Elección de los magistrados
Al amparo de la necesaria coordinación entre órganos del Estado, próximamente el Gobierno presentará ante la Asamblea Nacional sus candidaturas para las dos magistraturas que quedarán vacantes en la Corte Suprema de Justicia a partir de enero venidero. Pero la coordinación que sugiere la ley, exige al proponente considerar las pautas de independencia entre órganos, las virtudes que reclama el civismo de una sociedad democrática, y ante todo el respeto a las expectativas ciudadanas de experiencia, honestidad y firmeza que deben tener funcionarios como los que serán considerados para un cargo como el que se señala. Ya con anterioridad tales condiciones han sido exigidas por una sociedad civil que no soporta que en decisiones como estas, puedan hacerse presentes nocivos vicios que a estas alturas debían estar superados. Desgraciadamente la escogencia de los futuros magistrados ha estado antecedida de supuestos nombres de “ungidos”, que si bien pueden representar algunas de las cualidades anotadas, con seguridad existen otros que las cuentan en mayor grado. Panamá goza de numerosos profesionales del derecho con trayectorias respetables, que conocen a profundidad las leyes del país y que han demostrados en sus experiencias como litigantes, capacidad y coraje.
Ojalá que el ejecutivo considere en sus propuestas estas características, sin tener que recurrir a profesionales que en la brevedad del tiempo se puedan convertir en severos dolores de cabeza, tanto para el establecimiento gubernamental como para la propia sociedad.
