El Universo de los expertos
Los “connotados” políticos afectados, que temen ser juzgados y encarcelados. Los temores de un partido prepotente, que invirtió, para estructurar el mejor sistema de infiltración en partidos, los medios de comunicación, las instituciones de la Sociedad civil, las universidades públicas y privadas, etc. utilizando el arma del manejo de la información, no divulgada, que acalla a los temerosos y el hábil empleo del terrorismo partidista, cuyas andanadas de ataques son acogidos por los medios de comunicación, particularmente los televisivos, unidos al conjunto de expertos que poco o nada han hecho para influir en reformar nuestra Carta Magna, quienes hoy descubren, atónitos, lo que siempre ha existido: una resquebrajada institucionalidad.
Los expertos en política, derecho “constitucional” y demás menesteres, quienes con interés o sin él, desconocen, el consuetudinario actuar ilegitimo de una Procuraduría General de la Nación, cuyo deber es tratar de acabar, vía la justicia penal, con la impunidad pretendida por funcionarios, corruptos, encumbrados en los niveles más elevados de la administración pública.
Cuando se le explicó al presidente que los resultados, en procesos tramitados por la procuraduría, dependían de las pruebas obtenidas, ya la cabeza del Ministerio Público tenía cerca de 5 años ejerciendo el cargo. ¿Dónde falló el proceso investigativo de acumulación de pruebas? ¿Y si la Corte la ignoraba, qué acciones tomó, dónde estuvieron las energías para insistir en lo solicitado y su acercamiento a los medios para criticar el atolladero en la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiénes analizaban o criticaban el proceso de acumulación y verificación de pruebas, la Corte de Martin? ¿Y si la Corte lo omitía, quién investigaba la Asamblea de Martin?
Para que exista en Panamá un verdadero Estado de derecho, se tiene que acabar con una institucionalidad adaptable al presidencialismo con mayoría dentro de los otros poderes del Estado. Los expertos que hoy salen a la palestra y el partido más afectado, no están, proponiendo la posibilidad de conformar, con ímpetu certero, una constituyente para redactar una Carta Magna equilibrada que, de una vez por todas, elimine la multiplicidad de artículos que facilitan la acumulación de poderes; dejando la independencia de éstos al vaivén de la conveniente “colaboración armónica”.
La sociedad civil debe dedicarse a conformar una fuerte y representativa alianza, que luche por una reforma integral a la actual Constitución. No miremos hacia atrás. Tornemos lo negativo en positivo. La historia refleja, con diáfana claridad, que la Procuraduría General de la Nación es un serio obstáculo para el castigo de reconocidos personajes. Cinco años más de lo mismo, seria una verdadera tragedia nacional.
¿Qué constitucionalista, reconocido, expondría su reputación, alegando virtudes jurídicas en nuestra constitución que impiden la acumulación de poderes?
