En 1999 el Canal será panameño
El 31 de diciembre de este año, el Canal será definitivamente de Panamá, en propiedad y administración. Quedará, sin embargo, sujeto a las condiciones del Tratado concerniente a la Neutralidad y al Funcionamiento del Canal de Panamá, a favor de los E.U.: consulta sobre peajes, derecho a paso expedito para sus barcos militares, protección y aún intervención en caso de peligro de interrupción de su funcionamiento o de violación de su neutralidad. Esta expectativa afecta las elecciones de mayo del 99, pues al Presidente escogido le competirá recibir el Canal e integrarlo al Estado panameño.
Desde la firma de dichos Tratado habrán pasado dos décadas. Pero hasta 1990 en casi nada se preparó la transferencia. El país estuvo absorto en su lucha democratizadora contra la dictadura de Torrijos y Noriega. Los militares panameños se preocuparon en beneficiarse de los bienes revertidos: las instalaciones para satisfacer sus ilusiones castrenses y las residencias para ellos o sus allegados, pero nada en función del país y su desarrollo socioeconómico.
El primer Gobierno democrático a partir de 1989 tuvo el crédito histórico de haber iniciado la preparación institucional para recibir el Canal. Creó la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) para ocuparse de los bienes revertidos e inició la reforma constitucional para crear la Autoridad del Canal, que ha de administrar el Canal como "patrimonio inalienable de la Nación panameña" (art.309 de la Constitución). Lo hizo con un enfoque nacional, a través de comisiones presidenciales de composición pluralista y multipartidista, donde la oposición estuvo representada.
El Gobierno de Pérez Balladares, desde 1994, prosiguió esta labor, pero comprometió parcialmente su enfoque nacional. Por ejemplo, modificó la Ley de la ARI para controlar a su Junta Directiva y nombrar a un Administrador afín. Sustituyó a todos los panameños en la Junta Directiva de la Comisión norteamericana del Canal, asegurándose que la mayoría de los sustitutos le fueran adictos. Es verdad que completó la creación de la Autoridad del Canal, aprobó su Ley Orgánica y propuso un Administrador General, con enfoque nacional. Pero al nombrar la primera Junta Directiva de la nueva institución escogió de manera a controlar políticamente su mayoría, y designó como Ministro del Canal y Presidente de dicha Junta a una figura sectaria, Ex - Ministro de Relaciones Exteriores de fines de la dictadura bajo Noriega.
Lo más importante en la futura administración panameña del Canal es saber si predominará el enfoque nacional o seguirá el sectarismo partidista. El hecho de que no se haya reformado la Constitución para permitirle a Pérez Balladares reelegirse, da la oportunidad de que el nuevo Presidente retome el primer rumbo para bien del país.
A medida que se acerca el cambio, las condiciones laborales de la transición suscitan agitación sindical e inusitadas protestas por parte de los empleados canaleros. El Presidente cometió la imprudencia de cuestionar su patriotismo. A raíz de estas controversias, ha salido a relucir, según un estudio reciente de personal, que la administración norteamericana no ha sido tan eficiente como se pensaba. El estudio señalaría un exceso de personal en la Comisión del Canal y habría, por ello, que intentar recortes paulatinos, sin desmoralizar a su fuerza laboral, en más del 90% panameña, para mantener así la competitividad de la vía.
Por recomendación de los panameños de la Junta Directiva de la actual Comisión, se realizó una revisión del sistema del Canal. Y se ha emprendido desde ya un proceso de modernización, que representa trabajos por $1 billón e incluye la ampliación del Corte Culebra. Cuando se hayan completado en el año 2002, aumentarán la capacidad del canal en 20%, permitiendo un tráfico continuo en ambas direcciones. Por otra parte, se ha consolidado la situación financiera del Canal con dos aumentos de peaje, uno de 8.2% en enero de 1997 y otro de 7.5% en enero de 1998.
En un futuro cercano Panamá tendrá que adoptar una estrategia financiera para la construcción del tercer juego de esclusas, calculado en aproximadamente $7 billones, pues en 20 años el 50% de los barcos de carga serán post-PANAMAX, según Informe del Consejo del Atlántico. Ello planteará problemas de disponibilidad de agua, puesto que cada uno de los 12,500 barcos que atraviesan hoy por hoy el Canal emplea aproximadamente 52 millones de galones de agua dulce.
Es evidente de que la conservación de la cuenca hidrográfica del Canal es apremiante. Controlar la población que se infiltra, evitar la deforestación correspondiente, realizar la necesaria reforestación y prevenir así la erosión y la sedimentación, son tareas que el Gobierno de Panamá reconoce como indispensables. Pero no las cumple a cabalidad.
