En busca de la excelencia
Más allá de ciertas visiones estereotipadas que ven a las oficinas públicas como un abigarrado conjunto de burocracias lentas e incompetentes a las que habría de hacer desaparecer casi en su totalidad, la realidad indica que, además de hacernos a menudo la vida difícil, la administración pública tiene a su cargo muchas tareas esenciales e indelegables. De lo que se trata, entonces, es de que funcionen de manera adecuada y que no usen para ello ni un recurso más del necesario para el cumplimiento efectivo de su misión.
La pregunta clave, sin embargo, es cómo hacer para que las reformas de modernización del Estado no terminen como meros justificativos de los clásicos recortes presupuestarios, que no discriminan la importancia de algunas instancias necesarias para mantener "andando" al país y su economía. La década pasada es un claro ejemplo de este tipo de ajustes. Porque si bien es cierto el recorte sustantivo de funciones estatales que se dio por la vía de las privatizaciones, la llamada "reforma de la segunda generación", que supone asegurar la calidad del sector público, sólo quedó en los papeles.
La idea de mejorar la eficiencia y la productividad dentro del área gubernamental debe apuntar a crear un sistema de premios y castigos para inducir a las distintas oficinas a ahorrar y trabajar mejor. Las que cumplan las metas serán recompensadas, incluso salarialmente, y sancionadas con una menor asignación presupuestaria las que no alcancen sus objetivos.
Para desprenderse de las empresas públicas hizo falta decisión política, y una vez tomada, la responsabilidad de la gestión se derivó al sector privado. Pero para mejorar el rendimiento de la administración pública, en cambio, será preciso tener la voluntad política de sostener en el tiempo el cúmulo de tareas necesarias para lograrlo y, sobre todo, partir de una definición clara de las prioridades que tiene el Estado según el modelo de país que se ha adoptado. Sólo así se evitará que primen los criterios contables para reducir gastos, o la capacidad de presión política de los funcionarios y organismos para sostener sus potestades y recursos, con independencia de su relevancia funcional. Además, como todo proceso complejo, cambiar el Estado implica involucrar en ello a todos los protagonistas, desde los funcionarios y agentes públicos hasta los propios ciudadanos.
La pregunta clave, sin embargo, es cómo hacer para que las reformas de modernización del Estado no terminen como meros justificativos de los clásicos recortes presupuestarios, que no discriminan la importancia de algunas instancias necesarias para mantener "andando" al país y su economía. La década pasada es un claro ejemplo de este tipo de ajustes. Porque si bien es cierto el recorte sustantivo de funciones estatales que se dio por la vía de las privatizaciones, la llamada "reforma de la segunda generación", que supone asegurar la calidad del sector público, sólo quedó en los papeles.
La idea de mejorar la eficiencia y la productividad dentro del área gubernamental debe apuntar a crear un sistema de premios y castigos para inducir a las distintas oficinas a ahorrar y trabajar mejor. Las que cumplan las metas serán recompensadas, incluso salarialmente, y sancionadas con una menor asignación presupuestaria las que no alcancen sus objetivos.
Para desprenderse de las empresas públicas hizo falta decisión política, y una vez tomada, la responsabilidad de la gestión se derivó al sector privado. Pero para mejorar el rendimiento de la administración pública, en cambio, será preciso tener la voluntad política de sostener en el tiempo el cúmulo de tareas necesarias para lograrlo y, sobre todo, partir de una definición clara de las prioridades que tiene el Estado según el modelo de país que se ha adoptado. Sólo así se evitará que primen los criterios contables para reducir gastos, o la capacidad de presión política de los funcionarios y organismos para sostener sus potestades y recursos, con independencia de su relevancia funcional. Además, como todo proceso complejo, cambiar el Estado implica involucrar en ello a todos los protagonistas, desde los funcionarios y agentes públicos hasta los propios ciudadanos.
