Eliminación de privilegios
LA PROCURADORA general de la Nación, Ana Matilde Gómez, ha enviado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José A. Troyano, un anteproyecto de ley que pretende eliminar en parte y moderar en otro algunos privilegios de los que gozan magistrados, jueces y funcionarios de instrucción.
Entre dichos privilegios se encuentran los derechos a recibir 100 galones mensuales de combustible, por cuenta de su respectiva dependencia y a importar un automóvil libre de impuestos cada tres años.
Lo que mejor habla de la iniciativa es que su misma promotora, la procuradora Gómez, es beneficiaria de los privilegios que persigue derogar o atemperar. Algunos han discrepado de su criterio, con el argumento de que, si el Estado no es capaz de proveerles vehículos y medios de transporte para desempeñar sus labores, es válido dotarles de esas ventajas. Pero, salvo los vendedores del sector privado, el uso en la plaza no es proveer esas prerrogativas.
El mayor problema es que de esos derechos no goza el resto de los ciudadanos, lo que los convierte en un factor de irritación, por decir lo menos. En su mayoría, los titulares de esos privilegios en el sector público gozan de salarios de clase media, similares a los de sus semejantes del sector privado, pero con la diferencia de que los últimos suelen costear con sus ingresos el costo de sus automóviles y su combustible.
Al margen de eso, están los choferes y escoltas, que corren también por cuenta de la entidad o, en último término, del Estado. Y es normal y frecuente que unos y otros sean ocupados en la comisión de diligencias particulares que nada tienen que ver con las inherentes de su cargo.
Hay, sin embargo, una sugerencia que nos permitimos formular, y es que se aproveche la actual discusión de la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo para ampliar el proyecto de la procuradora Gómez hacia otros funcionarios del Estado que gozan de prerrogativas similares tales como los diputados y magistrados del Tribunal Electoral. Es una cuestión de equidad e igualdad.
Entre dichos privilegios se encuentran los derechos a recibir 100 galones mensuales de combustible, por cuenta de su respectiva dependencia y a importar un automóvil libre de impuestos cada tres años.
Lo que mejor habla de la iniciativa es que su misma promotora, la procuradora Gómez, es beneficiaria de los privilegios que persigue derogar o atemperar. Algunos han discrepado de su criterio, con el argumento de que, si el Estado no es capaz de proveerles vehículos y medios de transporte para desempeñar sus labores, es válido dotarles de esas ventajas. Pero, salvo los vendedores del sector privado, el uso en la plaza no es proveer esas prerrogativas.
El mayor problema es que de esos derechos no goza el resto de los ciudadanos, lo que los convierte en un factor de irritación, por decir lo menos. En su mayoría, los titulares de esos privilegios en el sector público gozan de salarios de clase media, similares a los de sus semejantes del sector privado, pero con la diferencia de que los últimos suelen costear con sus ingresos el costo de sus automóviles y su combustible.
Al margen de eso, están los choferes y escoltas, que corren también por cuenta de la entidad o, en último término, del Estado. Y es normal y frecuente que unos y otros sean ocupados en la comisión de diligencias particulares que nada tienen que ver con las inherentes de su cargo.
Hay, sin embargo, una sugerencia que nos permitimos formular, y es que se aproveche la actual discusión de la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo para ampliar el proyecto de la procuradora Gómez hacia otros funcionarios del Estado que gozan de prerrogativas similares tales como los diputados y magistrados del Tribunal Electoral. Es una cuestión de equidad e igualdad.