En cuanto al entorno del Canal, fracasó el intento por permitirle a los EU acceso militar a algunas de las bases que actualmente ocupa, expresamente o por vía de un Centro Multilateral Antidrogas. Sectores norteamericanos insistirían en que el Gobierno de E.U. intente, después de las elecciones de mayo de 1999, negociar algún acceso o incluso el mantenimiento de ciertas instalaciones de uso militar. Ello podría introducir tensiones de último momento que perturben la transición. Por otra parte, la protección física del Canal, actualmente a cargo de la División de Seguridad, necesitará del apoyo de unidades especializadas de la policía civil del país y habría que capacitar a más unidades para este propósito.
El aprovechamiento de las áreas y bienes por revertir (más de 24,000 hectáreas y centenares de instalaciones, incluyendo la Base Aérea de Howard) incumbirá a la ARI. Salvaguardando lo que requiere la operación del Canal, se prevé un desarrollo en cuatro sectores: el comercial y de servicios marítimos, el de industria ligera, el de turismo (comenzando por la atención a los 250,000 pasajeros que atraviesan el Canal anualmente) y el de la actividad educativa y de investigación en la llamada Ciudad del Saber. Este aprovechamiento progresa más bien lentamente. Panamá deberá acelerarlo y mientras tanto asumir costos de mantenimiento significativos. Se ha planteado una discrepancia entre Panamá y E.U. sobre la limpieza de las áreas usadas por E.U. que habrían quedado contaminadas con municiones sin explotar y materiales químicos peligrosos. Es urgente resolver esta discrepancia positivamente.
La presunta privatización del Canal ha surgido en la opinión pública, en razón de que la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal permite "delegar" determinados servicios, aunque no la operación y administración del Canal como tal. A ello ha contribuido también el Ing. Rafael Mezquita, dirigente del PRD, alto funcionario encargado de la privatización del IDAAN y asesor del candidato presidencial del PRD, quien propuso en un artículo publicado en El Panamá América, el 27 de junio de 1996, "entregar su administración, no su propiedad, a un ente corporativo privado", argumentando "la necesidad de mantener una cultura dominante, responsable de la administración de la vía acuática". Por lo hiriente que es el argumento a la conciencia nacional, se comprende la preocupación de la mayoría de los panameños, a pesar de la retórica tranquilizante del Canciller y Presidente de la Junta de la Autoridad del Canal.
Los preparativos para la transferencia del Canal han de intensificarse extraordinariamente durante este último año, sobre todo una vez que se conozca quien haya ganado la Presidencia el 2 de mayo. Para el año 2003, cuando celebraremos el centenario de nuestra Independencia, debemos haber consumado la transición con la mayor sensatez posible, de modo que podamos aprovechar las oportunidades de prosperidad y de paz que el Canal nos ofrece y prevenir los riesgos de frustración y conflicto. Mucho dependerá de la capacidad de un próximo Presidente que comprenda la complejidad de sus responsabilidades con respecto al Canal y la transcendencia, tanto para Panamá como para la comunidad internacional, de su liderazgo en ejercerlas exitosamente. Necesitamos, por ello, elegir al candidato más capacitado.
Desde la firma de dichos Tratado habrán pasado dos décadas. Pero hasta 1990 en casi nada se preparó la transferencia. El país estuvo absorto en su lucha democratizadora contra la dictadura de Torrijos y Noriega. Los militares panameños se preocuparon en beneficiarse de los bienes revertidos: las instalaciones para satisfacer sus ilusiones castrenses y las residencias para ellos o sus allegados, pero nada en función del país y su desarrollo socioeconómico.
El primer Gobierno democrático a partir de 1989 tuvo el crédito histórico de haber iniciado la preparación institucional para recibir el Canal. Creó la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) para ocuparse de los bienes revertidos e inició la reforma constitucional para crear la Autoridad del Canal, que ha de administrar el Canal como "patrimonio inalienable de la Nación panameña" (art.309 de la Constitución). Lo hizo con un enfoque nacional, a través de comisiones presidenciales de composición pluralista y multipartidista, donde la oposición estuvo representada.
El Gobierno de Pérez Balladares, desde 1994, prosiguió esta labor, pero comprometió parcialmente su enfoque nacional. Por ejemplo, modificó la Ley de la ARI para controlar a su Junta Directiva y nombrar a un Administrador afín. Sustituyó a todos los panameños en la Junta Directiva de la Comisión norteamericana del Canal, asegurándose que la mayoría de los sustitutos le fueran adictos. Es verdad que completó la creación de la Autoridad del Canal, aprobó su Ley Orgánica y propuso un Administrador General, con enfoque nacional. Pero al nombrar la primera Junta Directiva de la nueva institución escogió de manera a controlar políticamente su mayoría, y designó como Ministro del Canal y Presidente de dicha Junta a una figura sectaria, Ex - Ministro de Relaciones Exteriores de fines de la dictadura bajo Noriega.
Lo más importante en la futura administración panameña del Canal es saber si predominará el enfoque nacional o seguirá el sectarismo partidista. El hecho de que no se haya reformado la Constitución para permitirle a Pérez Balladares reelegirse, da la oportunidad de que el nuevo Presidente retome el primer rumbo para bien del país.
