¿Empresa privada?
En realidad la expresión "empresa privada" constituye una redundancia. La actividad empresaria no puede ser de otro modo que privada. La empresa estatal es una contradicción en términos. No se puede jugar al empresario ni a la competencia. O se opera con todos los rigores del mercado o se está instalado en la órbita política. Para competir hay que hacer simplemente eso: estar en competencia, lo cual implica renunciar al uso de los resortes políticos. Si algún distraído sostiene que puede competirse con las mal llamadas "empresas estatales", en verdad no sabe de qué está hablando puesto que esas "empresas" (más bien aparatos políticos) recurren a las herramientas que el campo político les brinda para bloquear la competencia. Y si se asegura que no se procederá en esta dirección ¿para qué mantenerlas en la esfera gubernamental, en lugar de enviarlas a competir realmente en el mercado?
La piratería es también privada. De lo que se trata es de poner el ojo en las actividades empresarias propiamente dichas en el contexto del respeto irrestricto por los derechos de todos. El aspecto crucial a que quiero aludir es a las características de flexibilidad y reflejos rápidos que operan en el ámbito de la empresa privada para adaptarse a las siempre cambiantes circunstancias por las que se atraviesa y para atender las también cambiantes demandas de los consumidores. Esto es así debido principalmente a los fuertes incentivos por las recompensas que se vislumbran cuando se satisfacen los requerimientos del público, lo cual incluye infinidad de adaptaciones.
A medida que las empresas privadas van siendo reguladas por las máquinas estatales, que aumenta la presión fiscal y, sobre todo, que las empresas piden favores, prebendas y privilegios al gobierno, se va produciendo una devastadora metamorfosis. Esto es, la avalancha del aparato de la fuerza va tiñendo, contagiando y absorbiendo al llamado sector privado que, naturalmente, va perdiendo la antedicha flexibilidad y reflejos que le son característicos y, paulatinamente, se va convirtiendo en una estructura anquilosada, rígida, anémica, con bajos incentivos y poca capacidad de reacción. Así, la empresa privada se va burocratizando.
Los mercados cautivos y los privilegios que obtienen estos pseudoempresarios exprimen malamente a sus semejantes, quienes por la vía fiscal deben sufragar las fiestas de estos señoritos embaucadores que en alianza con el poder político empobrecen a las comunidades donde operan. Y para disimular sus fechorías y, eventualmente, calmar sus conciencias, juegan a que hacen obras filantrópicas, igual que el oficial nazi de la SS que acaricia su perrito o el gángster que se fotografía besando un chico pobre.
*Vicepresidente - Investigador Senior de la Fundación Friedrich A. von Hayek de Argentina.
(c)www.aipenet.com
Insistió en que la idea original de la Ley 13 era eliminar el cobro de la matrícula en los planteles oficiales, pero se ha buscado la fórmula para obligar a los padres de familia a pagar rifas, tómbolas, laboratorios, informática y otros renglones que se constituyen en obstáculos para que los estudiantes puedan tener acceso a una educación gratuita como lo dispone la Constitución Nacional.
Queda pendiente para el período ordinario el proyecto de ley mediante el cual se crean y regulan las juntas regionales de educación, propuesta que será presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa la primera semana del mes de septiembre.
La ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, indicó que se volverá a convocar la mesa del Diálogo, a fin de evaluar la propuesta que fue presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa y que no fue aprobada.
El legislador Elías Castillo, presidente de la Comisión de Educación, expresó la disposición de los legisladores a discutir el proyecto de ley sobre la descentralización de las juntas regionales de educación, una vez se inicie el período de sesiones ordinarias, el próximo mes.
Destacó que la intención es discutir de inmediato el proyecto de ley tan pronto sea consultado, pero destacó que al igual que se hizo en esta ocasión, si los legisladores consideran que se deben introducir cambios para mejorar la propuesta original, así lo van a hacer.
Castillo manifestó que desde un principio se declaró que no se impediría la participación a ningún sector que se mostrara interesado en la discusión de los proyectos de ley y por eso se extendió un poco más de lo programado la discusión del proyecto de ley en primer debate.
La ministra de Educación dijo que uno de los puntos de mayor conflicto en el proyecto de las juntas regionales es la designación de los directores, que en su opinión deben ser elegidos por concurso, pero tomando en consideración algunos requisitos extraacadémicos como la honorabilidad del profesional.
Indicó que el hecho de que los directores regionales actuales hayan sido elegidos por consenso, se constituyó en un obstáculo para su trabajo, porque en muchas ocasiones había directores con los cuales se les dificultó trabajar por diversas circunstancias.
