El "voto en plancha": El recurso de la desventaja
En la medida que se acercan los próximos comicios electorales observamos la insistencia de algunos candidatos en solicitar el conocido "voto en plancha" en sus discursos electorales, como garantía de la homogeneidad en las acciones legislativas o para consolidar el aparato de gobierno, eufemismos con los cuales se disfraza la inseguridad de los proponentes para alcanzar la esperada curul legislativa. Porque no hay otra cosa tras esos llamamientos a la unidad partidaria en torno a la obtención de un Organo Legislativo con una significativa mayoría, que la preocupación de que el tren les deje fuera, durante los próximos cinco años, de los salarios, comisiones, exoneraciones de impuesto, fondos para desarrollo comunitario, cuotas de nombramientos y becas estatales, prebendas para familiares, beneficios institucionales y "otorgamientos graciosos" de que son objeto los miembros de la Asamblea Legislativa.
Ya los panameños hemos adquirido una larga experiencia en Asambleas unánimes, en las cuales el partido que ostenta el poder en el Ejecutivo determinan las acciones a seguir por el Legislativo e influye, incluso, en la conformación y acciones del Organo Judicial; práctica inveterada a la cual parece nos hemos acostumbrado. Experiencia que adquirió ribetes surrealistas con la creación de la Asamblea Nacional de Representantes en 1972, adscrita incondicionalmente a los militares y luego con los parapetos de representación que en su momento fue el llamado Consejo Nacional de Legislación de 1978 y la Asamblea Legislativa de 1984; tarimas de titiriteros para los caprichos y deleite del Estado Mayor y sus secuaces (basta recordar el madrugonazo del Tratado de Montería, la aprobación de la Ley 20 de las Fuerzas de Defensa y la destitución del Presidente Del Valle y el Vicepresidente Esquivel y otras trapacerías).
Experiencias recientes, en 1989 y 1994, ponen en evidencia el peligro que constituye el irracional "voto en plancha" para los derechos ciudadanos. El primero de los casos, en plena democracia, fue la Asamblea Legislativa conformada a raíz de la invasión en el 89 con una amplia mayoría de la Democracia Cristiana, resultado del voto en plancha como factura de la ciudadanía a los militares. Los votos de dicho partido, conjuntamente con los otros partidos de gobierno, avalaron una serie de medidas antipopulares como fue la reforma a la Ley Orgánica del Seguro Social y la extensión de la edad de jubilación para dar cumplimiento a las IFIs. El deterioro de la bancada DC como consecuencia de sus compromisos con el Ejecutivo significó el virtual desmembramiento del partido y la obtención de una sola curul en los comicios siguientes.
El segundo caso, mucho más patético, es el resultado de las elecciones de 1994, en la cual el Partido Revolucionario Democrático obtuvo 27 curules derivadas de la práctica del "voto en plancha" indiscriminado. Esta ventaja facilitó la captación de aliados oportunos y la cooptación de legisladores de grupos independientes brindando una clara ventaja al Ejecutivo. El producto de este aparato parlamentario comprometido, es la aprobación de una serie de leyes y contratos que permitieron la enajenación de las más importantes empresas y bienes estatales. Sin posibilidad de debates críticos, obedientes a la línea presidencial, temerosos de perder sus canonjías, los legisladores gubernamentales aprobaron, ante la impotencia de la oposición, las protestas de los afectados y los gases de la policía, una tras otra las solicitudes de privatización, las concesiones administrativas, los contratos mineros, las modificaciones a las leyes laborales, la eliminación de las jubilaciones especiales, el aumento de sueldo de los ministros, el nombramiento de los recomendados del presidente y, después del 2 de mayo, quién sabe qué sorpresas nos aguardan.
La secuela más grave del "voto en plancha" es el facilitar el acceso a las posiciones legislativas, con el recurso de los residuos obtenidos por arrastre, de personas que bajo otras circunstancias no figurarían siquiera en una papeleta de votación. Bajo esta fórmula se escudan viejos políticos desprestigiados, sujetos sin verdaderos perfiles de dirigentes, sin trayectoria ni ejecutorias en la comunidad, sin votación de servicio público y, lo que es más grave, carentes de los más elementales conocimientos del manejo de la cosa pública. Estas limitaciones desembocan, como lo hemos vivido año tras año todos los panameños, en la más flagrante irresponsabilidad y el oportunismo más descarado. La práctica del "voto en plancha" permite la entronización en el hemiciclo legislativo de una especie de "cosa nostra", consolidada por intereses comunes, la repartición de los beneficios políticos, un férreo padrinazgo y la disciplina de la obediencia debida cuya máxima en otros días lo constituía la "lealtad sin precio ni duda". Escoger cuidadosamente a nuestros legisladores, seleccionar hombres y mujeres probos, con capacidad y comprobada vocación de servicio público, es la única forma que tenemos los panameños de impedir que la inmoralidad y la politiquería se sigan campeando en nuestra Asamblea Legislativa sin el menor sonrojo.
