Emulemos a Nassau
La Superintendencia de Bancos ha hecho oportuna manifestación de que trabajará para que se excluya a Panamá de cuanta lista negra figure como una de las naciones cuya legislación facilita el lavado de dinero. Ahora hay que pasar a los hechos.
Se requiere de un equipo de expertos del sector privado y oficial que se aboquen de inmediato a la elaboración de fórmulas tendientes a lograr dicho objetivo. Antes hay que promover reuniones con los organismos multilaterales y de las naciones más importantes, con Estados Unidos a la cabeza, para identificar sus reparos y acordar las fórmulas viables para que nos saquen de las listas.
Simultáneamente, tenemos que contactar a otras naciones afectadas para cambiar opiniones y, de ser posible y conveniente, elaborar una estrategia coordinada con ellas. Sabemos, por ejemplo, que Costa Rica fue excluida de la lista de la Organización de Cooperación Económica (OCDE) y de la que preparara el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué hizo para lograrlo? Bueno, tenemos una embajada allá y otra en Washington.
La última lista es particularmente peligrosa por lo apremiante, puesto que en ella se adoptan medidas de retaliación inmediatas, como el haber girado órdenes a sus empresas financieras para vigilar con especial celo todas las transacciones comerciales que lleven a cabo con sus similares de países incluidos en la lista. Eso debe estar dilatando todo el intercambio de dinero y pagos.
Si obviamos los pasos previos, corremos el riesgo de trabajar en vano y quedar aislados. Tenemos pues que enviar gente a conversar con las potencias que formulan los cargos y con las demás naciones afectadas. Tampoco debemos desdeñar la especial relación que tradicionalmente hemos tenido con Estados Unidos. En lo internacional también los favores recíprocos cuentan.
Pero en cualquier caso, se requiere de una acción decidida y coordinada del gobierno nacional. No puede ser tarea de un solo organismo del estado. Y más que eso, debe integrar a sectores privados relacionados con los negocios que se afectan, grandes firmas de abogados, empresas financieras y de inversiones y bancos, especialmente.
Nassau lo viene haciendo con bastante efectividad, desde que se enteró de su inclusión en la lista. En la isla caribeña operan más de 400 bancos y compañías fiduciarias, 580 fondos mutuos y 60 empresas de seguros. Su primer ministro, Hubert Ingraham, ha dicho que tiene como primer objetivo sacar a su país del listado del Departamento del Tesoro, para lo cual ya está en plena faena.
Por el momento, se les está exigiendo vigilar las transacciones sospechosas originadas en Nassau. Ingraham ha dicho que es intolerable para la prosperidad del centro financiero de su país su inclusión en el infame listado. Y está interesado en cooperar, ajustar su legislación e intercambiar información. Esa es la ruta que corresponde a Panamá; salvaguardando sus intereses, exigiendo siempre reciprocidad y trato equitativo.
Se requiere de un equipo de expertos del sector privado y oficial que se aboquen de inmediato a la elaboración de fórmulas tendientes a lograr dicho objetivo. Antes hay que promover reuniones con los organismos multilaterales y de las naciones más importantes, con Estados Unidos a la cabeza, para identificar sus reparos y acordar las fórmulas viables para que nos saquen de las listas.
Simultáneamente, tenemos que contactar a otras naciones afectadas para cambiar opiniones y, de ser posible y conveniente, elaborar una estrategia coordinada con ellas. Sabemos, por ejemplo, que Costa Rica fue excluida de la lista de la Organización de Cooperación Económica (OCDE) y de la que preparara el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué hizo para lograrlo? Bueno, tenemos una embajada allá y otra en Washington.
La última lista es particularmente peligrosa por lo apremiante, puesto que en ella se adoptan medidas de retaliación inmediatas, como el haber girado órdenes a sus empresas financieras para vigilar con especial celo todas las transacciones comerciales que lleven a cabo con sus similares de países incluidos en la lista. Eso debe estar dilatando todo el intercambio de dinero y pagos.
Si obviamos los pasos previos, corremos el riesgo de trabajar en vano y quedar aislados. Tenemos pues que enviar gente a conversar con las potencias que formulan los cargos y con las demás naciones afectadas. Tampoco debemos desdeñar la especial relación que tradicionalmente hemos tenido con Estados Unidos. En lo internacional también los favores recíprocos cuentan.
Pero en cualquier caso, se requiere de una acción decidida y coordinada del gobierno nacional. No puede ser tarea de un solo organismo del estado. Y más que eso, debe integrar a sectores privados relacionados con los negocios que se afectan, grandes firmas de abogados, empresas financieras y de inversiones y bancos, especialmente.
Nassau lo viene haciendo con bastante efectividad, desde que se enteró de su inclusión en la lista. En la isla caribeña operan más de 400 bancos y compañías fiduciarias, 580 fondos mutuos y 60 empresas de seguros. Su primer ministro, Hubert Ingraham, ha dicho que tiene como primer objetivo sacar a su país del listado del Departamento del Tesoro, para lo cual ya está en plena faena.
Por el momento, se les está exigiendo vigilar las transacciones sospechosas originadas en Nassau. Ingraham ha dicho que es intolerable para la prosperidad del centro financiero de su país su inclusión en el infame listado. Y está interesado en cooperar, ajustar su legislación e intercambiar información. Esa es la ruta que corresponde a Panamá; salvaguardando sus intereses, exigiendo siempre reciprocidad y trato equitativo.
