¿Eliminarán privilegios de legisladores suplentes?
La poca memoria de los panameños nos ha hecho olvidar que durante la administración legislativa del entonces presidente del PRD, Gerardo González, a finales de 1998, se aprobaron una serie de reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, las cuales, entre otras cosas incluyeron, que el quórum de la Asamblea podría ser hasta de 17 legisladores. Hoy, la nueva presidenta del PRD, Balbina Herrera, admite que se equivocaron al aprobar dicha reforma, aunque debe recordar que también en dicha reforma, que tanta gente pidió a Pérez Balladares no sancionara, se incluyeron la legalización de las inmorales partidas circuitales y la especie de patente de corso para que los legisladores la manejen a diestra y siniestra, así como el aumento en los privilegios de los legisladores principales y suplentes y la extensión de los mismos a otros funcionarios legislativos.
No sólo se equivocaron en eso, sino también en haber multiplicado los privilegios de los legisladores principales y suplentes y que ahora, durante la semana que acaba de terminar, la procuradora de la administración, Alma Montenegro de Fletcher, ha pedido, ante demanda de inconstitucionalidad presentada el 24 de mayo pasado en la Corte Suprema de Justicia por el licenciado Víctor M. Martínez y este servidor, en su Vista (opinión como defensora de los derechos del Estado) sobre tal demanda, pide la eliminación de todos los privilegios de los suplentes a legislador, así como algunos otorgados al Secretario y Subsecretarios Generales de la Asamblea y un privilegio para los legisladores principales.
¿Cuáles son los privilegios que propone eliminar la Procuradora de la Administración y qué le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia decidir sobre si acepta tal opinión o deja todo cual está, o sea con una gama de privilegios para principales, suplentes y otros funcionarios, todos odiosos y arrogantes ante los ojos de la comunidad?
Legisladores principales: Se propone eliminar el privilegio de otorgar pasaporte diplomático a los familiares de los legisladores principales, ya que ellos -los familiares- no son funcionarios públicos y sería un privilegio demasiado personal.
Legisladores suplentes: 2a) privilegio de importar libre de gravámenes dos vehículos por período. Ellos no son principales, con lo que mantener este privilegio, equivaldría a pensar que se han electo 213 legisladores y no 71 como ocurre en la realidad. (Ese privilegio, anotaríamos nosotros, en muchos casos, termina vendiéndose a particulares, lo cual constituye un delito tanto para el vendedor del mismo, el suplente, como para quien lo compra) 2b) Privilegio de pasaporte diplomático. 2c) Privilegio de franquicia y líneas telefónicas. 2d) Privilegio de no poder ser destituido, ni amonestado, ni poder ser objeto de ninguna acción de personal, si el legislador suplente trabaja en una entidad del Estado, siendo la única forma de poder ser cesado en el cargo si abandona el mismo o comete algún delito. 3. Secretario Generales y Sub-Secretario Generales Adjuntos. Franquicia telefónica para cada uno.
Adicionalmente, la Procuradora de la Administración, solicita se declare inconstitucional la Resolución No. 24 de 22 de diciembre de 1998, firmada por Gerardo González, en donde burda y desvergonzadamente la misma Asamblea aprobó un reglamento para llamadas telefónicas de los legisladores que en su último artículo decía que como era asunto de interés social y de orden público, se condonaban las deudas de llamadas telefónicas y celulares de los legisladores desde el 1 de septiembre de 1994 a la fecha de aprobación de semejante resolución. Como señaláramos, lo peor de estos privilegios es que los legisladores, "Padres de la Patria", decidieron que las cuentas atrasadas se debían cancelar mediante dicho reglamento ilegal y arbitrario que aprobaron en diciembre de 1998, auspiciado por la alta dirigencia del PRD, la misma que con tanta frecuencia se rasga las vestiduras. Con cierta sorna leo las noticias de que los legisladores suplentes planean organizarse para defender sus "conquistas", acusándome de que cualquier cosa a mí, como proponente de esta eliminación que tanto le ha gustado a la población. Espero que en su defensa no lleguen al extremo (por no decir al ridículo) de cerrar calles como hacen los de MODESCO en Colón o algunos estudiantes en la Transístimica.
En la parte seria de este asunto, creemos que la Vista de la Procuradora de la Administración apunta hacia el proceso de moralización que debemos vivir en Panamá y que inexorablemente debe empezar por la clase política panameña, acostumbrada, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, a llegar al poder para resolver sus problemas personales, relegando a un segundo plano los problemas de las grandes mayorías, que tanto juraron defender cuando aspiraban a algún cargo público. Esperamos que en la otra demanda de inconstituicionalidad que cursa en la Corte y sobre la cual tendrá que dar su opinión el Procurador General de la Nación, aquella que versa sobre las partidas circuitales, presentada por los abogados Ramiro y Silvio Guerra Morales, también se pida a la Corte se declare su inconstitucionalidad.
