El Tribunal del Agua y un veredicto sesgado
Conocimos en días pasados a través de los medios de comunicación que nuestro país sería "juzgado" en la primera Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), celebrada en México D. F. del 13 al 21 de marzo, por permitir el tránsito de materiales radiactivos por el Canal de Panamá.
Me causó conmoción y preocupación esta información ya que se señalaba, que la "audiencia de juzgamiento" contra el gobierno de Panamá, se daría en el contexto o bien en forma paralela a la celebración del IV Foro Mundial del Agua, cuya organización es responsabilidad del gobierno mexicano en calidad de anfitrión y el Consejo Nacional de Agua, lo que acuerpaba así la actividad del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) y por ende la demanda contra Panamá.
Al acceder al sitio web del IV Foro Mundial de Agua (www. worldwaterforum4.org.mx) y revisar el temario del mismo, descubrí que la Primera Audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua no era parte de la agenda a desarrollarse durante el foro que se inauguró el pasado 16 marzo. ¿Entonces por qué los responsables de organizar la audiencia del TLA, informan que la misma es una actividad paralela al foro? Cuando en realidad la Audiencia de Juzgamiento no sólo contra Panamá, sino con otras naciones. No es una actividad oficial ni mucho menos paralela al IV Foro Mundial del Agua. ¿Serán intereses creados para desinformar la opinión pública?
Me hago esa pregunta y pienso que si bien el TLA, se promueve como un tribunal ético y cuyas sentencias no son vinculantes, sino de carácter moral, entonces no nos parece para nada ético, mucho menos moral que intenten desinformarnos al adjudicarse un evento como el IV Foro Mundial del Agua, para dar relevancia a su actividad. Partiendo de ese concepto, dudo de la seriedad del TLA en cuanto al veredicto que impartan contra nuestro país, por permitir el tránsito de transporte de material radiactivo. Porque si de partida intentan tergiversar la información para vender en los medios una "legitimidad", entonces cómo podemos creer en un veredicto imparcial de este llamado "tribunal".
El pasado 14 de marzo, el TLA llevó a cabo la audiencia contra Panamá, por permitir el tránsito de transporte de material radiactivo por el Canal de Panamá, sin que solicitase información técnica y científica a los organismos de las Naciones Unidas encargados de regular de manera estricta este transporte. Ellos son el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización Marítima Internacional (OMI). Tampoco solicitaron información a las empresas involucradas, en estos transportes como son: British Nuclear Group (Reino Unido), Areva (Francia) y Overseas Reprocessing Committe (Japón). Es más fueron las empresas que brindaron información al TLA según explican en un comunicado. Entonces ¿cómo se justifica un supuesto veredicto del TLA sobre este complejo tema, sin que haya un análisis exhaustivo de esta información técnica y científica disponible y pública en las páginas web de estas respetadas organizaciones internacionales, de las cuáles Panamá y los países latinoamericanos son miembros prominentes?
Cuando el Director del TLA, Javier Bogantes, dijo a AP que las consideraciones del TLA se basarían en una investigación científica y técnica, se le "olvidó" comentar que en realidad fundamentarían su criterio escuchando un solo lado de este complejo tema: los grupos ambientalistas. Si bien es cierto que las preocupaciones de estos grupos han servido para que las regulaciones en el transporte de materiales nucleares sean más estrictas, no se puede negar que tienen una visión sesgada acerca del tema y hasta me atrevería a afirmar que sus intereses no son del todo "potables".
La pregunta que me asalta es la siguiente: ¿Por qué 10 organizaciones ambientalistas panameñas, en la que se destaca el Comité Panameño por los Derechos Humanos, no dedican sus esfuerzos en temas tales como los abusos diarios en los centros carcelarios; los abusos de las empresas de energía eléctrica en las tarifas de la luz, los abusos de los distribuidores de gasolina, etc? Vemos y leemos que dedican "todos" sus esfuerzos en un transporte que solo ocurre una o dos veces al año, cumpliendo con todas las regulaciones internacionales y las propias de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Como dicen los expertos y científicos -en los que me incluyo- el "cero riesgo no existe", el riesgo en el transporte de materiales nucleares "es tan cercano a cero como cualquier persona razonablemente informada pudiese exigir". El transporte de materiales radiactivos no es una carga prohibida y no representa ningún peligro contra las reservas de agua de Panamá; de lo contrario la ACP no permitiría estos tránsitos. Si manejamos el Canal bajo la consigna de "cero riesgo", como promueven nuestros amigos ambientalistas, los buques-tanque (petroleros, quimiqueros, GLP, etc.) no podrían transitar, así como tampoco una carga tan inocente como la sal que de derramarse cerca de una toma de agua potable, o en el mismo Lago Gatún, podría causar una gran contaminación. Para satisfacer a nuestros amigos ambientalistas, tendríamos que cerrar el Canal después de más de 92 años de operación exitosa, especialmente en manos panameñas como se ha demostrado a la saciedad. Como ex empleado de la División de Marina de la Comisión del Canal de Panamá, y como miembro prominente del equipo técnico de las Operaciones de Tránsito Marítimo (por más de 25 años), confío plenamente en el profesionalismo de los panameños y panameñas que manejan el Canal hoy día. No nos dejemos engañar por los "cantos de sirena" aunque sean de lo más atractivos y sensacionalistas. La especulación sigue siendo un instrumento de la ignorancia.
(*) Experto en Seguridad Marina/Materiales Peligrosos.
Pero la cuestión de fondo todavía no está resuelta. A la suspensión provisional debe seguir la declaración de nulidad de las frases impugnadas. El Organo Ejecutivo, no debe esperar que ese fallo se produzca. Lo prudente es que reconozca su error y elimine, con otro Decreto, las frases ilegalmente adicionadas.