Ya los panameños hemos adquirido una larga experiencia en Asambleas unánimes, en las cuales el partido que ostenta el poder en el Ejecutivo determinan las acciones a seguir por el Legislativo e influye, incluso, en la conformación y acciones del Organo Judicial; práctica inveterada a la cual parece nos hemos acostumbrado. Experiencia que adquirió ribetes surrealistas con la creación de la Asamblea Nacional de Representantes en 1972, adscrita incondicionalmente a los militares y luego con los parapetos de representación que en su momento fue el llamado Consejo Nacional de Legislación de 1978 y la Asamblea Legislativa de 1984; tarimas de titiriteros para los caprichos y deleite del Estado Mayor y sus secuaces (basta recordar el madrugonazo del Tratado de Montería, la aprobación de la Ley 20 de las Fuerzas de Defensa y la destitución del Presidente Del Valle y el Vicepresidente Esquivel y otras trapacerías).
Experiencias recientes, en 1989 y 1994, ponen en evidencia el peligro que constituye el irracional "voto en plancha" para los derechos ciudadanos. El primero de los casos, en plena democracia, fue la Asamblea Legislativa conformada a raíz de la invasión en el 89 con una amplia mayoría de la Democracia Cristiana, resultado del voto en plancha como factura de la ciudadanía a los militares. Los votos de dicho partido, conjuntamente con los otros partidos de gobierno, avalaron una serie de medidas antipopulares como fue la reforma a la Ley Orgánica del Seguro Social y la extensión de la edad de jubilación para dar cumplimiento a las IFIs. El deterioro de la bancada DC como consecuencia de sus compromisos con el Ejecutivo significó el virtual desmembramiento del partido y la obtención de una sola curul en los comicios siguientes.
El segundo caso, mucho más patético, es el resultado de las elecciones de 1994, en la cual el Partido Revolucionario Democrático obtuvo 27 curules derivadas de la práctica del "voto en plancha" indiscriminado. Esta ventaja facilitó la captación de aliados oportunos y la cooptación de legisladores de grupos independientes brindando una clara ventaja al Ejecutivo. El producto de este aparato parlamentario comprometido, es la aprobación de una serie de leyes y contratos que permitieron la enajenación de las más importantes empresas y bienes estatales. Sin posibilidad de debates críticos, obedientes a la línea presidencial, temerosos de perder sus canonjías, los legisladores gubernamentales aprobaron, ante la impotencia de la oposición, las protestas de los afectados y los gases de la policía, una tras otra las solicitudes de privatización, las concesiones administrativas, los contratos mineros, las modificaciones a las leyes laborales, la eliminación de las jubilaciones especiales, el aumento de sueldo de los ministros, el nombramiento de los recomendados del presidente y, después del 2 de mayo, quién sabe qué sorpresas nos aguardan.
La secuela más grave del "voto en plancha" es el facilitar el acceso a las posiciones legislativas, con el recurso de los residuos obtenidos por arrastre, de personas que bajo otras circunstancias no figurarían siquiera en una papeleta de votación. Bajo esta fórmula se escudan viejos políticos desprestigiados, sujetos sin verdaderos perfiles de dirigentes, sin trayectoria ni ejecutorias en la comunidad, sin votación de servicio público y, lo que es más grave, carentes de los más elementales conocimientos del manejo de la cosa pública. Estas limitaciones desembocan, como lo hemos vivido año tras año todos los panameños, en la más flagrante irresponsabilidad y el oportunismo más descarado. La práctica del "voto en plancha" permite la entronización en el hemiciclo legislativo de una especie de "cosa nostra", consolidada por intereses comunes, la repartición de los beneficios políticos, un férreo padrinazgo y la disciplina de la obediencia debida cuya máxima en otros días lo constituía la "lealtad sin precio ni duda". Escoger cuidadosamente a nuestros legisladores, seleccionar hombres y mujeres probos, con capacidad y comprobada vocación de servicio público, es la única forma que tenemos los panameños de impedir que la inmoralidad y la politiquería se sigan campeando en nuestra Asamblea Legislativa sin el menor sonrojo.