Mientras que el legislador Wilson dijo que el proyecto a discutir en septiembre lo único hará será crear nueva burocracia que costaría al Estado hasta B/.10 millones anuales en pago de planillas y se creará un "mini" Ministerio de Educación en cada región.
Habrá que esperar hasta el próximo mes y los nuevos encuentros entre los participantes del Diálogo Nacional por la Transformación de la Educación para conocer la nueva propuesta y los cambios que se introduzcan, a fin de lograr el consenso entre los actores de las conversaciones y los legisladores.
La piratería es también privada. De lo que se trata es de poner el ojo en las actividades empresarias propiamente dichas en el contexto del respeto irrestricto por los derechos de todos. El aspecto crucial a que quiero aludir es a las características de flexibilidad y reflejos rápidos que operan en el ámbito de la empresa privada para adaptarse a las siempre cambiantes circunstancias por las que se atraviesa y para atender las también cambiantes demandas de los consumidores. Esto es así debido principalmente a los fuertes incentivos por las recompensas que se vislumbran cuando se satisfacen los requerimientos del público, lo cual incluye infinidad de adaptaciones.
A medida que las empresas privadas van siendo reguladas por las máquinas estatales, que aumenta la presión fiscal y, sobre todo, que las empresas piden favores, prebendas y privilegios al gobierno, se va produciendo una devastadora metamorfosis. Esto es, la avalancha del aparato de la fuerza va tiñendo, contagiando y absorbiendo al llamado sector privado que, naturalmente, va perdiendo la antedicha flexibilidad y reflejos que le son característicos y, paulatinamente, se va convirtiendo en una estructura anquilosada, rígida, anémica, con bajos incentivos y poca capacidad de reacción. Así, la empresa privada se va burocratizando.
Los mercados cautivos y los privilegios que obtienen estos pseudoempresarios exprimen malamente a sus semejantes, quienes por la vía fiscal deben sufragar las fiestas de estos señoritos embaucadores que en alianza con el poder político empobrecen a las comunidades donde operan. Y para disimular sus fechorías y, eventualmente, calmar sus conciencias, juegan a que hacen obras filantrópicas, igual que el oficial nazi de la SS que acaricia su perrito o el gángster que se fotografía besando un chico pobre.
*Vicepresidente - Investigador Senior de la Fundación Friedrich A. von Hayek de Argentina.
(c)www.aipenet.com
Insistió en que la idea original de la Ley 13 era eliminar el cobro de la matrícula en los planteles oficiales, pero se ha buscado la fórmula para obligar a los padres de familia a pagar rifas, tómbolas, laboratorios, informática y otros renglones que se constituyen en obstáculos para que los estudiantes puedan tener acceso a una educación gratuita como lo dispone la Constitución Nacional.
Queda pendiente para el período ordinario el proyecto de ley mediante el cual se crean y regulan las juntas regionales de educación, propuesta que será presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa la primera semana del mes de septiembre.
La ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, indicó que se volverá a convocar la mesa del Diálogo, a fin de evaluar la propuesta que fue presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa y que no fue aprobada.
El legislador Elías Castillo, presidente de la Comisión de Educación, expresó la disposición de los legisladores a discutir el proyecto de ley sobre la descentralización de las juntas regionales de educación, una vez se inicie el período de sesiones ordinarias, el próximo mes.
Destacó que la intención es discutir de inmediato el proyecto de ley tan pronto sea consultado, pero destacó que al igual que se hizo en esta ocasión, si los legisladores consideran que se deben introducir cambios para mejorar la propuesta original, así lo van a hacer.
Castillo manifestó que desde un principio se declaró que no se impediría la participación a ningún sector que se mostrara interesado en la discusión de los proyectos de ley y por eso se extendió un poco más de lo programado la discusión del proyecto de ley en primer debate.
La ministra de Educación dijo que uno de los puntos de mayor conflicto en el proyecto de las juntas regionales es la designación de los directores, que en su opinión deben ser elegidos por concurso, pero tomando en consideración algunos requisitos extraacadémicos como la honorabilidad del profesional.
Indicó que el hecho de que los directores regionales actuales hayan sido elegidos por consenso, se constituyó en un obstáculo para su trabajo, porque en muchas ocasiones había directores con los cuales se les dificultó trabajar por diversas circunstancias.
Mientras que el legislador Wilson dijo que el proyecto a discutir en septiembre lo único hará será crear nueva burocracia que costaría al Estado hasta B/.10 millones anuales en pago de planillas y se creará un "mini" Ministerio de Educación en cada región.
Habrá que esperar hasta el próximo mes y los nuevos encuentros entre los participantes del Diálogo Nacional por la Transformación de la Educación para conocer la nueva propuesta y los cambios que se introduzcan, a fin de lograr el consenso entre los actores de las conversaciones y los legisladores.
