones para explorar la opción de solicitar la suspensión provisional de lo actuado por la Dirección General de Ingresos (DGI-MEF) en el marco de una demanda ante la Sala Tercera por la aplicación indebida de la ley original del RUC.
"Creo que se pueden probar los perjuicios notoriamente graves, además de que no se está tratando de una norma de pagar un impuesto, si no de entrar a un registro", sostuvo uno los expertos panameños que siguen de cerca la situación.
En fin, se impone la recapacitación del MEF y urge la rectificación de la descabellada medida que tan nefastas consecuencias puede traer. Es más, se impone, también, escuchar las recomendaciones que les han formulado los profesionales panameños involucrados en negocios "off-shore", en vez de seguir directrices de organismos internacionales controlados por potencias extranjeras que no cesan sus ataques en contra de la economía panameña de servicios.
Y me pregunto: ¿Sabrá el Gabinete de la presidenta Mireya Moscoso el exabrupto en que han incurrido los tecnócratas de la Dirección General de Ingresos del MEF? Si no lo saben es tiempo de reconsideran el caso. Si lo saben en toda su magnitud, entonces "perdonémosles porque no saben lo que hacen".