A medida que se acerca el cambio, las condiciones laborales de la transición suscitan agitación sindical e inusitadas protestas por parte de los empleados canaleros. El Presidente cometió la imprudencia de cuestionar su patriotismo. A raíz de estas controversias, ha salido a relucir, según un estudio reciente de personal, que la administración norteamericana no ha sido tan eficiente como se pensaba. El estudio señalaría un exceso de personal en la Comisión del Canal y habría, por ello, que intentar recortes paulatinos, sin desmoralizar a su fuerza laboral, en más del 90% panameña, para mantener así la competitividad de la vía.
Por recomendación de los panameños de la Junta Directiva de la actual Comisión, se realizó una revisión del sistema del Canal. Y se ha emprendido desde ya un proceso de modernización, que representa trabajos por $1 billón e incluye la ampliación del Corte Culebra. Cuando se hayan completado en el año 2002, aumentarán la capacidad del canal en 20%, permitiendo un tráfico continuo en ambas direcciones. Por otra parte, se ha consolidado la situación financiera del Canal con dos aumentos de peaje, uno de 8.2% en enero de 1997 y otro de 7.5% en enero de 1998.
En un futuro cercano Panamá tendrá que adoptar una estrategia financiera para la construcción del tercer juego de esclusas, calculado en aproximadamente $7 billones, pues en 20 años el 50% de los barcos de carga serán post-PANAMAX, según Informe del Consejo del Atlántico. Ello planteará problemas de disponibilidad de agua, puesto que cada uno de los 12,500 barcos que atraviesan hoy por hoy el Canal emplea aproximadamente 52 millones de galones de agua dulce.
Es evidente de que la conservación de la cuenca hidrográfica del Canal es apremiante. Controlar la población que se infiltra, evitar la deforestación correspondiente, realizar la necesaria reforestación y prevenir así la erosión y la sedimentación, son tareas que el Gobierno de Panamá reconoce como indispensables. Pero no las cumple a cabalidad.
En cuanto al entorno del Canal, fracasó el intento por permitirle a los EU acceso militar a algunas de las bases que actualmente ocupa, expresamente o por vía de un Centro Multilateral Antidrogas. Sectores norteamericanos insistirían en que el Gobierno de E.U. intente, después de las elecciones de mayo de 1999, negociar algún acceso o incluso el mantenimiento de ciertas instalaciones de uso militar. Ello podría introducir tensiones de último momento que perturben la transición. Por otra parte, la protección física del Canal, actualmente a cargo de la División de Seguridad, necesitará del apoyo de unidades especializadas de la policía civil del país y habría que capacitar a más unidades para este propósito.
El aprovechamiento de las áreas y bienes por revertir (más de 24,000 hectáreas y centenares de instalaciones, incluyendo la Base Aérea de Howard) incumbirá a la ARI. Salvaguardando lo que requiere la operación del Canal, se prevé un desarrollo en cuatro sectores: el comercial y de servicios marítimos, el de industria ligera, el de turismo (comenzando por la atención a los 250,000 pasajeros que atraviesan el Canal anualmente) y el de la actividad educativa y de investigación en la llamada Ciudad del Saber. Este aprovechamiento progresa más bien lentamente. Panamá deberá acelerarlo y mientras tanto asumir costos de mantenimiento significativos. Se ha planteado una discrepancia entre Panamá y E.U. sobre la limpieza de las áreas usadas por E.U. que habrían quedado contaminadas con municiones sin explotar y materiales químicos peligrosos. Es urgente resolver esta discrepancia positivamente.
La presunta privatización del Canal ha surgido en la opinión pública, en razón de que la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal permite "delegar" determinados servicios, aunque no la operación y administración del Canal como tal. A ello ha contribuido también el Ing. Rafael Mezquita, dirigente del PRD, alto funcionario encargado de la privatización del IDAAN y asesor del candidato presidencial del PRD, quien propuso en un artículo publicado en El Panamá América, el 27 de junio de 1996, "entregar su administración, no su propiedad, a un ente corporativo privado", argumentando "la necesidad de mantener una cultura dominante, responsable de la administración de la vía acuática". Por lo hiriente que es el argumento a la conciencia nacional, se comprende la preocupación de la mayoría de los panameños, a pesar de la retórica tranquilizante del Canciller y Presidente de la Junta de la Autoridad del Canal.
Los preparativos para la transferencia del Canal han de intensificarse extraordinariamente durante este último año, sobre todo una vez que se conozca quien haya ganado la Presidencia el 2 de mayo. Para el año 2003, cuando celebraremos el centenario de nuestra Independencia, debemos haber consumado la transición con la mayor sensatez posible, de modo que podamos aprovechar las oportunidades de prosperidad y de paz que el Canal nos ofrece y prevenir los riesgos de frustración y conflicto. Mucho dependerá de la capacidad de un próximo Presidente que comprenda la complejidad de sus responsabilidades con respecto al Canal y la transcendencia, tanto para Panamá como para la comunidad internacional, de su liderazgo en ejercerlas exitosamente. Necesitamos, por ello, elegir al candidato más capacitado.
