¿En 15 días de sesiones?
En ejercicio de sus facultades constitucionales, el Organo Ejecutivo ha convocado sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa para considerar cinco proyectos de ley y la ratificación de seis nombramientos en entidades públicas. La convocatoria fue un tanto sorpresiva para la ciudadanía, sobre todo por los temas a tratar. Esa agenda, sin embargo, resulta bastante pesada para un período tan breve, como lo son 15 días calendarios, por lo cual el Ejecutivo reitera que está dispuesto a continuar utilizando su recién obtenida mayoría parlamentaria para lograr la aprobación de sus iniciativas legislativas.
Tres de los proyectos de leyes sometidos a la Asamblea tratan sobre la aviación civil nacional: uno la dicta y regula; el segundo crea la Autoridad Aeronáutica Civil; y el último establece el marco regulatorio para la administración y operación de aeropuertos y aeródromos en Panamá. El fin principal de la nueva legislación es recuperar la categoría uno a nivel internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Ese objetivo es razonable y hasta meritorio. Sin embargo, difícilmente se puede justificar tratar este complicado tema a la carrera como pretenden hacerlo, especialmente en vista de que hace ya un año que perdimos esa categoría y es muy poco lo que se perdería si se deja este tema para su consideración en marzo cuando inicien las sesiones ordinarias.
Los otros dos proyectos guardan relación con los tratados de libre comercio, uno bilateral con El Salvador y otro multilateral con Centroamérica. Ambos tratados fueron firmados en Panamá el 6 de marzo del año pasado y están pendientes de ratificación por la Asamblea. Aunque se trata de una formalidad constitucional, la Asamblea debe analizar a fondo las implicaciones de estos acuerdos para aprobarlos, lo cual requiere tiempo y mucha asesoría de personas entendidas en la materia. No hacerlo, sería irresponsable y representaría el abandono de sus responsabilidades constitucionales.
La ratificación de nombramientos guarda relación con las designaciones hechas para los cargos de Gerente General y Subgerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), de Director General y Subdirector General del Instituto Nacional de Cultura, de un miembro principal de la Caja del Seguro Social y de los miembros de la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Salvo los nombramientos en el IDAAN, que están pendientes de ratificación desde octubre, todos los demás tuvieron lugar a principios de enero de este año.
Habida cuenta de lo anterior, la convocatoria a sesiones extraordinarias parece injustificada y la agenda impuesta por el Ejecutivo resulta demasiado pesada para que la Asamblea realice el trabajo que la Constitución le encomienda. Pero las sesiones extraordinarias son una realidad, el gasto adicional se incurrirá y los legisladores deben justificarlo dándole apropiada consideración a estos proyectos de ley y aprobar (o improbar) los que el limitado tiempo permita. Obviamente, no podemos evitar vincular la convocatoria a los efectos que ella tiene en extender la inmunidad de que gozan los parlamentarios al período de discusión referido, en momentos en que el Ministerio Público se aprestaba a acelerar la investigación penal del caso CEMIS y los sobornos en el organismo aprovechando precisamente el breve receso parlamentario que ahora se verá interrumpido con dicha convocatoria.
Tres de los proyectos de leyes sometidos a la Asamblea tratan sobre la aviación civil nacional: uno la dicta y regula; el segundo crea la Autoridad Aeronáutica Civil; y el último establece el marco regulatorio para la administración y operación de aeropuertos y aeródromos en Panamá. El fin principal de la nueva legislación es recuperar la categoría uno a nivel internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Ese objetivo es razonable y hasta meritorio. Sin embargo, difícilmente se puede justificar tratar este complicado tema a la carrera como pretenden hacerlo, especialmente en vista de que hace ya un año que perdimos esa categoría y es muy poco lo que se perdería si se deja este tema para su consideración en marzo cuando inicien las sesiones ordinarias.
Los otros dos proyectos guardan relación con los tratados de libre comercio, uno bilateral con El Salvador y otro multilateral con Centroamérica. Ambos tratados fueron firmados en Panamá el 6 de marzo del año pasado y están pendientes de ratificación por la Asamblea. Aunque se trata de una formalidad constitucional, la Asamblea debe analizar a fondo las implicaciones de estos acuerdos para aprobarlos, lo cual requiere tiempo y mucha asesoría de personas entendidas en la materia. No hacerlo, sería irresponsable y representaría el abandono de sus responsabilidades constitucionales.
La ratificación de nombramientos guarda relación con las designaciones hechas para los cargos de Gerente General y Subgerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), de Director General y Subdirector General del Instituto Nacional de Cultura, de un miembro principal de la Caja del Seguro Social y de los miembros de la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Salvo los nombramientos en el IDAAN, que están pendientes de ratificación desde octubre, todos los demás tuvieron lugar a principios de enero de este año.
Habida cuenta de lo anterior, la convocatoria a sesiones extraordinarias parece injustificada y la agenda impuesta por el Ejecutivo resulta demasiado pesada para que la Asamblea realice el trabajo que la Constitución le encomienda. Pero las sesiones extraordinarias son una realidad, el gasto adicional se incurrirá y los legisladores deben justificarlo dándole apropiada consideración a estos proyectos de ley y aprobar (o improbar) los que el limitado tiempo permita. Obviamente, no podemos evitar vincular la convocatoria a los efectos que ella tiene en extender la inmunidad de que gozan los parlamentarios al período de discusión referido, en momentos en que el Ministerio Público se aprestaba a acelerar la investigación penal del caso CEMIS y los sobornos en el organismo aprovechando precisamente el breve receso parlamentario que ahora se verá interrumpido con dicha convocatoria.