Ojalá que la Corte Suprema de Justicia también se haga eco de ese clamor, con la misma diligencia y rapidez de la Procuradora de la Administración. Van a ver Uds. que una vez que se comience a dar ese viraje hacia lo moral y lo ético, muchas cosas comenzarán a funcionar mejor y veremos que empiezan a cesar los abusos de quienes detentan el poder.
No sólo se equivocaron en eso, sino también en haber multiplicado los privilegios de los legisladores principales y suplentes y que ahora, durante la semana que acaba de terminar, la procuradora de la administración, Alma Montenegro de Fletcher, ha pedido, ante demanda de inconstitucionalidad presentada el 24 de mayo pasado en la Corte Suprema de Justicia por el licenciado Víctor M. Martínez y este servidor, en su Vista (opinión como defensora de los derechos del Estado) sobre tal demanda, pide la eliminación de todos los privilegios de los suplentes a legislador, así como algunos otorgados al Secretario y Subsecretarios Generales de la Asamblea y un privilegio para los legisladores principales.
¿Cuáles son los privilegios que propone eliminar la Procuradora de la Administración y qué le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia decidir sobre si acepta tal opinión o deja todo cual está, o sea con una gama de privilegios para principales, suplentes y otros funcionarios, todos odiosos y arrogantes ante los ojos de la comunidad?
Legisladores principales: Se propone eliminar el privilegio de otorgar pasaporte diplomático a los familiares de los legisladores principales, ya que ellos -los familiares- no son funcionarios públicos y sería un privilegio demasiado personal.
Legisladores suplentes: 2a) privilegio de importar libre de gravámenes dos vehículos por período. Ellos no son principales, con lo que mantener este privilegio, equivaldría a pensar que se han electo 213 legisladores y no 71 como ocurre en la realidad. (Ese privilegio, anotaríamos nosotros, en muchos casos, termina vendiéndose a particulares, lo cual constituye un delito tanto para el vendedor del mismo, el suplente, como para quien lo compra) 2b) Privilegio de pasaporte diplomático. 2c) Privilegio de franquicia y líneas telefónicas. 2d) Privilegio de no poder ser destituido, ni amonestado, ni poder ser objeto de ninguna acción de personal, si el legislador suplente trabaja en una entidad del Estado, siendo la única forma de poder ser cesado en el cargo si abandona el mismo o comete algún delito. 3. Secretario Generales y Sub-Secretario Generales Adjuntos. Franquicia telefónica para cada uno.
Adicionalmente, la Procuradora de la Administración, solicita se declare inconstitucional la Resolución No. 24 de 22 de diciembre de 1998, firmada por Gerardo González, en donde burda y desvergonzadamente la misma Asamblea aprobó un reglamento para llamadas telefónicas de los legisladores que en su último artículo decía que como era asunto de interés social y de orden público, se condonaban las deudas de llamadas telefónicas y celulares de los legisladores desde el 1 de septiembre de 1994 a la fecha de aprobación de semejante resolución. Como señaláramos, lo peor de estos privilegios es que los legisladores, "Padres de la Patria", decidieron que las cuentas atrasadas se debían cancelar mediante dicho reglamento ilegal y arbitrario que aprobaron en diciembre de 1998, auspiciado por la alta dirigencia del PRD, la misma que con tanta frecuencia se rasga las vestiduras. Con cierta sorna leo las noticias de que los legisladores suplentes planean organizarse para defender sus "conquistas", acusándome de que cualquier cosa a mí, como proponente de esta eliminación que tanto le ha gustado a la población. Espero que en su defensa no lleguen al extremo (por no decir al ridículo) de cerrar calles como hacen los de MODESCO en Colón o algunos estudiantes en la Transístimica.
En la parte seria de este asunto, creemos que la Vista de la Procuradora de la Administración apunta hacia el proceso de moralización que debemos vivir en Panamá y que inexorablemente debe empezar por la clase política panameña, acostumbrada, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, a llegar al poder para resolver sus problemas personales, relegando a un segundo plano los problemas de las grandes mayorías, que tanto juraron defender cuando aspiraban a algún cargo público. Esperamos que en la otra demanda de inconstituicionalidad que cursa en la Corte y sobre la cual tendrá que dar su opinión el Procurador General de la Nación, aquella que versa sobre las partidas circuitales, presentada por los abogados Ramiro y Silvio Guerra Morales, también se pida a la Corte se declare su inconstitucionalidad.
Ojalá que la Corte Suprema de Justicia también se haga eco de ese clamor, con la misma diligencia y rapidez de la Procuradora de la Administración. Van a ver Uds. que una vez que se comience a dar ese viraje hacia lo moral y lo ético, muchas cosas comenzarán a funcionar mejor y veremos que empiezan a cesar los abusos de quienes detentan el poder.