Me causó conmoción y preocupación esta información ya que se señalaba, que la "audiencia de juzgamiento" contra el gobierno de Panamá, se daría en el contexto o bien en forma paralela a la celebración del IV Foro Mundial del Agua, cuya organización es responsabilidad del gobierno mexicano en calidad de anfitrión y el Consejo Nacional de Agua, lo que acuerpaba así la actividad del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) y por ende la demanda contra Panamá.
Al acceder al sitio web del IV Foro Mundial de Agua (www. worldwaterforum4.org.mx) y revisar el temario del mismo, descubrí que la Primera Audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua no era parte de la agenda a desarrollarse durante el foro que se inauguró el pasado 16 marzo. ¿Entonces por qué los responsables de organizar la audiencia del TLA, informan que la misma es una actividad paralela al foro? Cuando en realidad la Audiencia de Juzgamiento no sólo contra Panamá, sino con otras naciones. No es una actividad oficial ni mucho menos paralela al IV Foro Mundial del Agua. ¿Serán intereses creados para desinformar la opinión pública?
Me hago esa pregunta y pienso que si bien el TLA, se promueve como un tribunal ético y cuyas sentencias no son vinculantes, sino de carácter moral, entonces no nos parece para nada ético, mucho menos moral que intenten desinformarnos al adjudicarse un evento como el IV Foro Mundial del Agua, para dar relevancia a su actividad. Partiendo de ese concepto, dudo de la seriedad del TLA en cuanto al veredicto que impartan contra nuestro país, por permitir el tránsito de transporte de material radiactivo. Porque si de partida intentan tergiversar la información para vender en los medios una "legitimidad", entonces cómo podemos creer en un veredicto imparcial de este llamado "tribunal".
El pasado 14 de marzo, el TLA llevó a cabo la audiencia contra Panamá, por permitir el tránsito de transporte de material radiactivo por el Canal de Panamá, sin que solicitase información técnica y científica a los organismos de las Naciones Unidas encargados de regular de manera estricta este transporte. Ellos son el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización Marítima Internacional (OMI). Tampoco solicitaron información a las empresas involucradas, en estos transportes como son: British Nuclear Group (Reino Unido), Areva (Francia) y Overseas Reprocessing Committe (Japón). Es más fueron las empresas que brindaron información al TLA según explican en un comunicado. Entonces ¿cómo se justifica un supuesto veredicto del TLA sobre este complejo tema, sin que haya un análisis exhaustivo de esta información técnica y científica disponible y pública en las páginas web de estas respetadas organizaciones internacionales, de las cuáles Panamá y los países latinoamericanos son miembros prominentes?
Cuando el Director del TLA, Javier Bogantes, dijo a AP que las consideraciones del TLA se basarían en una investigación científica y técnica, se le "olvidó" comentar que en realidad fundamentarían su criterio escuchando un solo lado de este complejo tema: los grupos ambientalistas. Si bien es cierto que las preocupaciones de estos grupos han servido para que las regulaciones en el transporte de materiales nucleares sean más estrictas, no se puede negar que tienen una visión sesgada acerca del tema y hasta me atrevería a afirmar que sus intereses no son del todo "potables".
La pregunta que me asalta es la siguiente: ¿Por qué 10 organizaciones ambientalistas panameñas, en la que se destaca el Comité Panameño por los Derechos Humanos, no dedican sus esfuerzos en temas tales como los abusos diarios en los centros carcelarios; los abusos de las empresas de energía eléctrica en las tarifas de la luz, los abusos de los distribuidores de gasolina, etc? Vemos y leemos que dedican "todos" sus esfuerzos en un transporte que solo ocurre una o dos veces al año, cumpliendo con todas las regulaciones internacionales y las propias de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Como dicen los expertos y científicos -en los que me incluyo- el "cero riesgo no existe", el riesgo en el transporte de materiales nucleares "es tan cercano a cero como cualquier persona razonablemente informada pudiese exigir". El transporte de materiales radiactivos no es una carga prohibida y no representa ningún peligro contra las reservas de agua de Panamá; de lo contrario la ACP no permitiría estos tránsitos. Si manejamos el Canal bajo la consigna de "cero riesgo", como promueven nuestros amigos ambientalistas, los buques-tanque (petroleros, quimiqueros, GLP, etc.) no podrían transitar, así como tampoco una carga tan inocente como la sal que de derramarse cerca de una toma de agua potable, o en el mismo Lago Gatún, podría causar una gran contaminación. Para satisfacer a nuestros amigos ambientalistas, tendríamos que cerrar el Canal después de más de 92 años de operación exitosa, especialmente en manos panameñas como se ha demostrado a la saciedad. Como ex empleado de la División de Marina de la Comisión del Canal de Panamá, y como miembro prominente del equipo técnico de las Operaciones de Tránsito Marítimo (por más de 25 años), confío plenamente en el profesionalismo de los panameños y panameñas que manejan el Canal hoy día. No nos dejemos engañar por los "cantos de sirena" aunque sean de lo más atractivos y sensacionalistas. La especulación sigue siendo un instrumento de la ignorancia.
(*) Experto en Seguridad Marina/Materiales Peligrosos.
Pero la cuestión de fondo todavía no está resuelta. A la suspensión provisional debe seguir la declaración de nulidad de las frases impugnadas. El Organo Ejecutivo, no debe esperar que ese fallo se produzca. Lo prudente es que reconozca su error y elimine, con otro Decreto, las frases ilegalmente adicionadas.
